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Las grabaciones que hizo el ingeniero Jorge Enrique Pizano y que se conocieron justamente hace un año, fueron el detonante de una novela jurídico-política que antecedió hechos como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de sacar por completo a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez de tres investigaciones claves en el escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht, así como de la súbita renuncia del fiscal Martínez en mayo de este año. El contenido de esos audios reveló una nueva cara de lo que hasta ese momento se sabía de los sobornos, y les dieron más fuerza a los reproches que ya existían en contra del hoy exfiscal y su papel en el caso más grave de corrupción en el continente.
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Tan fuerte fue el impacto de las grabaciones que, en menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia ordenó nombrar un fiscal ad hoc para que se encargara del trabajo que, según su criterio, no podían seguir haciendo Martínez ni su vicefiscal, María Paulina Riveros. En diciembre de 2018, cuando se conoció la decisión del tribunal, y que el abogado Leonardo Espinosa sería la cabeza de esa Fiscalía alterna, en los audios de Pizano ya había quedado en evidencia que el papel de Néstor Humberto Martínez dentro de la Concesionaria Ruta del Sol no había sido menor. Pizano lo eligió a él para contarle los detalles de lo que había empezado a descifrar desde que Corficolombiana lo nombró como controller de la concesionaria.
El ingeniero Pizano, quien había estado en la gerencia del Acueducto de Bogotá, se convirtió en una especie de supervisor de todos los contratos para la construcción de la Ruta del Sol 2 que firmó la concesionaria, compuesta en su mayoría por Odebrecht, en segundo lugar por Corficolombiana (del Grupo Aval) y, en minoría, por CSS Constructores. Su trabajo era cerciorarse de que se cumpliera con las reglas de contratación limpia, que no hubiera lavado de dinero ni ningún otro tipo de delito. Pronto se dio cuenta de que el modelo de trabajo de la multinacional brasileña iba en contra de todos los estándares de contratación transparente y empezó a documentar una a una las irregularidades.
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En agosto de 2015, cuando ya se conocía la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil, Pizano organizó todos sus documentos y visitó a Martínez, con un micrófono escondido en su ropa. Con papeles en mano, le explicó al entonces asesor jurídico del Grupo Aval cómo se dio cuenta de que había facturas falsas, contratistas que no tenían la experiencia requerida, duplicación de firmas y reuniones sin explicación en la concesionaria. El exfiscal lo escuchó con atención y, en otra reunión, le explicó uno a uno los delitos que podrían estarse cometiendo: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación…”.
Según las investigaciones que hizo la Fiscalía cuando ya Martínez la encabezaba, todas esas anomalías ocultaban el pago de sobornos a funcionarios o políticos a cambio de beneficios para Odebrecht. Sin embargo, el entonces fiscal nunca aclaró públicamente que, desde 2015 —un año antes de posesionarse como fiscal general—, el controller de la concesionaria lo había alertado sobre esas irregularidades con el objetivo de que él se las transmitiera a Luis Carlos Sarmiento. Pizano repitió esa reunión con Alberto Mariño y Rafael Neira, altos directivos del Grupo Aval. “Es la fábrica de los contratos falsos, de la porquería más grande”, le dijo Pizano a Mariño. “Les vamos a decir a Odebrecht que perdimos la confianza”, respondió Neira.
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Pizano nunca tuvo claro si sus alarmas llegaron a oídos de los Sarmiento en ese momento. Pero sí supo, y el país también, que por esa misma época los socios colombianos pidieron respuestas a los brasileños y el resultado de esas conversaciones fue un contrato de transacción por el cual Odebrecht le pagó o reembolsó $33.000 millones al Grupo Aval. Martínez, como asesor jurídico, recibió el encargo de redactar ese contrato que se firmó el 7 de abril de 2016 —un mes después de la condena de Marcelo Odebrecht—. Además del pago, en el documento se pactó que las partes renunciarían a cualquier acción o reclamación entre sí y que quedaron obligadas a guardar confidencialidad.
La columnista María Jimena Duzán calificó ese contrato como el “pacto de silencio” entre los socios de la concesionaria para dejar ocultas las andanzas ilegales de los brasileños en el país y lo que pasó luego del contrato es historia nacional. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la multinacional brasileña entregó US$788 millones en sobornos a 12 países, incluido Colombia. En enero de 2017 ya habían sido capturados el exviceministro Gabriel García Morales y el excongresista Otto Bula, y cuando apenas empezaban las indagaciones de la Fiscalía, comenzaron los impedimentos del fiscal Martínez.
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En ese momento, el exfiscal le explicó a la Corte Suprema que había sido asesor jurídico del Grupo Aval entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, fechas para las cuales, según él, “nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. Fueron por lo menos tres impedimentos, tanto por su relación con Corficolombiana, como por su tiempo como ministro de la Presidencia, en el que participó de varias reuniones claves para que la concesionaria se quedara con la obra de la vía Ocaña-Gamarra. Para el alto tribunal, sus impedimentos no fueron suficientes para tener la tranquilidad de que las investigaciones quedaban en buenas manos y era necesario nombrar a un fiscal ad hoc.
La discusión en la Corte para llegar a este punto fue tensa. Aunque en ese momento no se conocieron muchos detalles, fuentes cercanas al alto tribunal explicaron que varios magistrados estuvieron de acuerdo en que había que pedirle la renuncia a Martínez. Además, El Espectador relató en su edición del pasado 3 de noviembre que en esa Sala Plena, varios togados mostraron su molestia con el exfiscal. Uno de ellos fue Luis Antonio Hernández. En su sentir, Néstor Humberto Martínez les había mentido a él y a sus colegas cuando presentó sus primeros impedimentos en 2017, pues las grabaciones de Pizano daban a entender que él siempre supo más de lo que le expuso a la Corte. El magistrado Hernández se atrevió a decir que el fiscal Martínez podría haber intervenido en el encubrimiento de delitos.
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Para Hernández, Martínez Neira les debía explicaciones al país y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes —juez del fiscal— sobre el contexto de ese contrato de transacción entre el Grupo Aval y Odebrecht que pudo haber sido el instrumento para ocultar conductas delictivas graves. Pese a la severa posición de Hernández, la Corte resolvió que la solución a los problemas era pedirle al presidente Iván Duque una terna para nombrar a un fiscal ad hoc. Leonardo Espinosa fue el elegido y sus hallazgos solo levantaron más dudas. Explicó, por ejemplo, que no había suficientes argumentos para cerrar la investigación en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, una decisión que tomó la administración de Martínez, y la reabrió.
Señaló también que no entendía por qué la Fiscalía se demoró más de un año en activar la orden de captura contra Éder Ferracuti, exdirectivo de Odebrecht, quien alcanzó en ese tiempo a cerrar dos CDT con más de $900 millones. Espinosa reprochó también el hecho de que el fiscal encargado de una de las investigaciones, Daniel Hernández, no hubiese imputado los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir al excongresista Otto Bula, procesado por este escándalo. Y le señaló a la Corte Suprema las irregularidades halladas en el proceso que se adelanta contra Eduardo José Zambrano, Gabriel Alejandro Dumar Lora, Gustavo Adolfo Torres Forero y Federico Gaviria Velásquez, entre otras cosas.
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Los hallazgos y las denuncias de Espinosa culminaron súbitamente cuando Néstor Humberto Martínez anunció su renuncia como fiscal, el 15 de mayo de este año. Espinosa tenía lista, entre otras cosas, la imputación de cargos en contra de las ministras y de tres peces gordos de Odebrecht: Éder Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki. Ninguna de las dos ocurrieron este año, pese a que la Fiscalía anunció que las haría. Tampoco se supo nada del papel de los brasileños en el entramado de corrupción en Colombia, pese a que en países como Perú y Ecuador la colaboración de ellos ha sido clave para las investigaciones.
En ausencia de esos testimonios, los audios de Pizano prometieron ser la prueba para avanzar en las pesquisas. Noticias Uno y este diario los revelaron hace un año, luego de la muerte del excontroller por un infarto el 8 de noviembre de 2018. El paso del tiempo, sin embargo, ha probado lo contrario. Un año después de su divulgación, la justicia no avanza. Los adelantos que hizo Espinosa quedaron congelados. Los preacuerdos que logró la Fiscalía con personajes claves, como Federico Gaviria y Otto Bula, tampoco tienen luz verde y, pese a que este año prometía ser clave para saber hasta dónde llegó el brazo de Odebrecht en la financiación de campañas políticas, quedan menos de veinte días para lograrlo.
Lo último que se conoce sobre este escándalo es una revelación de la revista Semana en la que apuntan a que dos fiscales habrían interceptado ilegalmente al abogado Jorge Enrique Ibáñez con el respaldo y conocimiento del entonces fiscal general. El jurista fue el presidente del tribunal de arbitramento entre la concesionaria y el Estado que definió, en agosto de este año, que el país no podía pagar un solo peso por la corrupción de Odebrecht. Una de las decisiones más importantes, ante la ausencia de avances en las investigaciones penales. Martínez ha negado cualquier relación con esas interceptaciones ilegales. Ha insistido en que nunca tuvo certeza de qué estaba pasando en la concesionaria y sostiene, al día de hoy, que su salida de la Fiscalía se dio no por Odebrecht, por sus diferencias con la JEP en el caso de Jesús Santrich.
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