Publicidad
6 Sep 2021 - 5:11 p. m.

Gobernador Aníbal Gaviria seguirá con medida de aseguramiento

La decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El gobernador es procesado por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El gobernador es procesado por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El gobernador es procesado por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Foto: Archivo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la detención domiciliaria contra el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria quien es procesado por irregularidades en contratos celebrados entre 2004 y 2007 que vinculan la construcción de la Troncal de Paz. Por estos hechos, el político antioqueño fue judicializado por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La decisión del alto tribunal obedeció a una solicitud que presentó la defensa que estimó el político podía enfrentar su juicio en libertad. No obstante, la Corte dijo que “no prospera la pretensión de revocar la medida de aseguramiento por la alegada modificación en los extremos punitivos del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, conducta que contiene la pena más grave de las acusadas”, dijo la Sala y explicó que la medida de aseguramiento también se impuso en relación con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conducta que, según la ley, establece mínimo cuatro años de prisión.

Lea aquí: Niegan nulidad del proceso a gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

El proceso contra Gaviria data de 2005. la Gobernación de Antioquia -bajo la batuta del político- abrió la licitación para buscar quién se hiciera cargo del “Mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao”, y el proceso quedó en manos de la Secretaría de Infraestructura. El proyecto se pactó finalmente por $41.663 millones.

La construcción y el mantenimiento de ese tramo quedó, el 19 de diciembre de 2005, en manos del Consorcio Troncal de la Paz, del que era parte un viejo conocido del Estado en asuntos de vías: Carlos Solarte -quien, a través de CSS Constructores, se alió como socio minoritario con Odebrecht y Episol para hacer la Ruta del Sol 2-. Los términos del contrato indicaban que la Gobernación podía entregar el 25 % del valor total como anticipo, pero, según la Fiscalía, lo que se otorgó fue el 29 % sin que el contratista hubiera entregado el soporte de la constitución de la garantía o de la contratación de un interventor, requisitos indispensables para recibir recursos del Estado.

Le puede interesar: Detalles de la acusación a Aníbal Gaviria y su lío con contratos de la Troncal de La Paz

La obra comenzó en febrero de 2006. La Fiscalía reprocha hoy que, “a escasos dos meses de haber iniciado”, el Consorcio pidiera otro anticipo de $10.500 millones para compra de equipos, con el cual se llegaba ya al 50 % del contrato entregado de esa forma. La Gobernación firmó un otrosí que autorizaba no el desembolso que pidió el contratista, pero sí una suma que representaba, junto con el primer adelanto, el 35 % del total del contrato. En 2007 vino un otrosí más, con el que se adicionaron más de $3.000 millones al contrato. En cuestión de meses se firmó un tercer otrosí, con el que el valor del proyecto aumentó un 47 % (unos $22.000 millones) sobre el valor del contrato.

Por último, la Gobernación de Antioquia, sostiene la Fiscalía en el documento con que llamó a juicio a Gaviria -en su momento conocido por El Espectador-, firmó un contrato adicional por más de $16.000 millones y aceptó entregar un anticipo del 50 %. Lo que la Fiscalía le reclama hoy a Gaviria es que, por ejemplo, con el primer anticipo que recibió el Consorcio Troncal de la Paz, este haya comprado maquinarias para realizar la iniciativa vial; que el contrato adicional es cuestionable. Así las cosas, fue que resolvió llamar a juicio al reconocido político, quien, desde el día en que rindió indagatoria en abril de 2020, manifestó su extrañeza por este expediente que se abría en su contra.

Contexto: “No se perdió un peso. La justicia prevalecerá”: Aníbal Gaviria tras detención

Gaviria, en marzo pasado, se enfrentó a su segunda detención. Miembros del CTI de la Fiscalía llegaron a su despacho para imponer medida de aseguramiento. La decisión, en su momento, la tomó la Fiscalía en dirección opuesta no solo a lo que pidió la defensa de Gaviria, sino también la Procuraduría, la cual advirtió que “dentro del acopio probatorio no hay prueba de la calidad de determinador del gobernador Aníbal Gaviria Correa”.

Por su parte, la Fiscalía mantiene que Gaviria “determinó a Margarita María Ángel Bernal (su secretaria de Infraestructura) o a cualesquiera otros funcionarios de la Secretaría de Infraestructura para que realizaran las conductas constitutivas de los delitos imputados”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.