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Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), está en uno de los momentos más agitados de su vida: mientras el exsenador Bernardo Ñoño Elías lo vinculó con la mano corrupta de Odebrecht, en el juicio que enfrenta por Ruta del Sol II, ahora la Fiscalía le volvió a imputar cargos por otro presunto capítulo de corrupción en contratos de infraestructura en Colombia: Ruta del Sol III. El ente investigador asegura que Andrade habría favorecido a la empresa privada Yuma Concesionaria S.A. y habría entregado dineros públicos para la reelección de Juan Manuel Santos en 2014. A pesar de las acusaciones, Andrade se ha declarado inocente en ambos procesos.
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El proceso por Ruta del Sol III contra Luis Fernando Andrade ya estaba adelantado, a tal punto que la Fiscalía lo quiso llevar a juicio ante el juez 36 penal de conocimiento de Bogotá. Sin embargo, en noviembre pasado, el mismo funcionario judicial anuló el escrito de acusación, pues la Fiscalía incurrió en “desatinos” a la hora de la diligencia. “La extensión de la imputación fáctica, la constante referencia al contenido de los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida, así como las extensas citas jurisprudenciales, no permiten entender con facilidad los hechos por los que se vinculó al proceso penal a Luis Fernando Andrade Moreno”, dijo el juez en su momento.
La Fiscalía, entonces, se comprometió a subsanar lo actuado y aseguró que hoy 1º de marzo imputaría nuevamente a Andrade. Y así lo hizo. Ante una jueza de Bogotá, el ente investigador señaló hoy al expresidente de la ANI como posible autor de los delitos de interés indebido y peculado por apropiación en favor de terceros. De acuerdo con las investigaciones, Andrade habría actuado de forma irregular al suscribir los otrosíes 02 y 05 de 2015, que permitieron a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar a la empresa Consultores Unidos para la elaboración de estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena), dentro del proyecto Ruta del Sol III, la tercera fase de la vía que busca interconectar el centro del país con la Costa Caribe.
Por otro lado, la Fiscalía mencionó que, entre Andrade y Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, pudo haberse presentado un concurso para entregarle tal obra a Yuma Concesionaria y, de tal forma, obtener recursos que pudiesen tapar unos huecos en la campaña de reelección de 2014. El ente investigador asegura que Andrade favoreció a terceros por más de $800 millones. Por tales hechos, Roberto Prieto fue condenado a cinco años de prisión en mayo de 2019, luego de aceptar su responsabilidad por tráfico de influencia en particulares e interés indebido en la celebración de contratos, por cuenta de la construcción del tramo de Puente Plato, en la Ruta del Sol II. El dinero, además, ya lo devolvió.
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De acuerdo con la Fiscalía, para renovar el proceso contra Luis Fernando Andrade y corregir los errores pasados, ahora se tendrán en cuenta otros delitos y más personas que podrían haber actuado de la mano con Roberto Prieto para que el exgerente de la campaña de Santos recibiera el dinero, que vendría directamente de la oficina de la ANI a través de “gestiones indebidas”. Sin embargo, para la defensa de Andrade, no es claro cómo la Fiscalía quiere imputar a un funcionario que ni siquiera firmó los otrosíes 02 y 05, pues en realidad los firmó el segundo al mando, Germán Córdoba Ordoñez. Además, el abogado del expresidente de la ANI cuestionó a la Fiscalía por no hacer un trazado claro del supuestos dinero que cayó en manos de Roberto Prieto, cuando hay por lo menos tres instituciones de por medio (ANI, Yuma Concesionaria y Consultores Unidos).
Sin embargo, el fiscal del caso respondió a los cuestionamientos del abogado Héctor Escobar, defensor de Luis Fernando Andrade, indicando que su trabajo en el presente trámite procesal es describir los hechos relevantes por los cuales se le está investigando y no entregar pruebas que harían parte de un eventual juicio. De hecho, entregar tales detalles fue uno de los errores del fiscal anterior, quien debía esperar una etapa procesal más avanzada, según dijo el juez. Además, el funcionario agregó que Andrade no es imputado en calidad de autor, sino como tramitador, pues en realidad quien estampó su firma en los otrosíes fue el funcionario Germán Córdoba Ordóñez. “La delegación de funciones a un tercero no exime de responsabilidad penal”, concluyó el representante de la Fiscalía.
Por otro lado, el abogado Héctor Escobar cuestionó al fiscal del caso por no enfocar su investigación en el funcionario de la ANI Germán Córdoba Ordóñez. El fiscal contrapunteó indicando que “violaría la ley” si establece una indagación penal contra un ciudadano que no fue citado audiencia de imputación y que ni siquiera está presente en la diligencia. A esa misma conclusión llegó la jueza de turno: “Esta funcionaria debe decir que frente a esas inquietudes le asiste razón al doctor Francisco Castillo (fiscal) como quiera que algunos de ellos hacen referencia a personas que no están aquí en la audiencia. Aquí se le están refiriendo unos presuntos hechos a Luis Fernando Andrade”.
El abogado Héctor Escobar solicitó la nulidad de lo actuado y explicó que la audiencia de imputación es susceptible de ser debatible. “Si fuera solo un simple acto de comunicación (la audiencia de imputación), entonces bastaría con que la Fiscalía tomara un correo y le dijera a Luis Fernando Andrade que está investigado. Pero cuando estamos ante un juez de la República, que se encarga de las garantías, entonces ya no estamos frente a un solo acto notarial”, dijo el defensor de Andrade, petición que no fue acogida por la jueza.
“¿Una nulidad de qué? Si el fiscal ha descrito unos hechos jurídicamente relevantes. Esta no es la etapa procesal. Hoy nos encontramos subsanando un yerro -error- en segunda instancia”, dijo la jueza del caso. Luego el fiscal advirtió que el verbo rector del delito de interés indebido no era “tramitar” sino interesarse, y admitió que esa fue una “equivocación suya”. Tras la controversia con el abogado de Andrade, la jueza concluyó la audiencia preguntándole al expresidente de la ANI si aceptaba los cargos con el objetivo de obtener una rebaja de hasta el 50% ante una eventual condena. Sin embargo, Andrade dijo que no le quedó clara la imputación y que no sabe “de qué” se va a defender.
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“Están diciendo que yo actué con otras personas y que hice unos trámites. Pero no sé, ¿cuáles son los trámites y cuales fueron esas personas? No soy abogado, pero como usted ha dicho la acusación debe ser entendible para una persona común y corriente. Yo sí quiero saber ¿en qué tramite hice algo indebido? A mí sí me parece importante entender cómo es que la Fiscalía considera que yo actué en concierto con otras personas para lograr semejante proeza. Están hablando de algo en lo que no tuve ninguna participación y en donde hay por lo menos tres pasos antes del acto”, dijo Andrade.