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JEP atribuye responsabilidad a militar (r) por tortura de indígenas arhuacos

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP también remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a siete antiguos miembros del Ejército por no reconocer su responsabilidad por los hechos. Los crímenes fueron calificados como de lesa humanidad y de guerra.

La JEP atribuyó responsabilidad al mayor (r) del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por la tortura de los indígenas Amado y Vicente Villafañe Chaparro, del pueblo Arhuaco.
La JEP atribuyó responsabilidad al mayor (r) del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por la tortura de los indígenas Amado y Vicente Villafañe Chaparro, del pueblo Arhuaco.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad al mayor en retiro del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por la tortura de los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro de los pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El exuniformado aceptó su responsabilidad en los hechos y deberá elaborar una propuesta de reparación que consiste en recuperar el Cerro Inarwa, sitio sagrado y espiritual de peregrinación en la Sierra Nevada.

Por otro lado, la Sala remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP a siete antiguos miembros del Ejército por no reconocer su responsabilidad por los hechos. Los crímenes fueron calificados como de lesa humanidad y de guerra y están relacionados con el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los mamos arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, máximos líderes espirituales de este pueblo.

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Se trata del general (r) Juan Salcedo Lora, excomandante de la Segunda Brigada, y de cuatro coroneles en retiro. Estos últimos son Luis Fernando Duque Izquierdo, excomandante del Batallón La Popa; Luis Fernando Urrego Ávila, entonces mayor de la Brigada Móvil Número Uno; Rafael Mejía Roa, exjefe de la Sección de Operaciones del Batallón La Popa, y Álvaro Matallana Eslava, excomandante del Batallón Guajiros.

También fueron remitidos a la UIA el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo, exjefe de la Sección de Inteligencia del Batallón La Popa, y Cosme García Camacho, exintegrante de la Sección de Inteligencia de esta última unidad. Dos de los uniformados remitidos, el coronel Duque y el capitán Fernández, habían sido sancionados con destitución por la Procuraduría General de la Nación y sus investigaciones habían sido cerradas en la Justicia Penal Militar.

Además, en la misma decisión, la Sala expulsó al compareciente de la Fuerza Pública Daniel Rivera Rincón, debido a las investigaciones penales que enfrenta por delitos cometidos presuntamente después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

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Según detalló la JEP, la investigación permitió esclarecer varios hechos. Entre ellos, la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, la participación de hacendados y empresarios del departamento del Cesar en los crímenes y la ubicación de los lugares donde habrían estado secuestrados los mamos antes de su asesinato.

Entre estos últimos se encuentran "una casa en la Plaza Alfonso López de Valledupar, propiedad de la familia de José y Carlos Mattos, y la hacienda ganadera Bethania, propiedad de Luis Alberto Restrepo en El Copey, Cesar. Allí permanecían acantonadas tropas del Ejército y grupos paramilitares", aseguró la Jurisdicción.

Asimismo, se logró esclarecer la manera en la que fueron asesinados los mamos en la carretera, a manos de hombres armados al mando de Wilson Ramírez, jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías, en presencia del coronel (r) Luis Fernando Urrego.

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"Según su declaración, Urrego habría recibido la orden del fallecido general Hugo Tovar Sánchez, comandante de la Brigada Móvil, de permanecer en la zona, radicarse en las haciendas de Macías y Restrepo y colaborar con los grupos armados por ellos establecidos", señaló la JEP.

Los mamos arhuacos, según detalló la Jurisdicción, se dirigían a Bogotá con el fin de aportar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente para abogar por los derechos de los pueblos étnicos a su autonomía, por el respeto de la naturaleza, de su territorio y de una vida en paz.

La JEP señaló que la estigmatización contra los máximos líderes se debió a la utilización del territorio sagrado ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de las antiguas Farc. Durante el trámite, la Sala abrió un incidente de condicionalidad por el incumplimiento del deber que tienen los comparecientes de aportar verdad.

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Las víctimas cuestionaron como insuficientes y falsos los aportes a la verdad de los comparecientes, quienes pidieron no ser excluidos de la Jurisdicción. En este punto, la decisión de la Sala no fue unánime.

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Además, la JEP, la UIA y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantaron acciones para ubicar a las víctimas. En ese proceso fueron encontrados restos óseos humanos en la hacienda Bethania.

Debido a este hallazgo y a la alteración de la zona, así como a las dificultades iniciales para realizar la exhumación, la JEP remitió el caso a la Fiscalía para que investigue posibles delitos y la eventual participación de terceros civiles en los crímenes y en la conformación de grupos paramilitares.

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