
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un nuevo presidente que llegó, entre otras cosas, con la tarea de apretarse el cinturón para que los recursos financieros alcancen para los próximos dos años y no se queden a mitad de camino. Este jueves 5 de noviembre, el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth se posesionó como presidente de esa jurisdicción e inició su periodo con decisiones y anuncios que marcan un cambio drástico en la operatividad de la JEP de ahora en adelante. Cambiar de edificio, reducir esquemas de protección, recortar más de la mitad de sus contratistas y otras medidas de ahorro fueron anunciadas en las primeras horas del nuevo mandato, en el que lo acompañará la togada Diana María Vega Laguna como vicepresidenta.
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La austeridad será la regla y no es para menos. Antes de que iniciara la discusión en el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, la JEP solicitó que se le concedieran COP 947.000 millones para operar. Sin embargo, el gobierno de Abelardo de la Espriella pensó en destinar solamente COP 822.000 millones a esa jurisdicción. Aún así, fue el Legislativo el que determinó que la JEP tendría que seguir adelante solamente con COP 721.803 millones. Bajo ese panorama, el magistrado Rojas Betancourth anunció que “en marzo de 2027, entregaremos este edificio de 15.000 m2 y nos pasaremos a uno de 4.200 metros cuadrados, con una reducción de costos de unos COP 26 mil millones anuales, lo que nos obliga a imponer el trabajo virtual como regla y estructurar un modelo de trabajo rotativo”.
Asimismo, expuso que dentro de las próximas medidas está entregar las oficinas de “los enlaces territoriales, buscando apoyo en las universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las entidades públicas territoriales –alcaldías y gobernaciones– y las organizaciones privadas”. Por otra parte, está que ya se decidió “reducir los esquemas de protección de magistrados, fiscales y secretario ejecutivo –de hecho, estos últimos no lo reducirán: prescindirá de ellos–”. Uno de los puntos que más preocupa es que “se decidió variar y reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes. Con ello habrá un ‘ahorro’ aproximado de 37 mil millones de pesos anuales”.
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Las afectaciones del recorte presupuestal no lo sufrirán solamente las víctimas y magistrados sino también los contratistas de la JEP. “Igualmente hemos ya decidido un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, lo que representará un ajuste aproximado de COP 83.000 millones”, anunció el presidente Rojas Betancourth. Por ahora, solo hay anuncios que no pintan bien para el futuro de la jurisdicción que tendrá que ver cómo hace para trabajar a media máquina. Eso lo sabe el togado, quien expuso que “será necesario realizar una reestructuración de la planta de personal, de modo que logre suplirse de la mejor forma posible el apoyo faltante”.
Además de estas medidas que son las más próximas, el nuevo presidente de la JEP anunció otra tanda de acciones para los meses y años que vienen. "Luego de informar mañana 6 de noviembre al Ministerio de Hacienda la desagregación del presupuesto, conforme a la normatividad pertinente, en lo que resta del año debemos ajustar el nuevo plan estratégico que nos servirá de hoja de ruta en los próximos cuatro años a partir del criterio pragmático de hacer más con menos: menos tiempo y menos recursos", dijo durante su posesión.
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Agregó que "la coyuntura de terminación del periodo del anterior Plan Estratégico en diciembre próximo nos brinda la oportunidad de proyectar un nuevo plan para los siguientes cuatro años en el que claramente, la JEP inicia su cierre de actividades". Añadió que "en el nuevo plan estratégico fijaremos fechas de cierres parciales y definitivos de actividades, empezando por las principales tareas que actualmente tienen la Sala de Amnistía o Indulto –unas 2000 solicitudes de amnistía– y la Sala de Reconocimiento de Verdad, y Responsabilidad (SRVR) –el cierre de la fase dialógica de los 11 macrocasos con la expedición de las 22 resoluciones de conclusiones pendientes–”.
Para marzo próximo, dijo, “la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) –nuestra pequeña Fiscalía– habrá hecho las últimas acusaciones que considere viables ante el Tribunal para la Paz para iniciar los correspondientes juicios adversariales o solicitado las preclusiones que sean el caso”. A pesar de estar intentando hacer más con menos, como dijo, reconoció que será necesario pedir apoyo al gobierno para seguir funcionando. “Pediremos al gobierno nacional asumir esta responsabilidad, la protección de víctimas, testigos y comparecientes, con base en lo establecido en las normas pertinentes”.
Aunque el recorte es grande en cuanto al uso de instalaciones y de contratistas, aseguró que "la JEP tampoco abandonará su gestión para que el Gobierno nacional, el Congreso y todos los actores relevantes, entiendan el momento decisivo de su gestión, para avanzar hacia el equilibrio presupuestal requerido durante los próximos dos años”. El magistrado aprovechó también el momento para pedir ayuda por fuera del país. "Ayúdenos a pedirle a la comunidad internacional a renovar el apoyo técnico y financiero que en este momento decisivo necesita la JEP, con ocasión del recorte presupuestal realizado”, sostuvo.
El próximo año será clave para el futuro de la JEP, pues con un presupuesto tan limitado tendrán que cumplir con sus funciones y obligaciones a la par de una administración nacional que, desde campaña, mostró de frente que la jurisdicción transitoria no es su prioridad y en la cual no cree. Después de la prueba de fuego que será 2027, el nuevo presidente y la vicepresidenta tendrán que tender puentes para que en 2028 puedan tener más recursos. Claro está, si logran llegar a esa fecha con algo de dinero y habiendo cumplido a las víctimas y comparecientes, demostrando que la jurisdicción transitoria sí es necesaria y entrega resultados.
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antonio(7747)•06 de noviembre de 2026 – 09:13Según la información reciente reportada por la propia entidad y su presidencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con aproximadamente 1.456 a 1.460 funcionarios de planta. En cuanto a los contratistas, la entidad maneja alrededor de 1.200 contratistas. Ademas desde la creación d ela JEP se creó la sección de apelaciones, la cual su ha pasado gran parte del tiempo haciendo nada.
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Gloria Lucia(48075)•06 de noviembre de 2026 – 06:45Qué vergüenza que suceda esto, quedará ese legado de este gobierno
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Javier(ti8zq)•06 de noviembre de 2026 – 06:27Ni modo, pedir a Dinamarca, Paises Bajos, etc., paises que reconozcan la importancia de estos procesos