La Procuraduría abrió una nueva investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez; y dos exdirectivos más. El Ministerio Público revisa las presuntas irregularidades en un millonario contrato de logística para garantizar la atención de la emergencia generada por el fenómeno de La Niña en 2022.
Según el ente de control, el contrato tuvo un valor de COP 5.000 millones. La investigación también es en contra del exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el exsubdirector general de la entidad y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), Víctor Andrés Meza Galván.
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En un comunicado, la Procuraduría señaló que, a juicio de la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, “podrían haberse presentado posibles deficiencias en la planeación del contrato”. Además, el ente disciplinario considera necesario establecer si el análisis de precios y el estudio de mercado fueron suficientes, razonados y verificables.
La Procuraduría también señaló que, con la apertura de la investigación disciplinaria, busca verificar la legalidad de la selección del contratista y el cumplimiento de las condiciones de idoneidad. Asimismo, pretende determinar si, durante la ejecución del contrato, “se garantizó una comprobación material del cumplimiento de las obligaciones, la adecuada certificación del recibo a satisfacción y la correcta validación de los pagos”.
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Esta investigación se suma a otros procesos disciplinarios y penales que enfrentan los exdirectivos de la Ungrd. Por ejemplo, el pasado 23 de junio, Olmedo López aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir dentro del escándalo de corrupción de la entidad, conocido desde comienzos de 2024.
Los hechos se remontan a la compra de 40 carrotanques para transportar agua que, supuestamente, aliviarían las necesidades de las comunidades en La Guajira. Según ha detallado la Fiscalía, el contrato se suscribió por COP 46.800 millones y habría generado un sobrecosto de COP 14.163 millones. Ese dinero, de acuerdo con el ente acusador, habría sido apropiado por Olmedo López, Sneyder Pinilla y el empresario pastuso Luis Eduardo López. Los tres enfrentan procesos judiciales.
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Por sus versiones ante la justicia, hoy están llamados a juicio los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. También la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González (prófugo en Nicaragua); y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
En el caso de Sneyder Pinilla, el 29 de abril de 2025 fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Así lo determinó el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá, tras avalar el preacuerdo suscrito entre el exfuncionario y la Fiscalía. La condena corresponde a los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, por su participación en el entramado de corrupción que operó en la Ungrd entre 2023 y 2024.
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Además de admitir su responsabilidad, Sneyder Pinilla se convirtió en testigo de la Fiscalía contra al menos 25 personas investigadas por este caso, entre ellas altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y varios congresistas.
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