La CIDH no tiene “sesgo para ningún Estado”: Antonia Urrejola, presidenta

En marzo de este año, en una acción inédita (y sin éxito), Colombia recusó a todos los jueces de la Corte IDH y se retiró de la audiencia de juzgamiento por el caso de la periodista Jineth Bedoya. ¿Qué evaluación hacen de ese episodio desde la CIDH?

En marzo de este año, en una acción inédita (y sin éxito), Colombia recusó a todos los jueces de la Corte IDH y se retiró de la audiencia de juzgamiento por el caso de la periodista Jineth Bedoya. ¿Qué evaluación hacen de ese episodio desde la CIDH?

La Comisión lamenta profundamente lo ocurrido durante la audiencia del caso. El retiro de la audiencia sin la autorización de la Corte es una acción sin precedentes en el sistema interamericano, tal como lo estableció el propio tribunal en su resolución sobre el caso.

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¿Por qué no prosperó una solución amistosa en el caso de Jineth Bedoya antes de llegar a la Corte IDH, como luego buscó el Gobierno colombiano, tras levantarse de la audiencia?

De acuerdo con las normas convencionales y reglamentarias para que se inicie un procedimiento de solución amistosa, ambas partes deben estar de acuerdo, cosa que no sucedió en este caso.

Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, viene diciendo que este Gobierno quiere una CIDH “sin sesgos”. ¿Qué le puede responder?

La Comisión Interamericana sigue los procedimientos establecidos en su reglamento, en la Carta de la OEA y otros instrumentos como la Convención y Declaración Americana, y resuelve las peticiones y casos de manera consistente en todos los países por igual. Las decisiones que adopta en materia de admisibilidad y fondo están debidamente motivadas y en ellas se observa que los estándares son aplicados sin ninguna diferencia ni sesgo para ningún Estado.

(Lea aquí la entrevista: “Colombia quiere una CIDH sin sesgos”: Camilo Gómez)

Según el Gobierno colombiano, ese sesgo se hizo latente en 2020, cuando la CIDH convocó una audiencia por petición de la Comisión de la Verdad, aun en contra de la posición estatal, alegando que no se habían agotado los recursos internos.

La Comisión tiene dos mandatos principales: el sistema de peticiones y casos y el de monitoreo y cooperación. Únicamente deben agotarse los recursos internos para presentar una petición ante la CIDH. Sin embargo, en monitoreo, la situación es totalmente diferente y no se requiere agotar recursos para que se pueda monitorear la situación de derechos humanos en el país. Un mecanismo para monitorear son precisamente las audiencias. Y estas, conforme a su reglamento, pueden celebrarse por iniciativa propia o a solicitud de una parte interesada y podrán tener por objeto recibir información con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA.

También en el caso del senador Gustavo Petro contra las sanciones de la Procuraduría hubo críticas a la CIDH y la Corte IDH. ¿Cree que en Colombia se está haciendo política con las reacciones a las decisiones del sistema interamericano?

No nos corresponde hacer una apreciación acerca de las intenciones de un Estado. Colombia siempre ha sido un aliado del sistema interamericano y el diálogo con el Estado ha sido muy fructífero. Las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, históricamente, han tenido impactos transformadores en los países de las Américas. Resulta natural, y hasta esperable, que las acciones de la CIDH y de la Corte IDH generen debates políticos y estimulen intercambios a partir de distintos puntos de vista.

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Sumando estos hechos, y siendo usted relatora en la CIDH de Colombia, ¿cómo evalúa la actitud del Gobierno colombiano hacia el sistema interamericano?

Colombia es uno de los países que participa más activamente del sistema interamericano a través de sus diversos mecanismos, una actitud que celebramos y alentamos. Pero eso no quiere decir que dejemos de manifestar nuestra preocupación, cuando corresponda, sobre la situación de derechos humanos en el país. Desde esa perspectiva, la Comisión considera que Colombia enfrenta fuertes desafíos en materia de derechos humanos y en ese contexto, en el cumplimiento de nuestro mandato vinculado con la observancia, defensa y promoción de los derechos humanos, hemos hecho numerosos pronunciamientos en diversas materias que nos preocupan y alertan. Junto con hacer estos pronunciamientos y alertas, la CIDH, de manera permanente, pone a disposición del Estado y la sociedad civil sus mecanismos de cooperación técnica y ofrece su contribución para el diseño y la implementación de acciones y medidas que promuevan la defensa de los derechos humanos en el país. Siempre puede haber diferencias, creo que no hay que temerles; son parte del proceso. Lo importante es que se den en el marco de un diálogo constructivo y permanente de colaboración con el Estado, cuestión que ocurre con Colombia.

¿Por qué persisten las demoras de décadas para que el sistema interamericano estudie casos y emita sus conclusiones, como pasó con el de la Unión Patriótica?

Efectivamente, existe un atraso procesal importante en el sistema de peticiones y casos, que se ha acumulado en las últimas décadas. Y es un tema que realmente lamentamos, por los efectos que ello pueda tener o haber tenido con las víctimas. Pero nos hemos hecho cargo, se vienen tomando medidas prioritarias, incluidas en el plan estratégico, medidas para atender este atraso y hemos logrado avances históricos en su aplicación.

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Al respecto, la CIDH evalúa periódicamente estos casos para decidir sobre su envío a la Corte IDH, el otorgamiento de una prórroga al Estado para cumplir con sus recomendaciones o, bien, su publicación. Por ejemplo, en 2020, la Comisión adoptó 175 decisiones al respecto. Además, entre el 2017 y 2020 envío cincuenta casos a la Corte IDH.

Entre 2018 y 2020, se avanzó en la implementación de 365 medidas de reparación en varios acuerdos de solución amistosa en fase de seguimiento, lográndose el cumplimiento total de 230 medidas, cumplimiento parcial sustancial de 64 medidas y cumplimiento parcial de 71 medidas. Es de indicar que 258 de las medidas de reparación implementadas fueron de carácter individual y 107 de carácter estructural. Lo anterior ha contribuido a alcanzar el objetivo estratégico de acceso oportuno de las víctimas a la justicia interamericana y reparación integral.

Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, también ha dicho que, a su juicio, el sistema interamericano colapsó y cita precisamente esa cifra: veinte años de demora para estudiar un caso. ¿Colapsó el sistema interamericano?

De ninguna manera el sistema ha colapsado, y prueba de esto es lo que se señaló en la pregunta anterior. Estamos avanzando de manera decidida para resolver el atraso.

La Comisión ha privilegiado la atención de los casos por orden cronológico, por el orden en que se han presentado las peticiones, para resolver el atraso crónico. Este ha sido el criterio estricto aplicado en estudiar las peticiones y en las etapas de admisibilidad y fondo de manera prioritaria, con el fin de avanzar, resolviendo todas las peticiones y casos pendientes. Durante 2020 se priorizó la atención de todos los casos anteriores al año 2000, para no tener más de veinte años de atraso en etapa de fondo; y a 2010 en admisibilidad, para no tener más de diez años de atraso en esta etapa.

¿Les llegan solicitudes inútiles también?

La Comisión, al recibir una petición, realiza un estudio inicial en el que analiza el cumplimiento estricto de los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 de la Convención Americana, que incluyen la necesidad de que se aleguen hechos que podrían ser violatorios a los derechos humanos consagrados en dicho instrumento y en otros tratados aplicables. Solo aquellas peticiones que cumplen de manera preliminar estos requisitos son transmitidas al Estado. Porcentualmente, solo se transmiten a los Estados alrededor del 14 % de las peticiones recibidas. Esto es, se rechazan de manera inmediata el 86 % de todas las peticiones recibidas por la CIDH atendiendo los requisitos mencionados.

Luego de este análisis comienza la etapa de admisibilidad, en que la Comisión recibe los alegatos del Estado y de la parte peticionaria en relación con los requisitos de competencia y admisibilidad, y emite una decisión en la que declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición. Esta decisión es pública y motivada. En adición, la Comisión publicó un digesto de decisiones de admisibilidad.

Todas las peticiones son analizadas de manera estricta y pública, respetando el derecho de defensa del Estado por medio del principio del contradictorio entre las partes. En este proceso, el Estado tiene amplias oportunidades para presentar sus observaciones, comentarios y alegatos, entre ellos la pertinencia o no de una petición. La CIDH entonces decide con base en estos alegatos y atendiendo a la información disponible. No existe entre los requisitos de admisibilidad la definición de útil o inútil.

Hace cinco años la CIDH se sumió en una grave crisis financiera. ¿Cómo van las cuentas ahora?

La CIDH realizó un importante esfuerzo desde esa crisis financiera por mantener un diálogo abierto con los Estados, varios de los cuales remarcaron la importancia del rol que cumple. A lo largo de estos años promovió medidas estructurales para ampliar su capacidad de protección, como la ampliación de su presupuesto de Fondo Regular de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cambio de estructura administrativa y la elaboración del Plan de Sostenibilidad Financiera; lo que le permitirá seguir con pasos renovados el cumplimiento de su mandato integral.

En 2017, la Asamblea General de la OEA aprobó la duplicación del presupuesto de la CIDH en tres años y una nueva estructura administrativa para el órgano. Desde ese momento hasta la actualidad, la Comisión ha continuado trabajando y aumentando su capacidad, perfeccionando sus procesos para alcanzar nuevos resultados que respondan más eficazmente a las necesidades en la región.

Aprovecho para recordar que la CIDH mantiene una política de transparencia y, en el marco de una práctica de rendición de cuentas, presenta al escrutinio público anualmente sus resultados de implementación de su Plan Estratégico y su balance de actividades.

En la crisis financiera de 2016, Colombia fue uno de los países que más recursos aportó a la CIDH. ¿Han sentido alguna presión posterior a raíz de ese apalancamiento?

El apoyo de Colombia, como el de todos los Estados, es importante porque contribuye al fortalecimiento de la capacidad de trabajo de la CIDH y cumplir con su mandato integral de promoción, defensa, monitoreo y protección de derechos humanos en el hemisferio, centrado en la atención de las víctimas. No obstante, la CIDH sigue cumpliendo con su mandato en el marco de su autonomía y la independencia, que resultan esenciales para realizar su trabajo de manera imparcial y libre de cualquier influencia política.

Este año, por primera vez en la historia, la mesa directiva de la CIDH está conformada solo por mujeres, pero en la Corte IDH solo hay una jueza: ¿cómo romper el techo de cristal en el sistema interamericano?

El carácter simbólico de este hecho es muy importante, la Junta Directiva completa de la CIDH está compuesta por mujeres y es la primera vez que eso ocurre. Además, el pleno de la CIDH hoy está compuesto por cinco mujeres y dos varones, algo que el año pasado también fue destacado.

La Comisión Interamericana, su Secretaría Ejecutiva, al igual que la Corte IDH están integradas por profesionales que provienen de los países de la región. También somos un reflejo de las diversas desigualdades que atraviesan a nuestros países y que operan, por ejemplo, en el acceso a la educación, la universidad y los posgrados, y también inciden en las trayectorias profesionales.

A través de sus distintos mecanismos, la CIDH promueve la igualdad de género y busca visibilizar las desigualdades que afectan a las mujeres, las personas trans y de género diverso. En este marco, la CIDH está comprometida con la promoción de la diversidad de su equipo, tanto a nivel técnico como en sus distintas jerarquías.

Ahora bien, esto no puede hacernos creer que llevamos ventaja en la superación de las brechas de género en el mundo y en nuestra región, ni siquiera en la comunidad de derechos humanos en el continente. La propia Comisión continúa atenta a las brechas de género que se continúan observando en el acceso a la justicia, en el ámbito laboral y salarial, en la violencia intrafamiliar y de género, incluso en el ámbito de la represión estatal, en contextos de crisis sociales y políticas.

¿En qué va el proceso por el escándalo de los seguimientos y perfilamientos que hizo el Ejército colombiano a periodistas y defensores de derechos humanos?

La Comisión ha expresado su preocupación frente a estos hechos y, de hecho, convocó a una audiencia en el marco de su 177 período de sesiones, donde señaló al Estado la falta de acceso a la información de las investigaciones judiciales por parte de las víctimas y subrayó la necesidad de armonizar el marco jurídico en materia de vigilancia de las comunicaciones para otorgar prevención y protección a la ciudadanía.

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La Comisión realiza un atento seguimiento a esta situación desde la relatoría sobre personas defensoras de derechos humanos y con apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Próximamente será publicada la información recopilada a lo largo de 2020 en el Informe Anual de la CIDH.

La CIDH ha expresado su inquietud por la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Vendrán recomendaciones formales?

La Comisión entiende que la implementación integral del Acuerdo del Paz implica dar cumplimiento tanto a las obligaciones internacionales al Estado colombiano en materia de derechos humanos como al cumplimiento de las recomendaciones ya formuladas por la CIDH en su informe “Verdad, justicia y reparación” y en sus diversos comunicados publicados en los últimos años, en el seguimiento y monitoreo a la situación del país, viendo con preocupación el número de víctimas de asesinatos y masacres.

Asimismo, en su informe sobre personas defensoras de derechos humanos en Colombia, recuerda que es importante que el Estado redoble sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades.

Para la CIDH, la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En esta línea, la Comisión y el Estado colombiano firmaron el 22 de febrero de 2018 un acuerdo de cooperación para la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Mediante dicho acuerdo, las partes coinciden en la necesidad de trabajar en conjunto para incrementar los esfuerzos que conduzcan a una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos. Asimismo, coinciden en la importancia de que la CIDH brinde asistencia técnica en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, para que se desarrolle conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.

Por otra parte, la reconstrucción de la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal, cuando la sociedad está enfrentando los problemas derivados de un pasado de abusos y graves violaciones a gran escala, debe ser acompañada de mecanismos que den garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones de derechos humanos. Cada uno de estos pilares de la justicia transicional, complementarios entre sí, constituyen derechos de las víctimas; por tanto, tienen una dimensión individual, y de toda la sociedad, la dimensión colectiva, así como también constituyen obligaciones de los Estados frente al derecho internacional.

A pesar del Acuerdo de Paz, en Colombia vemos masacres cada semana, asesinatos de excombatientes y de líderes sociales, así como una creciente percepción de inseguridad. ¿Puede hacer algo la CIDH al respecto?

En la actualidad, la violencia constituye una de las principales preocupaciones de la CIDH en relación con Colombia, y es objeto de frecuentes pronunciamientos que incluyen recomendaciones, recordando las obligaciones del Estado justamente en el marco del Acuerdo de Paz. La CIDH monitorea intensamente esta situación a través de sus distintos mecanismos, y con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones estatales, como la Defensoría del Pueblo, con presencia en el terreno.

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La CIDH se propone visibilizar al máximo esta temática, pero también procura, a través de la cooperación técnica, contribuir con la formulación de políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia en Colombia. Se encuentra a disposición para realizar, como se lo manifestó al Estado, una visita “in loco” o de trabajo una vez que las condiciones respecto a la emergencia sanitaria así lo permitan; así como continuar con un franco y abierto diálogo que pueda contribuir eficazmente con la implementación del Acuerdo de Paz.

La CIDH también expresó su descontento con que el ministro de Defensa colombiano se refiriera a los niños reclutados por grupos ilegales como “máquinas de guerra”. A la luz del DIH, ¿cómo evalúa una situación así?

La Comisión ha expresado su preocupación frente a estos hechos, y frente a la ausencia de información pública que permita comprender los hechos denunciados, conocer las identidades y edades de las víctimas, particularmente, ante los continuos reportes de reclutamiento forzado en el país.

Asimismo, preocupa a la Comisión la calificación realizada por autoridades relativa a que niñas, niños y adolescentes reclutados se pueden convertir en “máquinas de guerra”. Ante esto, la CIDH exhortó al Estado colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido; localizar a los niños, niñas y adolescentes cuyo paradero se desconoce e identificar a las víctimas que perdieron su vida como consecuencia del operativo militar mencionado.

Adicionalmente, la Comisión ha señalado que niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas de reclutamiento forzado. Por tal razón, el Estado debe redoblar sus esfuerzos en la adopción, fortalecimiento y ejecución de medidas efectivas para la protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado, priorizando su interés superior.

¿Qué va a pasar con grandes casos del conflicto armado colombiano que están en estudio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que admite también la CIDH? Por ejemplo, la masacre de La Chinita, el caso de la UP...

En el marco de la evaluación periódica que la CIDH realiza sobre la situación de derechos humanos en Colombia, desde 2016 ha venido dando seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del Acuerdo de Paz, enfocándose en los avances y desafíos que persisten, en el entendido de que la implementación del Acuerdo va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano; observando importantes avances en los mecanismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con los que mantiene un diálogo permanente.

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La Comisión, y el SIDH en su conjunto, ha resaltado la importancia que tiene la superación de la impunidad: se trata de un elemento indispensable para lograr justicia y evitar la repetición de violaciones de derechos humanos. Es esencial que las disposiciones de justicia transicional que abran paso a la transición de la sociedad colombiana hacia una paz estable y duradera se desarrollen en armonía con dichas obligaciones y ofrezcan posibilidades reales de cumplimiento.

Las decisiones de fondo adoptadas por la Comisión no vienen a cuestionar la aplicabilidad de figuras de justicia transicional, ni los esfuerzos realizados por el Estado en dicho ámbito, sino que surgen de peticiones que activaron la jurisdicción internacional hace muchos años. En el caso de la UP, por ejemplo, la petición fue presentada hace más de dos décadas y, a través de su informe de fondo, la CIDH estableció la responsabilidad internacional por un exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones de particular gravedad y magnitud, respecto de las cuales el Estado no ha tenido una respuesta efectiva a lo largo de muchos años. Se ha cumplido con el principio de complementariedad, pues el Estado ha tenido amplias oportunidades para reparar las violaciones ocasionadas en tales casos.

El Estado colombiano presentó recientemente el Estatuto de regularización de migrantes venezolanos: ¿cómo ve esta medida la CIDH?

El Estatuto es un avance en la protección de derechos, pues contempla mecanismos para la regularización migratoria de personas venezolanas, de forma que puedan transitar de un régimen de protección temporal a un régimen ordinario, y aplicar a visas de residentes.

Es una medida positiva, por lo que la CIDH, cuando se pronunció, hizo un llamado a todos los Estados de la región a brindar protección efectiva a personas en movilidad humana, con necesidades de protección especial, garantizando el acceso a derechos y servicios esenciales, establecidos en diferentes instrumentos internacionales y particularmente en la resolución de la CIDH de principios interamericanos sobre migración y asilo.

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, ha sido muy crítico de la CIDH. ¿Cómo ha percibido su actitud frente al sistema interamericano?

El trabajo de la CIDH en relación con Colombia se centra en situaciones de derechos humanos de gran relevancia para la vida del país, por lo que es natural que el mismo suscite debates políticos, sociales e incluso académicos. La Comisión mantiene un diálogo abierto y permanente con el Estado de Colombia y sus representantes, seguirá manteniéndose abierta y a disposición al diálogo y reitera su ofrecimiento de apoyo técnico al Estado.