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La Defensoría del Pueblo emitió recientemente una alerta temprana en la que advirtió sobre el alto riesgo en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, debido a la escalada de violencia por las confrontaciones entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
En total, la entidad defensora de derechos humanos estableció que son 21 los municipios que están en riesgo, ubicados en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Según indicó la Defensoría, esta alerta se suma a las advertencias que ya había anticipado sobre violencia en los municipios de El Copey, Valledupar y Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha.
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Según indicó la Defensoría, la confrontación entre los grupos armados se manifiesta en cinco dinámicas. La primera consiste en el control territorial ejercido por las ACSN; la segunda corresponde a las “pretensiones de consolidación” del Clan del Golfo en Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca y Fundación, en el departamento de Magdalena; en El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello, en el departamento del Cesar; y en San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca, en el departamento de La Guajira.
La tercera dinámica consiste en la disputa abierta entre ambos grupos armados. La cuarta corresponde a la “existencia de dominios fragmentados y coexistencia obligada por conveniencia de intereses criminales, como en la localidad 2 de Santa Marta, donde está el puerto”. Finalmente, la quinta se refiere al tránsito y la presencia ocasional de estructuras ilegales en territorios que podrían convertirse en puntos estratégicos para esas organizaciones.
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También la Defensoría indicó que dichas “dinámicas conllevan graves manifestaciones de violencia, que incluyen homicidios individuales y colectivos, secuestros, amenazas, imposición de exacciones (‘impuestos’) y reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Asimismo, la entidad señaló que la violencia se ha manifestado mediante prácticas de “exterminio social” contra jóvenes, consumidores de drogas, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y “personas socialmente estigmatizadas, a menudo mediante asesinatos acompañados de carteles que justifican la violencia o mediante el uso de etiquetas criminales transnacionales, para sembrar terror”.
Además, la alerta indica que han sido documentados “tratos crueles y degradantes”, como castigos físicos filmados y difundidos en redes sociales, presuntamente ejecutados por las ACSN. En cuanto a las entidades involucradas, la Defensoría emitió un total de 38 recomendaciones urgentes que deben ser acatadas por organismos del orden regional y nacional.
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“Estas recomendaciones, organizadas en nueve ejes temáticos, exhortan a todas las entidades involucradas a implementar las medidas necesarias para avanzar en la protección de los pueblos étnicos y lideresas y líderes y la garantía de los derechos humanos de toda la población”, señaló el órgano defensor de derechos humanos.
Entre dichas recomendaciones, la Defensoría solicitó priorizar el desmantelamiento de “las estructuras del EGC y las ACSN, y asegurar que los procesos judiciales tengan enfoque diferencial y étnico”, en una zona en la que habitan varias comunidades indígenas y que históricamente ha estado en medio del fuego de los grupos al margen de la ley.
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