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Fuerza pública intensifica operaciones en el Catatumbo ante escalada de violencia

La cúpula militar continúa con su despliegue en puntos estratégicos de la región del Catatumbo. El pasado 29 de diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo señaló que, en parte, el recrudecimiento del conflicto se debe a la ausencia del Estado y a la baja gobernabilidad.

Redacción Judicial

02 de enero de 2026 - 12:09 p. m.
Las acciones desarrolladas de manera conjunta entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército, se ejecutan mediante operaciones terrestres y aéreas, y se enfocan en afectar las acciones criminales de los grupos armados organizados, en especial del frente 33 y del Eln.
Foto: Ejército Nacional
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El conflicto armado en el Catatumbo no da tregua. La violencia contra la población civil se ha intensificado por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El despliegue de las autoridades, anunciado el pasado 31 de diciembre de 2025, continúa en puntos estratégicos de la región del Catatumbo, “como parte de una operación integral orientada a fortalecer el control territorial y contribuir a la protección de la población civil”, según indicó el Ejército Nacional.

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Estas acciones, desarrolladas de manera conjunta entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército, se ejecutan mediante operaciones terrestres y aéreas, y se enfocan en afectar las acciones criminales de los grupos armados organizados, en especial del frente 33 y del Eln.

La escalada violenta inició tras una masacre en Tibú el 15 de enero de 2025, la cual dejó, en un año, el desplazamiento de más de 78.000 personas, según indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado entregado el 29 de diciembre de 2025.

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El hecho violento más reciente, que causó el desplazamiento de al menos 56 familias en solo 48 horas, según reportes de organizaciones sociales de la región, ocurrió en el corregimiento de Filo Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra.

Según indicó la Defensoría, el riesgo se focaliza en la cabecera urbana, en los corregimientos de Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, así como en las veredas Versalles, Orú 7, Campo Seis y Caño Indio, del municipio de Tibú. Este último tiene una ubicación estratégica debido a su extenso límite fronterizo con Venezuela, “lo que facilita el tránsito irregular y lo convierte en un corredor de movilidad y de economías ilícitas de alto valor para los grupos armados”.

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También señaló que, en parte, el recrudecimiento del conflicto se debe a la débil presencia estatal y a la baja gobernabilidad, lo que ha generado una estructura de poder paralela que expone a la población a extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado.

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