El balance oficial sobre incautaciones de dinero que podría estar relacionado con delitos electorales sigue creciendo a días de las elecciones legislativas. De acuerdo con un consolidado, actualizado al 6 de marzo, en 2026 ya van 20 casos de incautación, 28 capturas y COP $3.365 millones decomisados en distintos puntos del país.
El nuevo corte deja ver, además, una constante que preocupa a las autoridades: el dinero aparece, las capturas se producen, pero la judicialización avanza con dificultades. De las 28 personas detenidas en estos procedimientos, 18 quedaron en libertad, nueve siguen pendientes de que se defina su situación jurídica y solo una fue enviada a prisión intramural.
En otras palabras, el aumento de operativos no se ha traducido, por ahora, en una proporción similar de medidas privativas de la libertad. Según el Ministerio de Defensa, los 20 casos se han registrado en Meta, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Sucre, Santander, Córdoba, La Guajira, Chocó, Tolima, Casanare, Guaviare y Cundinamarca, además de un caso reportado en Urabá.
Meta encabeza la lista con tres procedimientos. Le siguen Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Sucre, con dos casos cada uno. El resto de territorios suma un caso por departamento o subregión.
Entre los hallazgos de mayor cuantía sigue sobresaliendo el caso de Montería (Córdoba), del pasado 4 de marzo, donde fueron encontrados COP $434 millones en un vehículo particular. Ese caso terminó con dos capturas que, al momento del consolidado, seguían en audiencia.
También figura Puerto Triunfo (Antioquia), con COP $243 millones hallados en una camioneta y tres capturados que quedaron en libertad; y caso en La Pintada (Antioquia), con COP $212 millones encontrados en una motocicleta y dos personas capturadas, luego dejadas en libertad.
Otro de los casos que más ha llamado la atención de las autoridades ocurrió en Hatonuevo (La Guajira), donde fueron hallados COP $145 millones en un vehículo. En ese proceso, según el material oficial, hubo dos capturas. En ese mismo caso, fue detenido un escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.
Aunque el hombre fue dejado en libertad, al parecer por falta de pruebas, en el vehículo que transportaba el dinero también había propaganda política y sobres con plata dirigidos a varios políticos de la zona que están en campaña.
El nuevo consolidado de casos incluye además el proceso de Barrancabermeja, con $109 millones encontrados en un camión y dos personas capturadas que quedaron libres, y el de Mapiripán (Meta), con $100 millones hallados en una lancha.
Este último es, hasta ahora, el expediente más avanzado en materia de medidas de aseguramiento: allí hubo tres capturas, dos personas quedaron en libertad y una fue enviada a prisión intramural.
En el reporte anterior ya habían sido reseñados otros procedimientos que alimentan la misma hipótesis de las autoridades: que parte del dinero en efectivo que se ha venido moviendo en los días previos a las elecciones podría estar destinado a la compra de votos.
Entre ellos están los casos de Ibagué, donde fueron hallados más de COP $70 millones junto con propaganda de una candidata liberal a la Cámara; Montería, donde fue capturado el exconcejal Misael Augusto Villareal; y La Guajira, donde apareció dinero distribuido en sobres marcados con nombres de políticos y lugares de votación.
Pese a ello, tanto la Policía como la Fiscalía han insistido en que todavía no pueden afirmar que la totalidad de esos recursos tuviera como destino la comisión de delitos electorales. Lo que sigue en cada expediente es una tarea más compleja: probar el origen del dinero, establecer su destinación final y determinar si existió una red organizada para alterar la voluntad de los votantes.
En varios casos, además, la discusión judicial se ha concentrado en la legalidad de los procedimientos, lo que ha debilitado la posibilidad de mantener privadas de la libertad a las personas capturadas.
En paralelo con ese aumento de incautaciones, el Ministerio de Defensa empezó a mover una nueva campaña de denuncia ciudadana. A través de la línea 157 anticorrupción, la cartera ministerial ofrece hasta COP $50 millones de recompensa a quienes entreguen información sobre violencia, amenazas y constreñimiento al votante, compra de votos y corrupción electoral, así como fraude, suplantación y voto ilegal.
La estrategia hace parte del plan “Seguridad & Democracia 2026”, con el que el Gobierno busca reforzar la vigilancia antes de la jornada electoral. Las autoridades mantienen, además, seguimiento especial sobre 272 municipios identificados con posibles riesgos para la transparencia del proceso y para la seguridad de la jornada.
Allí, según fuentes oficiales, podrían producirse nuevos procedimientos en las horas previas a las elecciones. El mensaje de fondo del nuevo balance es claro: el flujo de grandes sumas de dinero en efectivo encendió las alarmas del Estado, pero el verdadero reto apenas comienza en los despachos judiciales, donde deberá probarse si detrás de estos movimientos hubo, en efecto, una operación para comprar las elecciones.
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