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Luego de cinco años de investigaciones, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de ese país cerraron los expedientes que habían abierto en 2018 en contra del Grupo Aval y a Corficolombiana, en medio del escándalo mundial de Odebrecht. Además de cerrarlos, la primera impuso una multa de $40 millones de dólares en contra de las empresas colombianas, mientras que el DOJ negoció el pago de un poco más de $40 millones de dólares a cambio de cerrar todas las investigaciones criminales.
Esta es la decisión de la SEC:
Las autoridades buscaban determinar su supuesta responsabilidad en el esquema de sobornos y corrupción de la multinacional brasileña en el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2. En esa megaobra, Corficolombiana (del Grupo Aval) se asoció con Odebrecht para participar en lo que era uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.
La sanción, dice la SEC, es por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). A través de un comunicado, las empresas colombianas explicaron que suscribieron una resolución en la que “reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”. Aunque no especificaron el nombre, se trata de José Elías Melo, expresidente de esa filial del Grupo Aval, que fue condenado en 2019 a 11 años y nueve meses de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
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Según el fallo, Melo autorizó los sobornos de la constructora brasileña para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol 2. Por esta razón, el Grupo Aval y Corficolombiana deberán pagar una multa de $40 millones de dólares impuesta por las autoridades estadounidenses. “Corficolombiana suscribió una resolución con el DOJ, y Grupo Aval y Corficolombiana suscribieron resoluciones administrativas civiles con la SEC, como resultado de las cuales finalizaron las investigaciones de estas agencias americanas con respecto a Grupo Aval y su filial. El DOJ no presentó cargo alguno contra Grupo Aval, y la SEC no presentó cargo alguno por soborno contra Grupo Aval”, explicaron las empresas.
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La SEC, a través de un comunicado de prensa, señaló que lo que sus investigadores encontraron es que “Corficolombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos $28 millones dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana. De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente $32 millones de dólares”.
En ese mismo comunicado, la Comisión de Valores de Estados Unidos explicó que Corficolombiana acordó con la Fiscalía estadounidense firmar un acuerdo para diferir la acusación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a cambio de la suma de más de $40 millones de dólares para resolver sus cargos criminales por los cuales se les acusaba.
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“En este proceso largo y doloroso son muchas las lecciones aprendidas que nos han fortalecido. Desde hace varios años comenzamos a realizar mejoras significativas en nuestro gobierno corporativo, los programas de riesgo, controles internos y cumplimiento”, señaló el Grupo Aval y Corficolombiana en el comunicado de prensa. Dichas mejoras constituyen hoy buenas prácticas que han sido reconocidas por las agencias, reguladores y verificadores externos. Es así como, en las resoluciones referidas, el DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos”, dice el comunicado.
Nota de la editora: el título y contenido de esta nota fue modificado para aclarar que el pago que deberá hacer el Grupo Aval y Corficolombiana es de $80 millones de dólares y no de $60 millones, como se había dicho en un principio. La corrección se hace porque, aunque el comunicado de la Comisión de Valores de Estados Unidos señalaba que el pago acordado con el DOJ era de “un poco más de $20 millones de dólares”, la realidad es que ese acuerdo para cesar las investigaciones criminales fue de $40 millones de dólares.
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