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En un sentencia de 426 páginas, un juzgado penal de Medellín acaba de absolver, en primera instancia, a dos antiguas cabezas del controvertido proyecto hidroeléctrico adelantado por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se trata de Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango en 2011. Luego de más de dos años de juicio, el juez del caso determinó que los antiguos altos directivos no participaron en ningún delito dentro de la adjudicación del multimillonario contrato -2.900 millones de dólares- para construir la megaobra.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en marzo de 2011, Gómez Atehortúa en calidad de gerente de la sociedad promotora Hidroituango S.A. E.S.P. (contrante) celebró un convenio con la firma EPM Ituango S.A E.S.P. (contratista), representada legalmente por el ingeniero mecánico Vélez Duque, para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la central de generación hidroeléctrica, la cual generará el 17% de la energía del país. Sin embargo, el juez del caso señaló que la empresa contrante estaba habilitada para contratar directamente.
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La Fiscalía señaló que ambas empresas, contratante y contratista, tienen una participación pública superior a 90 % y sus gerentes ostentaban la calidad de servidores públicos. La adjudicación del contrato se habría realizado de manera directa pese a que el 17 de noviembre del año 2011, se hizo una invitación pública internacional para seleccionar a un contratista con suficiente experiencia técnica y músculo financiero.
La Fiscalía estableció que durante la convocatoria pública fueron precalificadas siete empresas, varias de ellas con amplia experiencia internacional, pero que el 9 de junio de 2010, la empresa promotora del proyecto suspendió el proceso de subasta de manera unilateral, pero solo notificó a los interesados cinco meses después”, señaló la Fiscalía.
Sin embargo, para el juez de primera instancia: “Corresponde precisar, que la negociación que dio origen a este proceso penal, se adecuó al trámite legal que le correspondía, máxime que el fin propuesto a través de la constitución EPM Ituango filial de su casa matriz Empresas Públicas de Medellín, cumple el interés general de la construcción de una hidroeléctrica entre entidades Estatales, conforme a su naturaleza, materializando con la firma del contrato y las leyes que gobiernan la actividad de contratación privada, es decir, la sociedad Hidroituango sí estaba facultada conforme a la constitución y la ley, para celebrar el contrato”.
A su vez, el juez del caso señaló que: “Ha quedado claro entonces que por la naturaleza jurídica y el régimen jurídico que cobija a sendas empresas firmantes del contrato, les era legalmente viable la contratación directa, al quedar claro que tanto Hidroituango S.A. E.S.P como E.P.M. Ituango S.A. E.S.P por el principio de autonomía de la voluntad privada, no están sometidas a un régimen de contratación estatal y pueden adoptar el derecho privado por el cual están gobernadas, como lo desarrollaron para adelantar el megaproyecto Hidroituango, muy a pesar de que hubiese iniciado con una invitación pública a contratar, que no una subasta pública, como lo pregona la Fiscalía”.
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