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25 Feb 2022 - 5:30 p. m.

Homicidios, masacres y desaparición: el informe que Mindefensa entregó a la JEP

Este viernes, el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, entregó al presidente Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, el informe de lo que, a su juicio, padecieron los miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado. Duque solicitó abrir un macrocaso que vincule como víctimas a las fuerzas armadas.

Fernanda Torres Tovar

Periodista de Judicial
Demostración de poderío militar del ejército colombiano en la base militar de Tolemaida que contó con la presencia del presidente Ivan Duque
Demostración de poderío militar del ejército colombiano en la base militar de Tolemaida que contó con la presencia del presidente Ivan Duque
Foto: José Vargas

En 750 páginas, el Ministerio de Defensa consignó lo que fue el conflicto armado para los miembros de la fuerza pública. Es la primera vez que la cartera ministerial consolida esta información y la entrega al presidente Iván Duque, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. En el documento conocido en su totalidad por El Espectador reposan cifras sobre secuestro, masacres, desaparición forzada, diferentes formas de violencia y patrones de sistematicidad que, a consideración de la Fuerza Pública, padecieron directa e indirectamente por cuenta del conflicto que han dejado las diferentes guerrillas.

El informe señala que, del total de secuestrados en Colombia, alrededor de 1.643 fueron miembros de las Fuerzas Militares y de Policía. Las retenciones ocurrieron entre 1990 y 2002, siendo 1998, como uno de los años en el que más se escaló este delito. El documento que ahora reposa en los despachos del magistrado de la JEP, Eduardo Cifuentes, y Francisco De Roux en cabeza de la Comisión de la Verdad, da cuenta que los secuestros se concentraron en Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare. Y que los principales autores fueron las Farc en un 38,22%, seguido del Eln, con el 10,47%.

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Entre 1972 y 2010, existieron cinco patrones que fomentaron los secuestros en la fuerza pública. Según el informe, en un 41 % los policías y militares eran escogidos para ser víctimas de este delito, seguido de las tomas guerrilleras con un 27 %, la pesca milagrosa o retén con un 23 %, en emboscada con 3 % y en modalidad de canje en un 1.22 %. “Los hechos que llevaron al secuestro de miembros de la Fuerza Pública se dieron en el marco de enfrentamientos, retenes ilegales y ataques a bases militares y puestos de policía; caracterizados frecuentemente por la superioridad en armamento y en hombres alcanzada por los grupos armados ilegales en relación con los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía”, condensa el informe.

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El uso de armas explosivas no convencionales como cilindros bomba, tatucos y granadas artesanales usadas por los grupos guerrilleros no solo dejaban graves daños en la integridad de los policías y militares, sino que quedaban indefensos para ser retenidos de manera ilegal. En el informe, el Ministerio de Defensa condensó que, entre 1990 y 2018, alrededor de 11.701 personas fueron víctimas de minas antipersonales, de los cuales, alrededor de 10 mil corresponden a mayores de edad, entre los cuales más de 6.000 pertenecían a las fuerzas armadas, y un poco más de mil fueron niños. Las Farc se posesionó como el primero en la lista con esta práctica en un 46 %, seguido del Eln con el 6,98 %. El mayor número de víctimas por este flagelo se concentró en Antioquia, Meta, Caquetá y Norte de Santander.

Masacres

Otra de las consecuencias del conflicto armado que enfrentaron cientos de colombianos son las masacres o como comúnmente las catalogó el Gobierno de Duque: homicidios colectivos. El informe del Ministerio de Defensa explica que la palabra masacre no responde a un término jurídico en el Derecho Internacional Humanitario, así como tampoco está en el Código Penal colombiano. El documento trae a colación cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que da cuenta de 1.291 masacres, entre 1980 y 2012, que dejaron un saldo de 11.751 víctimas.

Las estadísticas, únicamente, revelan afectaciones a la población civil, pues a la fecha, se desconoce un registro de ese delito sobre miembros de la fuerza pública. La falta de esta consolidación obedece a que la mayoría de los hostigamientos contra las fuerzas armadas se realizaron en medio de enfrentamientos o tomas guerrilleras que no permitieron un registro minucioso.

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“El registro de masacres perpetradas contra miembros de la Fuerza Pública es un trabajo cuya realización se encuentra pendiente”, reposa en el documento. No obstante, para hacerse una idea de lo que estas podrían implicar, el ministerio plasmó los ataques contra puestos de Policía. Lo hizo con cifras reveladas en 2016 por la CNMH, que tiene registros de 1.146 afectaciones a puestos de policía. Estos hechos ocurrieron entre 1965 y 2013, de los cuales el 62,57 % fueron cometidos por las extintas Farc; el 19,90 % por el Eln; el 4,80 % por el EPL y el otro 12,74 % restante corresponde a otros grupos armados ilegales.

Sobre los ataques a bases militares señalan que entre 1996 y 2002 se registró el mayor número de afectaciones, casi todas perpetradas por las extintas Farc. “En la mayoría de estos ataques se hizo evidente el factor sorpresa y la desproporcionalidad tanto en la superioridad numérica de los guerrilleros frente a los miembros de la Fuerza Pública como en el tipo de armas que usaban estos grupos armados ilegales, incluyendo aquellas prohibidas por el DIH. Estas ventajas les permitieron a organizaciones como las Farc-EP extender el tiempo del ataque que podía llegar a prolongarse por días”, consignaron en el informe.

Desaparición forzada

Otra grave afectación que ha dejado el conflicto armado en Colombia es la desaparición forzada que, a juicio de la CNMH, el registro llega a las 60.630 personas, entre 1970 y 2015. De acuerdo con el informe del Ministerio, este fenómeno se ha presentado ampliamente en un 90,58% de los municipios del país. Los lugares más afectados se ubicaron en el Magdalena Medio, oriente antioqueño y Valle de Aburrá. Y los mayores perpetradores de estos hechos fueron los grupos paramilitares con 46,1%, seguido por las guerrillas en un 19,9%. Según lo que reposa en el informe, el 87% de las víctimas fueron hombres y el 12,2%, mujeres.

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Frente a este flagelo en miembros de la fuerza pública, el documento dice que hay 6.408 registros de desaparición, de los cuales alrededor de 4.000 ocurrieron entre 1997 y 2005. “Dentro de esta época, 1998 fue el año en el que se produjo el número más elevado de víctimas, lo que se explica por la presión ejercida por parte de la guerrilla para acelerar los diálogos de paz con el Gobierno nacional”, señala en el documento y añade que, según cifras de la Universidad del Rosario, para 2003 este delito se volvió a agudizar como respuesta a la implementación de la Política de Seguridad Democrática En esa ocasión, el total de víctimas fueron producto de acciones realizadas por las Farc y luego el Eln.

Lo que dice el informe es que los delitos ocurrieron fuera de combate, cuando los militares se desplazaban por vía terrestre, a bordo de transporte público, para aprovechar sus días de descanso. Así las cosas, el documento resalta que, al momento de su desaparición, no solo se encontraban vestidos de civil, sino por fuera de una guarnición militar y en total estado de indefensión, debido a que, por las condiciones, no portaban armas.

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Respecto de los miembros de la Policía, el informe da cuenta que hay 420 víctimas de desaparición forzada entre 1982 y 2018. En este caso, 1998 también es uno de los años con mayor afectación por ese delito. El 16,35% de los casos de desaparición forzada se produjeron en el departamento de Antioquia, seguido por el departamento del Cauca con el 11.30% y el departamento de Meta, con el 7,69 %. El 61,83% de las desapariciones forzadas de miembros de la Policía fueron perpetradas por grupos guerrilleros”.

Desplazamiento forzado

Este es un suceso que no solo creció durante la épocamás compleja del conflicto, sino que, aún, con el pasar de los días se sigue presentando. El informe del Ministerio también le muestra esa realidad a la JEP y la Comisión de más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado. La cifra, que es quizá la más alta en cuanto afectaciones que dejó el conflicto da cuenta que, entre 1984 y 2016 más de cuatro millones de personas fueron víctimas de esa situación.

Esa realidad no escapa a los ojos de los miembros de las Fuerzas Militares que tiene contabilizadas 130.301 víctimas, entre 1964 y 2015, siendo el período comprendido entre 2006-2015 el que mayor número de reportes presenta con un 81,15%. “Una explicación propia para este aumento desmedido está en la idea del desplazamiento de miembros de las Fuerzas Militares como una de las estrategias empleadas por parte de los grupos armados ilegales, especialmente de las FARC-EP, para tratar de subsanar la derrota estratégica que atravesaban por aquellos años”, resalta el documento.

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La situación no es ajena a las cifras que vinculan policías, señala el documento. Tienen un reporte de 57.778 víctimas de desplazamiento forzado entre los años de 1975 y 2018. Estos desplazamientos tuvieron mayor incidencia en Antioquia, Cauca y Tolima, teniendo como principales autores de los hechos a las AUC.

Homicidio selectivo

Otro reporte que reposa en el documento entregado ante la JEP, la Comisión y el propio jefe de Estado son las afectaciones que dejó el homicidio selectivo. El informe del Ministerio que basa todas sus cifras en archivos del Centro de Memoria Histórica, da cuenta que, entre 1981 y 2012, se registraron 16.338 casos de asesinatos de este tipo, los cuales dejaron como resultado 23.161 víctimas. Esos casos se concentraron en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar y Bolívar, y sus principales responsables fueron, en primera medida, los grupos paramilitares seguidos de las Farc y el Eln.

En lo que concierne a la fuerza pública, las Fuerzas Militares tiene 35.593 víctimas de asesinatos selectivos, mientras que la Policía tiene en su registro 4.386 reportes. Según reposa en el informe, el 22,31% ocurrieron en Antioquia, seguido por Norte de Santander con el 6,94% y el Cauca con 6,25%. En este caso, los grupos paramilitares también llevaron la batuta seguidos de las Bacrim, las Farc, el Eln y los EPL. “Los asesinatos selectivos perpetrados por grupos armados ilegales en contra de miembros de la Fuerza Pública se configuran como una acción criminal predeterminada, incluida en las políticas y planes de estas agrupaciones”, dice el informe.

“Las jaulas de la infamia”

Aunque en uno de sus extensos capítulos, el informe resalta lo que padecieron cientos de colombianos durante el delito de secuestro, el Ministerio abrió un espacio para contar detalles de lo que fue la vida de los miembros de la fuerza pública en cautiverio. Su momento más complejo, según el documento, se vivió a mediados de los años 90 cuando se produjo la retención ilegal de 368 militares y policías como resultado a unos ataques continuos contra bases militares y puestos de policías. Entre ellos, se cuentan la Toma de Miraflores, en Guaviare, la Toma en La Uribe, Meta, el ataque en Puerto Príncipe, Vichada, la Toma de Mitú en Vaupés y la de Patascoy en Nariño.

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“A partir del año 1999, el despeje y desmilitarización de cinco municipios ubicados en el suroriente del país para adelantar las negociaciones entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2020) y este grupo armado ilegal, le permitió a este último obtener un máximo control sobre el territorio, que fue aprovechado para concentrar a los policías y militares secuestrados, más específicamente en zona rural del municipio de la Macarena, en el departamento de Meta, y ubicarlos en las llamadas jaulas de la infamia”, explicaron a modo de contexto en el documento.

Para el sector defensa, en estas “jaulas”, cuya construcción fue ordenada por el ya muerto líder guerrillero Mono Jojoy, los miembros del Ejército y la Policía secuestrados se enfrentaron al horror del cautiverio. Un testimonio que documentan en el informe es el del general de la Policía, Luis Herlindo Mendieta, quien aseguró que estas jaulas fueron construidas con características similares a los campos de concentración ubicados en Auschwitz, Polonia, con los mismos tablados, alambres y mallas.

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“Se trataba de cercos de 40 metros de ancho por 50 metros de largo, en cuyo interior se había construido una especie de alojamiento que constaba de un techo y un piso en tabla donde se levantan unas literas de madera raída que servían de cama a los secuestrados, quienes permanecían atados con cadenas y sogas para evitar que se fugaran”, reposa en el documento. Esas aseveraciones, no solo de miembros de la fuerza pública, sino también de ciudadanos reposan en el macrocaso que abrió la JEP, y que investiga la toma de rehenes por parte de las Farc

Por esos hechos, el tribunal de la justicia transicional responsabilizó a ocho excomandantes de la extinta guerrilla de ser responsables de este delito de lesa humanidad. Entre los acusados se encuentran Rodrigo Londoño Echeverri, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció el 27 de enero de 2021.

El documento que este viernes fue entregado a la justicia transicional no solo consigna ataques como la emboscada en San Juan de Arama, los secuestros que se registraron entre las masacres de Juan José y Urrao, la masacre de Gutiérrez, la toma de Miraflores, la explosión de Atánquez, así como la desaparición del sargento Duque Machado perpetrado por el Eln. Documenta gran parte de lo que fue la ofensiva de las fuerzas armadas para evitar el conflicto armado y todos los estragos que dejó a su paso.

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Como conclusión, el Ministerio de Defensa le dice a la JEP y a la Comisión de la Verdad que “la Fuerza Pública debió acometer una serie de procesos de transformación y adaptación para hacer frente a las amenazas derivadas de la aparición de grupos armados ilegales después de la segunda mitad de la década de los años 60 en el país (…) Los datos relativos a los episodios de violencia cometidos contra integrantes de la Fuerza Pública no corresponden a crímenes cometidos de manera aislada sino a delitos que se cometieron de manera constante a lo largo de los años comprendidos entre 1964 y 2018″.

Ahora, así como cientos de informes que ha recibido la justicia transicional, el componente de justicia, verdad y reparación deberá hacer lo propio con el informe revelado este viernes por el Ministerio de Defensa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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