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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué resulta tan importante hablar de Hidroituango en Colombia? ¿Qué es lo que podría pasar, aguas abajo, una vez entre en funcionamiento este megaproyecto? ¿Qué en el sistema de generación de energía en el país? ¿Por qué unas autoridades han salido a decir unas cosas mientras las otras toman posiciones diferentes, encontradas? ¿Qué tienen que ver miles de personas desaparecidas en todo esto? Pues este boletín de noticias está dedicado a explicar en qué va esta gigantesca obra de infraestructura que tiene que ver, si usted usa luz en algún momento del día, sí, también con usted. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación con todos los textos que ha escrito los colegas de Negocios, Nacional y Judicial. Comencemos.
La noticia, conocida esta misma semana, es que el próximo 14 de diciembre se hará la evacuación de las comunidades aguas abajo de la obra llamada Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, Hidroituango, lo que permitiría afinar los últimos detalles para la entrada en operación. Pero antes de seguir, es preciso explicar detalles: ¿Qué es Hidroituango? En cortas palabras, es un proyecto pensado para generar 2.400 megavatios (MW) con ocho turbinas con capacidad de 300 MW cada una, eso quiere decir que podrá cubrir el 17% de la demanda energética colombiana, convirtiéndose en la generadora de energía más grande de todo el país. ¿Quién es el responsable de esta obra? Empresas Públicas de Medellín, EPM. ¿Qué dice la historia? Que se pensó en los años 60, las primeras obras tienen registro en el 2009, pero en el 2018 fue cuando, más allá de anuncios de avances, la obra atrajo la atención de todo el país porque se tapó uno de los túneles de desviación de la futura represa.
¿Cómo funcionan este tipo de proyectos? Se crea un embalse (represa) que almacena agua, proveniente de un cuerpo hídrico, en este caso el río Cauca. Luego, gracias a las obras, el agua viaja en descenso y con la fuerza que cae, logra mover las gigantescas turbinas para, en ese momento, con dicho movimiento, generar la energía, que se almacena y luego se pone en la red de distribución nacional. Y desde ahí se conduce, en cortas palabras, a la casa de cada uno de los colombianos. Las críticas a este tipo de obras son, por ejemplo, la afectación que tienen las comunidades de pobladores que dependen del afluente del río aguas abajo de la represa, entendiéndolo por dos lados posibles: o porque el caudal es muy bajo y no pueden, por ejemplo, mantener prácticas ancestrales como pescar o porque, al contrario, es muy alto y puede afectar las viviendas. ¿Pero, por qué había preocupación en ese abril de 2018? ¿Qué era lo que había pasado?
Lo contamos en uno de estos boletines de El Espectador le explica, el pasado 16 de septiembre del 2021: “El 28 de abril de 2018 las caudalosas aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron uno de los túneles de desviación de la futura represa. Horas más tarde la misma fuerza del río logró destrabar el tapón. Dos días después sucedió lo mismo, pero con más intensidad. Empresas Públicas de Medellín, EPM, hablaba de una condición geológica como la causa del desmoronamiento de roca y tierra en el interior del túnel. La comunidad decía otra cosa y esa era que EPM no había recogido los residuos de la tala de bosques secos en las riberas del cuerpo de agua y por eso se había tapado”. Y así fue como comenzó un escándalo que no solo implicaba un asunto ambiental o uno económico, el asunto ha sido tan delicado que, hasta los entes de control como la Contraloría y la Fiscalía, entraron a indagar e investigar:
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Con el túnel tapado el nivel del agua en la represa empezó a subir, no tuvieron otro camino que permitir el paso de agua por la casa de máquinas con las millonarias consecuencias que eso traía, entonces se desbordó el río en la zona de Puerto Valdivia con graves afectaciones en casas, puentes, centros de salud y aulas escolares. Esta emergencia cambió todo, no solo la vidas de los habitantes de esta zona del país sino del proyecto mismo, el cronograma establecido ya no se cumpliría, se afectaron las pólizas de seguros, se activaron todos los planes de los servicios de emergencia en la región, los líderes políticos y empresariales tuvieron que salir a dar la cara al país y las culpas empezaron a pasar de mano en mano. El camino de este proyecto hasta incluye un fallo de responsabilidad fiscal billonario -$4,3 billones donde aparecen vinculados 26 funcionarios y contratistas del proyecto porque “a junio de 2019 excedían en un 114,94 % el valor inicialmente planeado”. Todos estos detalles aparecen en este texto.
Superada la emergencia, pagadas las cuentas por parte de las aseguradoras y con el proyecto de construcción otra vez en camino, llegamos a este noviembre de 2022 porque, de acuerdo con el nuevo cronograma, el 15 de noviembre estaba fechado para el simulacro de evacuación de las comunidades aguas abajo. Había dicho EPM que este año dos turbinas entrarían en funcionamiento, en 2023 dos más y en 2026 las otras cuatro unidades finales. Por eso se estimaba que unas 3.000 personas debían participar en el simulacro del pasado 15, pero solo lo hicieron unas 500, dijeron. ¿Por qué no asistieron todas las personas? Porque las comunidades dicen que nunca les cumplieron con las promesas, después de aquella inundación del 2018, cuando su vida cambió. “En Puerto Valdivia, además de los casos particulares, lo que más incomoda a la población son las promesas que se incumplieron y que se requieren en el marco social, es decir, la construcción de un centro de salud, que desapareció tras la emergencia de hace cuatro años; la reconstrucción de las escuelas afectadas, así como del puente Simón Bolívar”, nos contaron en este documento.
“Mientras nos querían tener allá en su evacuación, estaban queriendo prender las turbinas. Nadie se asomó por allá (el punto de encuentro). Eso de que participaron más de 500 personas no es verdad, solo estaban los de la Defensa Civil, la Unidad de Gestión de Riesgo y todos los que vinieron a hacer el simulacro”
María Marina Espinosa, quien fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerto Valdivia.
Para el 18 de noviembre Daniel Quintero, alcalde de Medellín, advertía con un “casi seguro” que Hidroituango no entraría en su primera fase de funcionamiento el 30 de ese mes, la fecha límite para que iniciaran con las dos primera turbinas. La razón: porque no se había podido cumplir con la orden de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, es decir, la evacuación de las comunidades. A EPM entonces le tocó enviar una carta a Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, para pedir un nuevo plazo: “Dado que la preparación no depende de solo nosotros, pedimos que se nos dé el tiempo hasta que se dé la evacuación para así entrar en operación (…) No estamos pidiendo un plazo específico”, dijo el gerente de la empresa, Jorge Carrillo.
Cuando el proyecto otra vez estaba ante los ojos de todo el país, llegaron declaraciones como esta del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, quien consideró que la obra “nunca va a estar estable”. Pava dijo: “En mi concepto de especialista, ese proyecto nunca va a ser estable, nunca va a estar en la condición de estabilidad porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa”.
Y entonces, ¿qué pasaba si, otra vez, no se cumplía con el cronograma? ¿Se vería afectada la generación de energía en Colombia? ¿Habría riesgo de racionamiento? ¿Qué piden las comunidades? Para el 27 de noviembre se logró probar, con éxito, la Unidad 1. También vimos el encontrón entre gobierno nacional y alcalde de Medellín.
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Mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decía que si Hidroituango no lograba entrar en operación se generaría una escasez de energía en el 2023, fue la misma ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien dijo: “Es importante no generar esa sensación de inseguridad frente al abastecimiento de energía eléctrica”. Incluso el mismo director de la Creg, José Fernando Prada, ya había advertido que “si no entrase el proyecto, no identificamos un déficit de energía hasta antes del año 2025, obviamente esperaríamos en ese momento ya hubiera entrado el proyecto”.
Sobre la marcha empezaron a llegar nuevas advertencias: “Fiscalía abriría investigación penal si Hidroituango no prende el 30 de noviembre”, y si no se cumple la fecha, se haría efectiva una cláusula en la que EPM tendría que pagarle US$190 millones a la Creg. Para el 28 de noviembre el mismo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, decía que los tiempos no daban para hacer las evacuaciones en tan solo dos días y así poder prender las turbinas de forma segura.
Al día siguiente, sobre el medio día, el país supo que se había logrado con éxito la prueba en la segunda turbina, confirmando “que las dos primeras unidades de la hidroeléctrica están en capacidad de generarle energía al país”, nos contaron los colegas de la sección de Negocios. “Cabe resaltar que el consorcio CCC Ituango fue el encargado de las obras para la operación de las dos primeras turbinas. En adelante será la firma colombiana Schrader Camargo la encargada de los concretos faltantes para el empotramiento de la turbina número 4, así como el empalme y vaciado de los concretos en los túneles que conducirán el agua desde el embalse hasta las unidades de generación 3 y 4″.
Ya, con casi todo listo, de acuerdo con la información de EPM y la alcaldía de Medellín, todo parecía ir viento en popa. Pero algo hacía falta. Justo ese 29 de noviembre Silvia Corredor, del equipo de Colombia+20, recordó que “la posible reapertura de la represa podría afectar la búsqueda de 2.094 personas desaparecidas en ese lugar. La JEP tiene medidas cautelares en nueve municipios de la zona de influencia del megaproyecto y el próximo 6 de diciembre realizarán una audiencia pública para determinar una hoja de ruta”. Se trata de víctimas de desaparición forzada en los municipios antioqueños de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.
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Con la suerte echada, dos turbinas probadas, una generación justa para entregar energía al sistema después de que XM lo confirmara, EPM con Hidroituango se salvó de pagar las sanciones, pero aclaró que no podrán operar de forma continua hasta que se realice la evacuación de comunidades aguas abajo y así como una última prueba del proyecto. “Se recibió comunicación por parte de EPM en la cual declara, una vez surtidos los requisitos establecidos en la normatividad vigente, la entrada en operación comercial de las unidades 1 y 2 del proyecto Hidroeléctrico Ituango de 290 MW a partir de las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2022″, informó XM por medio de un comunicado.
Lo que sigue, entonces, es lograr el acuerdo con las comunidades aguas abajo para poder concretar todos los detalles operativos y encender permanentemente. Para lograrlo, EPM radicó un recurso de reposición contra la resolución la UNGRD -la que ordenó hacer la evacuación preventiva de las comunidades-. ¿Qué dice el documento? “El recurso tiene como finalidad aclarar el artículo 4 de la resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), teniendo presente las dificultades que se han presentado con los alcaldes de los territorios en su potestad de ordenar una evacuación preventiva. Se pretende, además, que la UNGRD permita que, en coordinación con los alcaldes, EPM, las comunidades y organizaciones comunales adopten las decisiones que crean convenientes en el marco de la evacuación preventiva”.
Al día siguiente, el 2 de diciembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), les contestó que la Ley es clara al señalar que ante cualquier situación de incertidumbre que exista, se tomen las medidas de precaución, en primera instancia la vida y la protección de las familias. “Nosotros estamos recomendando como coordinadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que ante la situación que se pueda generar por el inicio de la operación de Hidroituango y los riesgos que puedan exponer a una población que está ubicada aguas abajo e incluso a pocos kilómetros del proyecto, se tomen las medidas de precaución que establece la Ley”.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ha recalcado la seguridad y confiabilidad del proyecto hidroeléctrico y manifestó que las comunidades del área de influencia de Hidroituango pueden tener la certeza de que esta es una central segura. Cuatro días después el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que el próximo miércoles 14 de diciembre se realizará la evacuación de las comunidades aguas abajo. “Esperamos una evacuación de cerca de 3.500 personas y se ha hecho acuerdo con las Juntas de Acción Comunal de todas las comunidades”, dijo el alcalde. Con ese escenario cumplido, se podría hacer la prueba completa, tal cual como lo ha exigido la UNGRD.
Una vez cumplida dicha prueba, desde las comunidades también espera que se cumplan con los compromisos adquiridos, pues existen casos como el que relata Dorian Pulgarín, gerente hospitalaria y promotora de salud de Puerto Valdivia, en el texto escrito por Silvia Corredor: “Se estableció un puesto de salud a orillas de la carretera que ofrece servicios básicos y se atiende consulta médica general. Con esta oferta que tenemos desde ese puesto satélite no se abarca ni el 30 % de la necesidad real en salud del corregimiento y la población que habita alrededor”.
Estaremos atentos a la fecha entregada por las autoridades, que precisa el 14 de diciembre como día clave para todo este proyecto, a lo que sucede con las comunidades aguas abajo y, por supuesto, a la puesta en marcha de un megaproyecto que le aportaría el 17% de energía al sistema del país, justo cuando estamos hablando de manera más frecuente y concreta sobre transformación energética nacional.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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