A dos semanas de las elecciones para Congreso de la República y de las consultas que definirán la lista de candidatos a la Presidencia, la Defensoría del Pueblo dio a conocer su informe sobre la alerta temprana electoral que emitió el año pasado. La entidad defensora de derechos humanos advirtió que el cumplimiento de los llamados al Estado y a sus instituciones para garantizar unas elecciones en paz es parcial, pero no suficiente.
La Defensoría señaló que, de cara a las elecciones, la incidencia de grupos al margen de la ley en las regiones es una tendencia que preocupa. Muestra de ello es que entre octubre del año pasado, cuando fue emitida la alerta, y hasta la fecha, se han registrado 457 casos de amenazas de muerte contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto previo a las elecciones.
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“El escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país”, señaló la Defensoría en su informe. Aunque el riesgo es generalizado, las alarmas están puestas de forma particular en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
El documento agrega que no hay garantías suficientes para el ejercicio de la política en los territorios. “Los candidatos enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización, así como por restricciones severas a su movilidad y la prohibición de realizar proselitismo en territorios dominados por grupos armados que ejercen gobernanza armada ilegal”, detalla el informe.
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La Defensoría clasificó en cinco grupos a los municipios que hacen parte de su mapa de riesgos electorales, según el nivel de gravedad que se presenta en cada uno de ellos. La entidad señaló que 69 municipios son los que presentan las condiciones más graves y los clasificó como poblaciones con “llamado a la acción inmediata” a las autoridades. Otros 168 requieren medidas de carácter urgente y 433 exigen acciones de tipo prioritario.
De los municipios mapeados bajo riesgo por la Defensoría en octubre de 2025, cuando fue emitida la alerta temprana, 45 cambiaron su categoría de llamado a la acción por cuenta del aumento de los riesgos de cara a las elecciones. La entidad detalló que en esos lugares, son los firmantes del Acuerdo de Paz, la población líder y defensora de derechos humanos, las mujeres y los periodistas los que están en el centro de los riesgos.
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Lo mismo sucede con los servidores públicos, que según el documento “enfrentan un riesgo creciente marcado por amenazas, coacciones, restricciones de movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales para incidir en la gestión pública y el desarrollo de los comicios. Estas acciones debilitan la gobernabilidad local, generan desplazamiento institucional y afectan de manera crítica la logística, la transparencia y la legitimidad del proceso democrático, especialmente en territorios con alta disputa y control criminal”.
A la acción de los grupos ilegales, que son los principales dinamizadores de los conflictos que ponen en riesgo las elecciones, se suma también la escasa respuesta por parte del gobierno. La Defensoría detalla que, de las recomendaciones hechas en octubre de 2025, algunas están en un panorama crítico, como la relacionada con el fortalecimiento comunitario y organizativo, donde los avances calculados por la entidad son del 0%.
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En total, el Estado solo ha avanzado en el cumplimiento del 42% de las recomendaciones hechas por la Defensoría el año pasado y, a dos semanas de que los ciudadanos vayan a las urnas, las tareas y cuentas pendientes alcanzan el 58%. “La falta de articulación está debilitando la gobernanza y la capacidad de respuesta del Estado. La ausencia de medidas sostenidas está permitiendo la persistencia de escenarios de amenaza y control armado por parte de grupos armados ilegales”, señala el informe.
El documento concluye haciéndole un llamado de atención a las autoridades para que no quite la vista de seis puntos claves para que haya plenas garantías electorales el próximo 8 de marzo, cuando la ciudadanía vaya a las urnas. Le pidió, por ejemplo, al Ministerio del Interior “que el Estado actúe de manera organizada, rápida y efectiva frente a los riesgos electorales”, y que el Estado garantice “planes claros, con responsables, plazos definidos y resultados verificables, tanto a nivel nacional como territorial”.
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También exigió que el Estado busque salidas efectivas para ponerle freno al control de los grupos armados en los territorios y de las estructuras criminales, que, según su análisis, “buscan interferir en las elecciones”. Así como la “prevención y protección de candidaturas y población en riesgo”, mediante “medidas integrales para el ejercicio de los derechos” por parte de candidatos, líderes sociales, víctimas, firmantes de paz y comunidades en riesgo”.
Finalmente, la entidad instó a las autoridades competentes para que investiguen y judicialicen a los responsables de delitos electorales y violaciones de derechos humanos, que fortalezcan la participación ciudadana “con confianza, sin barreras ni exclusión”. Y que haya vigilancia y control institucional desde figuras claves como la Procuraduría, que ha venido midiéndole la temperatura al panorama electoral.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que hay zonas del país en las que los riesgos se agravan por cuenta de la influencia de los grupos al margen de la ley sobre los mandatarios locales. “La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, como se observa, por ejemplo, en la subregión de Sabanas en Sucre, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, dijo la funcionaria.
Y concluyó: “Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”.
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