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15 Mar 2022 - 2:47 p. m.

Fiscalía cierra caso contra Ordóñez por decirle “Teodora” a Piedad Córdoba

En 2016, el exprocurador Ordóñez afirmó ante la opinión pública que la exsenadora respondería al alias de Teodora en las Farc, una teoría que ha sostenido desde 2010 cuando la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos. Córdoba lo denunció, pero la Fiscalía acaba de cerrar el caso.
El expediente judicial en contra del exjefe del Ministerio Público obedece a los señalamientos que hizo en contra de la exsenadora sobre los supuestos nexos con las extintas Farc.
El expediente judicial en contra del exjefe del Ministerio Público obedece a los señalamientos que hizo en contra de la exsenadora sobre los supuestos nexos con las extintas Farc.
Foto: Archivo

Luego de seis años, la Fiscalía archivó la denuncia por calumnia que interpuso la exsenadora Piedad Córdoba contra el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien la llamó públicamente en varias oportunidades como Teodora por su supuesta relación con la exguerrilla de las Farc en el año 2008. La Fiscalía cerró una indagación que cursaba desde 2016, pues el delito de calumnia invocado por Córdoba, antigua negociadora con las Farc, fue considerado atípico y el avance penal sobre ello no tendría futuro.

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El exprocurador Ordóñez ha sostenido con insistencia que Córdoba, desde la decada del 2.000, sería conocida con el alias de Teodora. Entonces, la exsenadora del partido Liberal negociaba acuerdos humanitarios con las extintas Farc, entre ellos la entrega de secuestrados. Tal era el convencimiento del antiguo jefe del Ministerio Público, que en 2010 la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. La sanción duró seis años, hasta que en octubre de 2016 el Consejo de Estado le devolvió la vida política a Córdoba.

En 2016, dada la determinación del Consejo, en medios de comunicación el exprocurador general Ordóñez insistió en que Córdoba sería definitivamente, a pesar del fallo judicial que sigue en firme, alias Tedora Bolívar y una de las principales aliadas de las Farc en la política nacional. La misma excongresista, quien lleva más de una década sosteniendo su inocencia, lo denunció ante la Fiscalía por el delito de calumnia. Luego de seis años, el único avance conocido era una indagación, la cual quedó archivada este 15 de marzo, como lo confirmó el mismo Ordóñez

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“El comportamiento del doctor Alejandro Ordóñez resulta objetivamente atípico pues, como viene de verse, su declaración en los diferentes medios (digital y radial) es el resultado de su posición jurídica frente a los hechos y evidencia que motivaron la sanción disciplinaria (de su administración), respecto de a decisión adoptada por el Consejo de Estado”, explicó la Fiscalía.

Para 2016, Córdoba dijo estar “cansada” de la actitud de Alejandro Ordóñez, quien, según denunció la exsenadora, en “uso arbitrario de sus funciones se dedicó a una persecución acérrima en contra de ella por ser mujer, afrodescendiente, progresista y por defender las minorías sexuales y políticas”. La declaración la entregó una vez salió de la Fiscalía, tras una fallida negociación con el exjefe del Ministerio.

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Mientras tanto, de otro lado, el exprocurador decía a los medios de comunicación que tenía certeza de la cercanía entre la exsenadora y los miembros de la antigua guerrilla. “Independientemente de las consideraciones formales del Consejo de Estado, la Procuraduría tiene la convicción de que Piedad Córdoba tiene relaciones con las Farc. La Procuraduría tiene la certeza de que la señora Piedad Córdoba es la misma Teodora Bolívar”, dijo el exprocurador en una entrevista rendida en RCN Radio.

Años antes, había salido a la luz el escándalo de Piedad Córdoba y los computadores del exjefe guerrillero de las Farc, alias Raúl Reyes, quien murió en bombardeo en Ecuador. En los computadores hallados en su campamento, al parecer, Córdoba era nombrada como alias Teodora y supuestamente mantenía comunicación directa con quien entonces se escondía tras la frontera. Sin embargo, esa investigación quedó congelada porque, como lo determinó la Corte Suprema de Justicia, esas pruebas debían ser aportadas por las autoridades ecuatorianas y no las colombianas.

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En 2011, la Corte Suprema de Justicia encontró que sobre los dispositivos de Reyes no se había mantenido la cadena de custodia y, por esa razón, todo el material que de allí proviniera fue invalidado como prueba para procesos investigativos. Preservar la cadena de custodia es un requisito clave, pues con ello se garantiza que nadie las haya manipulado el material, pueda hacerlo en el futuro y que las mismas pruebas se hayan recogido cumpliendo los estándares nacionales e internacionales. Aunque en el computador de Raúl Reyes había, al parecer, correos con Córdoba, nada de lo que contenía ese dispositivo se puede usar en materia penal en Colombia. Los detractores de la política siguen, no obstante, utilizando ese escándalo en su contra.

En diciembre pasado, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema había decidido no cerrar la investigación que la Fiscalía llevaba contra el exprocurador Ordóñez. El magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente de esa decisión, señaló que Ordóñez no logró poner en evidencia la colaboración por parte de la exsenadora con las extintas Farc. Debía, en su concepto, documentar tiempo, modo y lugar en los cuales la excongresista se habría articulado con los criminales. “De esa forma, emerge evidente que el indiciado no atribuyó de manera precisa, concreta, circunstanciada, inequívoca y categórica algún comportamiento típico de Piedad Córdoba”, se lee.

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“Tan no son categóricas, pero sobre todo precisas e inequívocas las afirmaciones del doctor Ordóñez contra la doctora Córdoba, que lo que de su contenido objetivamente emana es que están dirigidas a cuestionar los fundamentos de la decisión del Consejo de Estado que anuló la decisión por medio de las cuales la sancionó disciplinariamente, de ahí que haya sido insistente en tachar dicha providencia de meramente formal y de sustraerse a la valoración de medios de prueba que, a su juicio, sí fueron apreciados en la decisión sancionatoria”, se lee en la providencia de la Corte Suprema. Sin embargo, la Fiscalía, dueña de la acción penal, consideró que el caso va para el archivo.

Por otro lado, a la fecha, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema mantiene vigente su propia investigación contra Córdoba, por supuestos nexos con las Farc. Recientemente, se conoció el testimonio de Andrés Vásquez, quien fuera su asesor para la década del 2.000. En la declaración, detalló la supuesta cercanía e influencia que tenía la excongresista en las filas de la insurgencia, lo cual revivió el viejo fantasma de lo que se llamó farcpolítica. También la señaló como alias Teodora. La Corte mantiene la hipótesis de que la excongresista utilizaría los acuerdos humanitarios para liberar secuestrados con el apoyo del gobierno de Hugo Chávez y con la finalidad de crecer políticamente.

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