A tan solo 11 días de la primera jornada electoral de este año en Colombia, la Fiscalía General de la Nación lanzó una estrategia transitoria para la investigación y judicialización de los delitos que se presenten en el marco de las elecciones legislativas y las consultas internas para la Presidencia de la República. El ente investigador anunció acciones “para conocer y abordar con todas las capacidades institucionales los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas”.
La Fiscalía detalló que ya tiene listo un mapa de riesgo electoral, el cual permite identificar fenómenos delictivos en las regiones, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta del Estado y las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Por otro lado, el ente investigador señaló que avanza en el análisis de las denuncias recibidas y de las investigaciones que se adelantan por cualquiera de los 16 delitos electorales, “así como de las alertas conocidas por la presencia o posible injerencia de grupos armados ilegales”.
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Asimismo, indicó que las delegadas y las direcciones trabajarán de forma conjunta y mantendrán rutas de comunicación con entidades como la Defensoría del Pueblo. Esto, con el objetivo de conocer de primera mano las alertas tempranas emitidas por la entidad. La Fiscalía también destacó que hará un trabajo articulado con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales para acceder a información clave como el censo electoral.
El ente investigador también se pronunció sobre las acciones violentas contra candidatos y líderes sociales en las últimas semanas. Al respecto indicó que se mantendrán las mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales “con el propósito de obtener detalles sobre las conductas que afecten la vida, integridad y libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poner en marcha las respectivas investigaciones”.
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En cuanto a la financiación de las campañas, el ente investigador indicó que se creará un “Observatorio de Financiación Electoral para verificar asuntos relacionados con la violación de topes, los gastos de campaña y las fuentes de financiación”. Con esta herramienta, se pretende realizar un seguimiento y emitir informes focalizados en territorio que sirvan para abrir noticias criminales y hacer investigaciones oportunas.
Además, la Fiscalía detalló que el 8 de marzo y el 31 de mayo (día en el que se hará la primera vuelta presidencial), dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares donde haya mayor número de votantes o en los que no exista presencia física de la entidad. Esta estrategia se realizará en cooperación con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Ministerio del Interior.
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Estas denuncias o la información relevante que llegue a la Fiscalía o a Uriel tendrán una “ruta de atención especial a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial con disponibilidad exclusiva en el nivel central y en las 35 seccionales”. Sumado a esto, en la página web de la Fiscalía fue habilitado un micrositio con canales de denuncia, así como el mapa de riesgo electoral e información general sobre los comicios.
Mindefensa dice que hay garantías para la jornada electoral
Por su parte, el Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Sánchez Suárez, entregó detalles del despliegue operacional previsto en todo el país, “con miras a garantizar unos comicios seguros y en paz”. El jefe de cartera señaló que, aunque existe amenaza en el periodo electoral, han diseñado estrategias con las que pretenden mitigar los riesgos y blindar estas elecciones.
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Entre estas medidas, se identificaron y priorizaron puntos en 208 municipios con alto riesgo; “por eso, allí se focalizaron todas las capacidades de la fuerza pública”. Asimismo, con el objetivo de hacerle frente a los delitos electorales, el ministerio ofreció recompensas de hasta COP 50 millones para quienes “brinden información que permita identificar, capturar y judicializar a quienes intenten atentar contra la democracia”.
El ministro también confirmó el despliegue de más de 246.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía, para garantizar la seguridad y cobertura en los 13.493 puestos de votación en todo el territorio nacional. Por ello, según indicaron desde la cartera de Defensa, se tomó la decisión de extender el servicio militar obligatorio, “sumando 22.000 militares y 4.000 auxiliares de Policía para fortalecer los dispositivos en las regiones”.
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