La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete personas presuntamente responsables de conformar un conglomerado de empresas ficticias utilizadas para dar apariencia de legalidad al hidrocarburo extraído de manera fraudulenta de pozos convencionales de producción y del oleoducto Caño Limón–Coveñas, el cual atraviesa siete departamentos del país.
Según indicó el ente investigador, el hidrocarburo era extraído y comercializado a gran escala en el norte, centro y oriente del país. Asimismo, el material probatorio evidencia que ‘Los de Cuello Negro’, como se autodenominaba este entramado criminal, estarían involucrados en la falsificación de documentos, el pago a integrantes de la Fuerza Pública y otras acciones con las que pretendían coordinar la comercialización y distribución del combustible ilícito.
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“De esta manera, habrían sacado provecho de algo más de 32.500 galones sustraídos de las líneas de transmisión, obtenido ganancias mensuales que alcanzaban los COP 2.000 millones e incrementado su patrimonio en más de 9 millones de dólares en cuatro años”, aseveró la Fiscalía.
El trabajo coordinado por la Dijin de la Policía Nacional permitió identificar a los presuntos representantes de las empresas involucradas, que tenían sus sedes en Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander), Galapa y Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander).
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Las personas investigadas son Germán Arturo Sánchez Sánchez, señalado líder y encargado de orientar la sustracción, transporte, almacenamiento, venta y distribución del hidrocarburo, así como de la falsificación de documentos para dar apariencia de legalidad al producto; y Ricardo Pacheco López, administrador de una planta de tratamiento de aceites y aguas residuales en Barrancabermeja, donde presuntamente se recibía y almacenaba el crudo para realizar pruebas de calidad.
También fueron vinculados Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta, quien estaría implicado en el acopio y comercialización del hidrocarburo; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico de una planta en Galapa, señalado de tratar el crudo y ejecutar pruebas de densidad y mezclas para optimizarlo.
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Además, también figuran Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, “que habrían cumplido roles determinantes que permitieron la reventa del crudo y ocultar su origen ilícito”. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
De acuerdo con su presunta responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.
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