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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Enrique Brenez Vanegas, inspector de Seguridad Operacional de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), por su presunta responsabilidad en irregularidades en la certificación de Vertol Systems, la empresa que obtuvo el contrato por USD 32 millones para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El hombre no aceptó cargos.
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Según la investigación, entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024 Brenez Vanegas viajó a Florida (Estados Unidos) para adelantar una inspección dentro del trámite de renovación del Certificado de Funcionamiento y de la solicitud de nuevas capacidades de Vertol Systems, que participaba en el proceso de adjudicación del contrato. Entre lo solicitado estaba el overhaul, es decir, la aprobación para realizar reparaciones mayores o generales, que incluye helicópteros.
El 20 de noviembre de 2024, el inspector presentó un informe en el que identificó 19 no conformidades y ordenó implementar un Plan de Acción Correctiva en los diez días siguientes. Entre las deficiencias, advirtió que la empresa no tenía la capacidad para el mantenimiento de aeronaves de mayor envergadura, como los helicópteros rusos MI-17, requisito necesario para las labores del contrato.
Además, según la Fiscalía, el funcionario conocía de antemano un reporte del fabricante de los helicópteros que alertó a la Aerocivil de que la compañía no recibía asesoría, apoyo técnico ni capacitaciones para desarrollar actividades de overhaul.
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Pese a ello, ese mismo 20 de noviembre el inspector emitió un segundo reporte en el que dio concepto técnico favorable a Vertol Systems e incluyó la capacidad de overhaul. De acuerdo con las pruebas citadas por la Fiscalía, las inconsistencias previamente documentadas no habían sido corregidas.
El ente acusador sostiene que, con este segundo informe, Brenez Vanegas habría inducido en error a otros servidores de la Aerocivil, quienes el 26 de noviembre de 2024 expidieron el Certificado de Funcionamiento con las capacidades solicitadas. Ese documento le habría permitido a la firma obtener el contrato de mantenimiento de los helicópteros militares.
Esta imputación se suma a las que la Fiscalía ha formulado por las presuntas irregularidades en el mismo contrato, firmado el 31 de diciembre de 2024 con Vertol Systems por USD 32 millones.
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El 8 de septiembre de 2026, ante una jueza de control de garantías de Bogotá, el ente acusador imputó cargos a tres personas vinculadas al sector Defensa por su presunta participación en un esquema para direccionar el contrato: el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exjefe de contratación de Indumil, y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor del Ministerio de Defensa. Ninguno aceptó los cargos.
Según la Fiscalía, las evaluaciones de la propuesta de Vertol Systems indicaban que la empresa no contaba con las capacidades técnicas ni la experiencia necesarias para ejecutar el contrato. En enero de 2025, cuando ya estaba en ejecución, la firma habría incumplido con las pólizas, solicitado prórrogas y cambios en las condiciones de pago, y obtenido un anticipo superior a COP 69.000 millones. Por esos incumplimientos, el Ministerio de Defensa la sancionó en 2025 con COP 33.700 millones.
En julio de este año, la Fiscalía también imputó cargos al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la planeación y ejecución del contrato. Una jueza de control de garantías formalizó la imputación después de que el exfuncionario compareciera a la audiencia. La diligencia se había aplazado el 21 de abril, cuando no asistió y la Fiscalía solicitó que fuera declarado en contumacia, petición que la jueza negó.
Según la investigación, Suárez Soto, sin tener competencia funcional para ello, habría direccionado el proceso contractual que culminó con la firma del contrato el 31 de diciembre de 2024 con Vertol Systems. La Fiscalía sostiene que habría ordenado adelantar la contratación mediante un proceso de selección directa reservada, con el propósito de beneficiar a esa firma, representada por un ciudadano estadounidense, que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera necesarias para ejecutar el contrato.
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El ente acusador afirma, además, que habría concertado el direccionamiento con Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, relacionados con Vertol. De acuerdo con la imputación, esos contratistas “entre los meses de septiembre y octubre de 2024 (…) lograron cohesionar a varios servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que direccionaran el proceso contractual”.
Las pruebas citadas por la Fiscalía indican que el exviceministro habría participado en reuniones de estructuración para flexibilizar los requisitos del proceso, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato. Este último punto conecta con el caso del inspector Brenez Vanegas, cuya inspección hacía parte del trámite de certificación de Vertol Systems ante esa entidad.
Suárez Soto no aceptó los cargos por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
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