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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de actos de violencia sexual, cometidos entre los años 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba. Esto, en el marco del conflicto armado interno de Colombia.
Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado fueron acreditados de acuerdo con la decisión adoptada en el Subcaso 02 del Caso 11 y en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08. En ambos casos, la JEP estableció que al menos 35 de las víctimas eran menores de edad cuando fueron sometidos a este tipo de abusos: 19 tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes de entre 13 y 18 años.
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Según identificó la JEP, los actos de violencia eran “utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género”. Asimismo, el tribunal especial aseguró que esta decisión marca un “precedente histórico en Colombia”, al establecer y visibilizar los patrones, las causas y los impactos específicos de la violencia sexual contra hombres y niños en el marco del conflicto armado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad comprobó que muchas de las víctimas acreditadas por la JEP guardaron silencio durante años por miedo, vergüenza y la falta de garantías institucionales. Por esta razón, no denunciaron los actos de los que fueron víctimas y, en los casos en los que sí acudieron a instancias estatales, como los órganos de control, solo reportaron hechos relacionados con el desplazamiento forzado, omitiendo los abusos sexuales.
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Asimismo, la JEP confirmó que este tipo de violencias buscaban atacar “la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica, dominante y violenta”.
El magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso 02 del macrocaso 11 —que estudia hechos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual— destacó que este avance no habría sido posible “sin el valor de los hombres víctimas que, enfrentando las cargas culturales que imponen su silencio, decidieron relatar sus experiencias a la JEP y reclamar su derecho a participar”.
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