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El Gobierno puso en marcha una nueva estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos al autorizar el uso de drones en operaciones terrestres focalizadas, una medida que, según el Ejecutivo, busca golpear las economías del narcotráfico sin comprometer la seguridad de las comunidades ni generar impactos ambientales.
Según el Ministerio de Justicia, la decisión, anunciada este 22 de diciembre, descarta cualquier retorno a la aspersión aérea masiva y se limita a intervenciones puntuales, ejecutadas a baja altura y bajo control visual directo. De acuerdo con las autoridades, esta herramienta se empleará únicamente en territorios donde la erradicación manual no ha sido posible, principalmente por presiones de grupos armados ilegales.
El método autorizado consiste en la aplicación de glifosato mediante drones especializados que vuelan a cerca de 1,5 metros sobre los cultivos, “lo que reduce de manera significativa la dispersión del herbicida frente a la aspersión aérea tradicional. El procedimiento se enmarca en criterios técnicos claros y verificables, y cuenta con controles operativos permanentes”, aseguró la cartera de Justicia.
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El ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, explicó que esta modalidad se priorizará en zonas donde las comunidades son forzadas a mantener cultivos ilícitos bajo amenazas de estructuras armadas. “En los lugares donde los grupos armados ilegales obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca, allí es donde se realizará. Con esta herramienta se logrará brindarle mayores condiciones de seguridad a los miembros de la fuerza pública”, afirmó.
La estrategia cuenta con el aval del Comité Técnico Interinstitucional del PECAT y cumple con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Según el Ejecutivo, su implementación se sustenta en estudios científicos y autorizaciones ambientales vigentes, y no en decisiones de carácter político o ideológico.
Idárraga agregó que la tecnología permitirá intervenir áreas de hasta una hectárea en lapsos cortos, minimizando riesgos para quienes participan en las operaciones y para las comunidades cercanas. “Lo que se va a visibilizar en el proceso son los drones a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta, pudiendo en 30 minutos cubrir hasta una hectárea de hoja de coca, permitiendo que el químico llegue al lugar donde se necesita la aspersión, protegiendo la vida de los policías, de quienes habitan alrededor y el agua”, sostuvo.
El Gobierno indicó que el despliegue de los drones estará acompañado por autoridades ambientales y sanitarias, con medidas de protección sobre fuentes hídricas, suelos y ecosistemas, además de monitoreo permanente durante y después de cada intervención.
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