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La abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria, defensora de comparecientes de las antiguas Farc, fue víctima de una retención violenta. Así lo confirmó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una denuncia la opinión pública y las autoridades nacionales emitida en la noche del pasado 20 de septiembre.
Según la JEP, los hechos ocurrieron el sector del cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), mientras la defensora se desplazaba hacía La Plata (Huila). La entidad señaló que en el trayecto, hombres armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que viajaban.
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Allí, las personas armadas "encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona". Luego, según detalló la entidad, los agresores despojaron al esquema del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos, dejándolos incomunicados.
La JEP rechazó el hecho de violencia contra la abogada y sus esquemas de seguridad, subrayando que este hecho "constituye un acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial". Además, la entidad señaló que la defensora está vinculada a la Justicia Transicional mediante un convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).
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En ese sentido, aseguró que "la Jurisdicción rechaza categóricamente cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio". Asimismo, explicó que Herrera Gaviria ya había sido víctima de diferentes amenazas, por lo que, el pasado 6 de mayo, le fue asignado el esquema de protección.
"Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura", señaló la JEP. Por eso, le exigió al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de "todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia".
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