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A través del Decreto 1029 del 5 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional adoptó la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto armado, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada.
La política adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015 y la formaliza como el instrumento oficial del Estado en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La medida establece una ruta estructural para enfrentar de manera articulada la problemática de la desaparición, con un horizonte de implementación de 10 años.
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Para ello, el decreto define cuatro componentes: atención integral; prevención y garantías de no repetición; búsqueda, identificación y entrega digna; y derecho a la justicia. Asimismo, incorpora cinco ejes transversales orientados a fortalecer la articulación institucional, la participación de las víctimas y la gestión de la información.
La política es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como para las demás instituciones del Estado que intervienen en los procesos de atención, prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
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En ese sentido, estas entidades deberán ajustar sus planes, programas y acciones a los lineamientos establecidos por la política y garantizar la articulación interinstitucional para su implementación. Además, el decreto establece que la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda deberá adoptar un Plan de Acción y Seguimiento (PAS) en los 60 días posteriores a su expedición.
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