En la tarde de este martes 31 de marzo, la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre la reciente decisión de suspender las órdenes de captura en contra de 23 jefes de bandas criminales de Medellín que están negociando la paz con el Gobierno Nacional. El ente investigador detalló que su resolución “no implica ni contempla la concesión de la libertad” de estas personas.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía señaló que la decisión de suspender las órdenes de captura de quienes han sido reconocidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá se tomó en respuesta a una solicitud del mismo gobierno.
La petición llegó al búnker el pasado 24 de febrero, remitida directamente desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, desde cuyo despacho son coordinadas todas estas negociaciones con estructuras al margen de la ley. Agregaron además que la decisión está respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015.
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En ese sentido, detalló la Fiscalía, los 23 jefes de bandas criminales cobijados por esta decisión que estén privados de la libertad permanecerán en los centros carcelarios en los cuales estén pagando “condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”, sino de un juez de la República.
Detalla además que la vigencia de la medida será solo por seis meses y “buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno Nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan”. También agrega que no están amparados para casos de delitos cometidos en flagrancia.
“La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia”, señaló la Fiscalía.
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La decisión se conoció en la mañana de este martes y justo en medio de la discusión que generó la postura de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre otros casos similares como el de integrantes de las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”. En una entrevista reciente con El Espectador, la jefa del búnker dijo que su caso “es demasiado grave como para seguir en una mesa de conversación”.
En el escenario puntual de la decisión sobre la mesa urbana de Medellín y del Valle de Aburrá, están cobijados conocidos jefes de estructuras ilegales como Albert Antonio Henao Acevedo, alias “Alber”; Andrés D’maría Oliveros Correa, “Mundo Malo”; Freyner Alfonso Ramírez García o “Carlos Pesebre”; José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, y Sebastián Murillo Echeverri o “Lindolfo”.
La senadora Isabel Cristina Zuleta, delegada del gobierno en ese proceso de negociación, dijo que la noticia de esta decisión obedece a “filtraciones con fines de atacar un proceso de paz”. Incluso, cuando este diario se puso en contacto con ella para consultarla sobre la orden de la Fiscalía, se reservó cualquier pronunciamiento, argumentando que esa información no se conoció por la vía oficial, sino por filtraciones del ente investigador.
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También los mandatarios regionales, opositores del Gobierno Nacional, le salieron al paso a esa decisión. “Favores se pagan con favores. En plena época electoral, suspenden órdenes de captura a criminales de bandas en Medellín, su Área Metropolita y Rionegro”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Agregó: “No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo, reclutan jóvenes y desplazan familias. Con margen de movilidad, el riesgo es claro: reacomodo criminal. Esto golpea a las víctimas y desconoce el sacrificio de nuestra fuerza pública, de jueces y fiscales que se han jugado la vida para capturarlos”.
A él se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien además hizo referencia al evento del 21 de junio de 2025, cuando el presidente Petro y miembros de su gabinete salieron en plaza pública en la capital de Antioquia y llevaron allí a algunos de los jefes de las bandas criminales con las que el Gobierno Nacional ha buscado negociar en una mesa de paz urbana.
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“Primero fue el ‘Tarimazo’ y luego esto. Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín”, escribió el mandatario en un mensaje de su cuenta de X.
Por su parte, la Consejería Comisionada de Paz, a la cabeza de Otty Patiño, se defendió con un comunicado en el que señaló que la decisión “busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias”. Enfatizaron además, como lo dijo la Fiscalía, que la decisión no implica la excarcelación.
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