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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc por violencias basadas en género, violencia sexual y violencia por prejuicio contra la población civil durante el conflicto armado. La decisión corresponde al Subcaso 01 del Caso 11 y fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en una investigación liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
Según la JEP, los 11 comparecientes fueron identificados como máximos responsables, por mando o por autoría directa. Se les atribuyen crímenes de guerra como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles. También se les imputan crímenes de lesa humanidad como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso. La entidad recordó que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.
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Los imputados son excomandantes de frente, integrantes de estados mayores y otros miembros de cinco estructuras. Del Bloque Sur fueron imputados Fabián Ramírez Cabrera, conocido como alias “Fabián Ramírez”, y Floresmiro Burbano, alias “Martín Corena”. Del Bloque Oriental, Élmer Caviedes, “Albeiro Córdoba”; Bertulfo Caicedo Garzón, “Alberto Pitufo”; y Jaime Vásquez Calderón, “Arquímedes”.
Del Bloque Noroccidental aparecen Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias “Isaías Trujillo”, y Ovidio Antonio Mesa Ospina, “Anderson” o “Carranza”. Del Comando Conjunto Central, Luis Eduardo Rayo, “Marlon”, y Gustavo Bocanegra Ortegón, “Donald”. Y del Comando Conjunto de Occidente, Jair Enrique Acosta Cuantindioy, “Javier Guzmán” o “Chugo”, y Reinel Natalio García Mojica, alias “Ricardo el Pija”.
La Sala concluyó que los hechos no fueron aislados, sino que obedecieron a dos patrones: la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres civiles, y la violencia por prejuicio contra personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas. Además, identificó hechos de especial gravedad en los que la violencia sexual se habría utilizado como castigo contra civiles acusados de desobedecer a la guerrilla o de colaborar con grupos enemigos, con el fin de ejercer control social y territorial.
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“Algunas víctimas relataron que fueron sometidas a agresiones con el propósito de modificar, castigar o reprimir su orientación sexual o identidad de género. Otras fueron amenazadas y obligadas a abandonar sus hogares y comunidades”, sostuvo la JEP.
Entre las historias documentadas en el caso, “un joven gay de 18 años relató ante la JEP que fue sometido a violencia sexual en dos ocasiones bajo los señalamientos de ‘ser del otro equipo’, recriminándole que ‘los maricas acá no son permitidos’ y que la agresión se realizaba para que aprendiera ‘a ser hombre’”.
La JEP afirmó que, aunque la guerrilla tenía normas internas que prohibían las agresiones sexuales contra civiles, estas no impidieron los crímenes ni garantizaron mecanismos para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos. Para la Sala, varios de los excomandantes son responsables por no prevenir, investigar ni castigar a sus subalternos, mientras que otros serían autores directos. También señaló que la mayoría de los autores materiales murieron durante la guerra.
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La imputación se apoyó en los relatos de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, y las versiones de 54 comparecientes. Según la JEP, 573 de las víctimas son mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 son hombres, seis de ellos hombres trans. La entidad indicó que 272 personas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.
Sin embargo, “la Sala documentó, además, las dificultades particulares para denunciar estas conductas, asociadas al temor, la discriminación y la persistencia de prejuicios sociales. Por ello, el número de hechos documentados no puede interpretarse como una medida definitiva de la magnitud de estas violencias. Se trata, más bien, de hechos representativos de lo que sucedió”, se lee en el auto enmarcado en el Caso 11. Esta investigación fue abierta en septiembre de 2023, tras las solicitudes de las víctimas y sus organizaciones.
En cuanto a los avances de estos casos en la justicia ordinaria, la JEP señaló que, de 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % no superó las etapas preliminares. Además, ninguno de los 11 imputados había estado en prisión por estos crímenes.
Los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para que recononozcan o no los hechos y las responsabilidades atribuidas. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, se convocará a una audiencia de reconocimiento, preparada con las víctimas. Después, la Sala emitirá una resolución de conclusiones con los candidatos a sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad, pero no prisión. Si niegan su responsabilidad, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y podría derivar en un juicio similar al de la justicia ordinaria, con penas de hasta 20 años de prisión en caso de que se compruebe su responsabilidad.
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LRAJ(xz8ca)•10 de noviembre de 2026 – 02:20Eximir de pagar cárcel a los peores criminales es la justicia que la JEP y el supuesto proceso de paz le ofrecen al país.
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Diana cp(85842)•09 de noviembre de 2026 – 19:03La condena ir a regar las florecitas, que burla a las victimas es ese bodrio costoso JEP