Por no encontrar pruebas de peso contra el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Fiscalía General de la Nación archivó una investigación por el posible traslado irregular de miembros del Pacto Histórico en las avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS.
Dicha compañía es propiedad de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, señalado por vínculos con el narcotráfico. Los hechos se habrían dado cuando Jaramillo era gerente de la campaña al Congreso por ese partido, por lo que el ente investigador buscaba determinar posibles aportes irregulares en la campaña.
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El origen de la investigación se centró en una denuncia del congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, sobre la presunta financiación irregular de los vuelos. “No se habrían reportado a las autoridades electorales estos aportes en especie para dicha campaña al Senado”, apuntó el congresista.
La Fiscalía abrió la investigación, pero después de examinar documentos y cruzar los datos de registros oficiales, se concluyó que no hubo material probatorio suficiente y de peso para continuar con el caso. Además, no se encontraron vínculos directos que vincularan al hoy ministro Jaramillo.
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“Tras examinar el acta de reunión del 6 de diciembre de 2021, se evidenció que el aforado en cuestión fue designado únicamente para las gestiones relacionadas con el Senado, no para todos los candidatos al Congreso. Analizando los ingresos y gastos de los 71 aspirantes al Senado de esa colectividad, se evidenció que 20 candidatos consignaron en anexos y reportaron ante la autoridad electoral los servicios de transporte aéreo proporcionados por la Sociedad Aérea de Ibagué SAS”, detalló la Fiscalía para este caso.
Sobre el contrato con esa empresa, se resaltó que “la Sociedad Aérea de Ibagué SAS indicó que se celebró un contrato de fletamento de aeronave con la Coalición Pacto Histórico, en el que se concedió un crédito por los servicios prestados, sujeto al reembolso de gastos de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. Negocio jurídico entre Hernando Robles Alvira, representante legal de SADI, y Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de campaña”.
Tras conocerse el archivo de la investigación, el congresista Cadavid señaló que solicitará la reapertura del proceso contra Jaramillo, e incluso pidió una investigación contra la fiscal que lleva el caso. “La fiscal que acusó a Uribe es la misma que absolvió a Guillermo Alfonso Jaramillo por presuntos malos manejos como Gerente de la campaña del Pacto Histórico”, cuestionó Cadavid.
El reciente hallazgo de la Corte Suprema en el caso
Esta decisión de la Fiscalía es diferente a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que se abstuvo de iniciar una investigación formal contra 20 congresistas del Pacto Histórico por, supuestamente, haber cometido los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
En contexto: Corte Suprema encontró que gastos de vuelos de congresistas habrían sido realmente de Petro
Los hechos a los que les seguía la pista el alto tribunal se dieron en medio de la campaña al Congreso en 2022, tiempo en el que, al parecer, se habría creado un “reporte de un gasto de transporte aéreo inexistente para la campaña”.
La Sala encontró que no había razón real ni pistas que indicaran que los legisladores tuvieron conocimiento de los hechos, pero sí se encontró que esas presuntas ilegalidades tendrían relación directa con otra campaña: la de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.
Varios de los soportes de los vuelos aparecen como servicios a Gustavo Petro, más no de los candidatos al Senado por la colectividad. Sin embargo, lo que se le reportó al CNE era que esos gastos de aviones eran de los aspirantes al Congreso y no del candidato presidencial.
Según conoció este diario, como el alto tribunal no puede investigar a Roa, Jaramillo, ni a Petro, la Sala de Instrucción contempla la posibilidad de compulsar copias de sus averiguaciones a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Que los documentos entregados al CNE sobre las campañas estuvieran aparentemente alterados, se dice en el alto tribunal, daría paso a una investigación por presunta falsedad en documentos y fraude.
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