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En una operación coordinada entre el Ejército y la Policía Nacional, las autoridades destruyeron 36 unidades de minería ilegal en zonas rurales de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato (Chocó). Según las autoridades, esta infraestructura ilegal pertenecía al Clan del Golfo, puntualmente a la subestructura Jhon Fredy Orejuela de esa organización criminal.
Durante la operación, el Ejército y la Policía destruyeron nueve dragas tipo buzo y 27 motores, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro en esa región del país. La operación se desarrolló en el marco del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus, con el objetivo de contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros y mitigar el daño ambiental.
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Según indicaron las autoridades, con este golpe a la minería ilegal, el Clan del Golfo sufre una afectación económica estimada en más de COP 600 millones por la pérdida de la maquinaria. Asimismo, se habría evitado la extracción de aproximadamente 4.000 gramos de oro mensuales, “lo que representaría ingresos cercanos a los COP 2.000 millones en el mercado ilegal”.
Por su parte, el brigadier general William Fernando Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, se pronunció al respecto y señaló que el objetivo de la institución es continuar trabajando de manera conjunta con la Policía para realizar este tipo de operaciones que “ataquen todas las actividades ilícitas de estas estructuras en el departamento del Chocó”.
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Chocó ha sido escenario de un recrudecimiento del conflicto armado en el último año, debido a la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo, relacionada con el control de recursos e ingresos provenientes de economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos de hoja de coca y la migración irregular.
Por esa misma confrontación, el año pasado el departamento vivió varios paros armados del Eln, que intenta a sangre y fuego ganarle territorio al Clan del Golfo y evitar la expansión de estructuras de las disidencias de las Farc. Esto, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ya ha advertido en distintas oportunidades que ese grupo ilegal también estaría interesado en hacerse a las economías ilegales de esa región del país.
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