
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada a las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade, señaladas de presuntamente hacer falsas ofertas de vivienda a bajo costo y apropiarse de los ahorros de familias que buscaban adquirir casas nuevas en Ibagué.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, las hermanas Guzmán Andrade se ganaban la confianza de las víctimas y captaban dinero promocionando inmuebles como “inversiones seguras y de alta rentabilidad”. Al parecer, les prometían a las familias la entrega de su vivienda en un plazo máximo de 180 días o, en su defecto, la devolución del capital con ganancias superiores al 100%.
Lea: Caso Ungrd: Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, llamados a declarar contra Name y Calle
El ente investigador señaló que, para dar apariencia de legalidad al engaño, las mujeres habrían utilizado contratos, recibos, letras de cambio con sus firmas y huellas, así como la facilitación de la entrega de aportes por diferentes valores, ya fuera mediante consignación o en efectivo.
En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso señaló, además, que las mujeres “colaboraron en la creación de una falsa apariencia de legalidad, mediante la suscripción de contratos consensuados, título que le daban a un documento que ellas mismas elaboraban”, con el que daban apariencia de legalidad a los hechos.
Le puede interesar: Subdirector de Ungrd irá a juicio porque habría liberado capturados con 530 kilos de cocaína
Asimismo, señaló que las hermanas “desarrollaron, promovieron y colaboraron en un elaborado plan estratégico destinado a captar dinero del público de forma masiva y habitual”, para lo cual habrían utilizado una red de contactos que actuaba como captadora con el fin de atraer a nuevos inversionistas.
De esta forma, las hermanas Guzmán Andrade habrían estafado a 27 personas. Asimismo, según la Fiscalía, se habrían apropiado de más de COP 600 millones provenientes de negocios y remates inmobiliarios que nunca se concretaron. Las dos mujeres no aceptaron los cargos, pero el proceso en su contra seguirá avanzando.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.