Herbert Arnulfo Bitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, es el último exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro imputado por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con un millonario contrato para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional.
Ante un juez de control de garantías de Bogotá, el ente investigador le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También a dos civiles les endilgaron cargos en la misma diligencia porque, al parecer, habrían hecho parte de ese entramado de corrupción. Se trata de Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie.
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Estos dos últimos tendrán que responder por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguna de las tres personas aceptó los cargos endilgados.
Según la información recopilada por los funcionarios del búnker, el exfuncionario del Ministerio de Defensa y los dos civiles habrían hecho parte del posible entramado corrupto que entre septiembre y diciembre de 2024 habría direccionado de forma irregular un contrato por un valor cercano a los USD 32 millones, para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos.
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La Fiscalía sostiene que en la contratación se habría beneficiado a la empresa Vertol Systems Company, de la cual eran socios Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie. “Presuntamente, se ajustaron las condiciones del contrato y se adelantaron actuaciones para facilitar su adjudicación”, indicaron desde el ente investigador sobre la imputación de cargos.
En su investigación, los funcionarios del búnker han determinado que Buitrago Galán habría dado instrucciones para favorecer al contratista, habría coordinado el intercambio de información con Uribe Forero y Montgomerie para que tuviera conocimiento anticipado de las condiciones de la contratación y habría cumplido funciones de traductor para el extranjero.
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“Entregó una cotización por USD 36 millones para que fuera considerada en la estructuración del contrato. Asimismo, habría conocido informes que advertían que la empresa no acreditaba la capacidad técnica, jurídica, financiera ni la experiencia requerida para ejecutar el contrato”, señaló la Fiscalía en su imputación sobre el posible rol del exfuncionario público.
En cuanto a los dos socios de la empresa Vertol, lo que señala el ente investigador es que habrían participado en reuniones en las que se habría estructurado la millonaria contratación para el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional: “Uribe Forero, al parecer, intervino en la forma de pago para autorizar el desembolso anticipado del 50 %”.
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Fue de esa forma que, según la Fiscalía, el 15 de abril de 2025 le habrían girado USD 16.231 millones a la empresa Vertol, “pese a que el contratista únicamente había ejecutado actividades por cerca de USD 2,6 millones”. En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato y fue en ese momento que empezó a moverse el caso.
Otro de los exfuncionarios del Ministerio de Defensa que también han resultado salpicados por este escándalo y que hoy responde ante la justicia es Luis Edmundo Suárez Soto, viceministro para la Estrategia y Planeación de esa cartera. Según la Fiscalía, fue un personaje clave cuando, en septiembre de 2024, se empezó a estructurar la entrega del millonario contrato.
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“No se limitó a dar la orden ilegal, sino que asumió la dirección de la etapa precontractual, sin tener funciones para ello. Se convirtió en un eje de coordinación del proceso valiéndose de su posición jerárquica dentro del Ministerio de Defensa Nacional, en pro de velar que se cumpliera el propósito criminal inicial, para lo cual realiza múltiples actos complementarios”, dijo la Fiscalía.
El ente investigador ya ha avanzado en la imputación de Luis Edmundo Suárez, quien ha sido señalado de ser el “cerebro” detrás de este entramado de corrupción. El próximo 27 de julio se reanudará la diligencia en su contra, que ha sido aplazada por varias solicitudes de aplazamiento y recursos interpuestos por la defensa del exfuncionario del Ministerio de Defensa.
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