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18 Aug 2022 - 9:37 p. m.

Fiscalía citó a director del Dapre Mauricio Lizcano, para ampliar denuncia sobre Ocad

El anuncio lo hizo el fiscal general Francisco Barbosa en medio del XII Conversatorio Nacionales de la Especialidad Civil y de Familia que adelantó la Corte Suprema de Justicia. Desde el búnker se creó un grupo especial para verificar los actos de corrupción que han denunciado con los recursos de la paz.
Fiscalía citó a director del Dapre Mauricio Lizcano, para ampliar denuncia sobre Ocad
Fiscalía citó a director del Dapre Mauricio Lizcano, para ampliar denuncia sobre Ocad

Durante este viernes, un fiscal especializado contra la corrupción escuchará la ampliación de la denuncia del director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Mauricio Lizcano, quien ha entregado información sobre la posible desviación de recursos destinados para los proyectos de Paz. La cita, según el fiscal general Francisco Barbosa, será mañana en el búnker de la Fiscalía.

“Hemos citado el día de mañana al director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano para que asista a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que amplie las denuncias que realizó la semana pasada, y que precise, contratos, fechas, circunstancias de tiempo, modo y lugar de actos de corrupción que se han denunciado públicamente”, reseñó el jefe del búnker.

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Barbosa, además, reveló la creación de un grupo de tareas especiales para no solo dar con el paradero de los recursos desviados, sino con los posibles responsables de estos hechos de corrupción. “Hemos tomado decisiones importantes en los últimos días como crear el grupo de tareas especiales para la investigación de casos relacionados con la ejecución de los recursos del OCAD-Paz que se había denunciado bajo la tutela de la dirección especial contra la corrupción”, dijo el fiscal.

El OCAD-Paz que, ha estado en entredicho durante los últimos meses, es un órgano que, desde 2018 y hasta 2022, aprueba millonarios proyectos para los 170 municipios PDET, los cuales históricamente han sido golpeados por la pobreza, la violencia y las dinámicas de cultivos ilícitos. La creación de un grupo especial en la Fiscalía para dar con el paradero de los responsables de la desviación de los dineros no es algo menor, pues se habla de un escándalo de corrupción de proporciones mayúsculas.

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Alcaldes de esos municipios han denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría que se necesitaba de un “padrino” o un congresista para que el OCAD-Paz aprobara proyectos para sus regiones. Los municipios que materializaron acuerdos con ese dinero, que viene de las regalías, también debían contar con el visto bueno de instituciones como la Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio correspondiente y la Agencia de Renovación del Territorio.

Una investigación de Blu Radio establece que entre los involucrados estaría Luis Alberto Rodríguez, quien dirigió la DNP y en cuya administración se realizaba la secretaría técnica a los proyectos propuestos por los alcaldes. “Si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo de alto gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dádivas o algún recurso, porcentaje de un 10% o 15% para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado (por el OCAD Paz). Y luego, ahí llevarlo eso al municipio y para que el municipio haga gestión del mismo”, señaló al medio radial una fuente anónima.

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Incluso, el mismo Emilio Archila, exconsejero presidencial, aseguró, de acuerdo a las denuncias que conoció, que los proyectos presentados al DNP debían tener la bendición de un tercero. “Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, explicó. El exfuncionario agregó que ese “peaje”, se habría presentado antes de que lo pudiera notar y en etapas anteriores a la intervención de la Consejería para el Posconflicto.

Por estos hechos, en julio pasado, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra los congresistas Wadith Manzur, Yamil Aran y Alfredo Ape Cuello, quienes han sido señalados como intermediarios para dar luz verde a proyectos financiados con la plata del OCAD-Paz.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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