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El aumento sostenido de las tutelas, sin una ampliación proporcional de las plantas de personal, ha generado una sobrecarga de trabajo en los despachos judiciales. Así lo advirtieron las juezas y los jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá.
En un comunicado, los funcionarios respaldaron la jornada nacional de protesta convocada por los sindicatos de la Rama Judicial y señalaron que existe una contradicción entre el crecimiento de las responsabilidades de los despachos y los recursos disponibles para cumplirlas.
La situación la describen como una regla de “proporcionalidad inversa”: a mayores responsabilidades, menos recursos y condiciones más restrictivas para quienes ejercen la función judicial. Los firmantes agruparon su preocupación en tres puntos.
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Los jueces reconocieron la trascendencia constitucional de las tutelas, pero explicaron que su atención prioritaria exige cada vez más tiempo y personal, lo que limita la capacidad de atender a tiempo los procesos penales, cuya carga no disminuye. A esto se suman las numerosas gestiones administrativas que requiere el trámite de una tutela, que son asumidas por los empleados de los despachos por falta de un esquema de apoyo.
El resultado, advirtieron, es que el peso de las insuficiencias del sistema recae sobre funcionarios y empleados, que deben asumir cargas mayores con recursos prácticamente iguales. Agregaron que esta situación no puede seguir normalizándose, “pues el compromiso y la dedicación de los servidores judiciales no pueden convertirse en el sustituto permanente de las obligaciones institucionales del Estado”.
El segundo punto es la falta de recursos. Citando advertencias públicas de autoridades judiciales, entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, los jueces afirmaron que el aumento de la demanda de justicia no ha ido de la mano de una asignación presupuestal suficiente para el funcionamiento, la ampliación de personal y la infraestructura.
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Según el comunicado, esto “limita las posibilidades de ampliar la cobertura judicial, fortalecer la infraestructura e implementar medidas de descongestión, con consecuencias que trascienden las condiciones laborales de los servidores judiciales y recaen directamente sobre los ciudadanos que acuden a la justicia en busca de la protección de sus derechos”.
limita la posibilidad de ampliar la cobertura judicial, fortalecer la infraestructura y aplicar medidas de descongestión, con consecuencias que van más allá de las condiciones laborales de los servidores y que recaen sobre los ciudadanos que buscan protección de sus derechos. Por eso, sostuvieron, financiar bien a la Rama Judicial no es una simple necesidad administrativa, sino una condición para una justicia oportuna, eficiente y efectiva.
La última preocupación tiene que ver con una iniciativa que se discute en el Congreso y que busca eliminar la renta exenta de los gastos de representación de jueces y magistrados. De aprobarse, la medida reduciría sus ingresos mensuales, en un contexto donde la carga laboral es cada vez mayor.
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Los firmantes aclararon que no desconocen que el Estado tiene necesidades fiscales y que corresponde al legislador decidir, pero pidieron que el proyecto no se tramite sin antes medir con seriedad cuánto les costaría en la práctica. En su opinión, una remuneración digna no es solo un asunto salarial, ya que ayuda a que quienes administran justicia puedan hacerlo con autonomía e independencia.
Los firmantes hicieron un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, a los consejos seccionales, al Congreso y al Gobierno nacional para que adopten, dentro de sus competencias, medidas inmediatas para fortalecer las plantas de personal y los mecanismos de descongestión, además de soluciones estructurales que garanticen una financiación suficiente de la Rama Judicial y condiciones laborales dignas.
“La administración de justicia es un pilar del Estado social y democrático de derecho. Su fortalecimiento no puede depender exclusivamente del esfuerzo individual de sus servidores, ni puede exigírsele responder a responsabilidades crecientes sin proporcionarle los medios necesarios para cumplirlas”, concluyeron.
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Marco(53341)•14 de noviembre de 2026 – 00:04Consecuencia de llenar las entidades de contratistas o provisionales ineptos, herencia de Petro y su afán de meter a la fuerza al Estado gente sin preparación, es que se prestan mal los servicios y obvio que se disiparan las tutelas. Esta alerta de cuasi colapso de una justicia ya colapsada es inquietante. Y a lo anterior súmenle también meter a la nómina a cuanto lamecul0 de Aberrado aparezca. Quedamos, entonces, llenos de indios, negros y corronchos que no saben un cul0.