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Sentado de cara al estrado judicial, con un suéter de color azul oscuro, un esfero y un par de hojas en sus manos, un coronel en retiro del Ejército, Juan Carlos Figueroa Suárez, aceptó su responsabilidad en 38 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Un expediente por el cual había sido imputado como máximo responsable ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021 y que en principio negó de forma tajante.
El proceso que se adelanta en su contra ante la JEP dio un giro en la mañana del 27 de enero de 2026 por cuenta de una decisión que el exmilitar le manifestó durante la audiencia preparatoria al juicio al togado que preside la Sección de Ausencia de Reconocimiento, el magistrado Raúl Sánchez: “Acepto la responsabilidad de no saber que mis subalternos estaban asesinando a civiles”. Una decisión que lo alejó de tajo de la vía del juicio adversarial.
Ahora el coronel (r) Figueroa Suárez no tendrá que argumentar en juicio la inocencia que en principio alegó. Tampoco estará de cara a una condena de hasta 20 años de prisión, como la ordenada en diciembre de 2025 al también oficial retirado Publio Hernán Mejía Gutuiérrez, por 72 casos de falsos positivos en los departamentos de Cesar y La Guajira. Sí irá a la cárcel, pero solo por un tiempo máximo de ocho años, dado su reconocimiento tardío.
Aunque la decisión del exmilitar de aceptar su responsabilidad en al menos 24 hechos criminales ocurridos entre los años 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón de Infantería La Popa, en Valledupar (Cesar), fue a solo un paso de que iniciara el juicio adversarial en su contra, la decisión ya se estaba cocinando. El Espectador conoció una carta del pasado 19 de enero que la abogada de Figueroa Suárez le envió a la JEP haciendo ese anuncio.
En contexto: Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad en falsos positivos en Valledupar
El expediente contra el coronel (r) Figueroa
El expediente del coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Está puntualmente dentro del subcaso Costa Caribe, que indaga por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares del Batallón La Popa, en alianza con paramilitares en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Su expediente llegó ahí porque Figueroa Suárez fue comandante del Batallón La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005. En ese lapso, según la JEP y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el exmilitar habría hecho parte de una política criminal de asesinatos de civiles inocentes, cuyo objetivo sería inflar las cifras de los resultados operacionales. Se le señala de presuntamente haber tenido alianzas con el bloque Héroes del Cesar de los paramilitares y omitir lo que ocurría allí.
La acusación señala que Figueroa Suárez habría tenido relación con 24 hechos criminales en los que fueron asesinadas 38 personas; nueve sufrieron torturas y otras 11 fueron desaparecidas forzosamente. “Existen elementos que indican que Figueroa Suárez conocía lo que estaba ocurriendo y no ejerció el control debido sobre sus subordinados, quienes habrían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló la JEP sobre el caso del exmilitar.
Cuando el coronel en retiro del Ejército fue imputado como máximo responsable de esos crímenes, negó su participación en los hechos y decidió defenderse en juicio. Pero este 27 de enero, casi cinco años después de esa negativa inicial, le dijo a la justicia transicional que sí omitió denunciar que en su unidad militar se estaban cometiendo crímenes y se violaban los derechos humanos. “Con humildad y de corazón me disculpo“, expresó.
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La carta del exmilitar a la JEP
Antes de que el oficial retirado del Ejército señalara durante la audiencia preparatoria al juicio su intención de aceptar responsabilidad en los crímenes por los que está señalado como presunto responsable, su representante ya le había adelantado una carta a la justicia transicional. El 19 de enero, la abogada María Paulina Gómez Pérez le envió la misiva al despacho del magistrado Raúl Sánchez, quien iba a presidir el juicio adversarial.
En esa carta, la jurista anotó a nombre del coronel (r) Figueroa Suárez dos asuntos claves. Primero, que en las ocasiones en las que el exmilitar no asistió a las audiencias del caso, se justificaba en que no estaba en Colombia y, en otras ocasiones, “no tuvo conocimiento de las citaciones”. Agregó que puso en conocimiento de la JEP de forma oportuna la “voluntad de participar, colaborar y contribuir con la verdad plena” por parte de su representado.
La carta expone que el 3 de octubre de 2019 y el 28 de mayo del 2020, el coronel (r) no pudo asistir a las diligencias de versión voluntaria citadas por la JEP, porque estaba fuera del país. Lo mismo ocurrió con la audiencia de reconocimiento convocada el 20 de noviembre de 2023. Para la jurista, Fugueroa Suárez “nunca ha obedecido a desinterés, resistencia o falta de voluntad frente a la JEP, sino exclusivamente a su permanencia en el exterior y a la ausencia de notificación efectiva”.
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El segundo aspecto que revela la carta que antecedió el reconocimiento de verdad por parte del exmilitar es su interés en aceptar responsabilidad en los 24 hechos criminales y 38 ejecuciones extrajudiciales por las cuales está imputado ante la justicia transicional. “El coronel Figueroa Suárez se encuentra plenamente dispuesto a suministrar información exhaustiva, veraz y útil, y a reconocer las responsabilidades que le correspondan”, reza la carta.
Agrega: “Su actitud colaborativa, su retorno voluntario al país, su insistencia en ser escuchado y su voluntad de comparecencia constituyen manifestaciones inequívocas de su compromiso con la justicia transicional, con las víctimas y con el proceso restaurativo”. En ese sentido, el militar en retiro señaló que conoce a detalle la imputación de la JEP y la acusación de la UIA y que acepta la responsabilidad en los crímenes allí descritos.
“El compareciente deja igualmente sentado que garantiza su comparecencia personal, así como el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones, compromisos y condiciones que la magistratura estime pertinentes imponer en el marco de la jurisdicción, reafirmando su actitud permanente de compromiso, cooperación y respeto hacia las víctimas y hacia el proceso restaurativo propio de la JEP”, concluye la misiva de la abogada del exmilitar.
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Lo que sigue en el caso del coronel (r) Figueroa
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa es uno de los 15 exmilitares que a inicios de los años 2000 hicieron parte del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar), y que se acogieron a la JEP por su presunta responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad como retenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. De ellos, 12 aceptaron ser máximos responsables de los delitos imputados por la justicia transicional.
Estos exmilitares recibieron el 18 de septiembre de 2025 su sentencia de tipo restaurativo, que no implica pena de cárcel, pero sí restricciones de derechos y libertades, al tiempo que desempeñan trabajos, obras o labores con las que contribuyan a reparar el dolor causado a sus víctimas. Los otros tres, por el contrario, negaron los crímenes y sus casos fueron remitidos a la UIA, conocida como la fiscalía de la JEP.
Se trata del ya mencionado coronel (r) Publio Mejía, condenado en diciembre pasado; el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, cuyo juicio aún no ha iniciado; y el coronel (r) Figueroa Suárez, quien ya no irá a juicio adversarial. El camino para él ahora, por su reconocimiento tardío de responsabilidad, es el de la sanción alternativa. Implica darles la cara a las víctimas, a quienes ya les había negado los delitos, y una pena de entre cinco y ocho años de prisión.
La JEP está lista para avanzar en ese proceso. Durante los últimos cinco años ha recopilado información sobre el presunto rol de Figueroa Suárez en la política criminal que operó en el norte del país. El próximo 24 de marzo, a las 9:00 de la mañana, se adelantará la audiencia de reconocimiento frente a las víctimas. Y en un mes más, según indicó el magistrado Raúl Sánchez, podría estar la condena por su posible rol en la barbarie de los falsos positivos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
