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En un país en el que miles de personas dependen de la decisión de un juez para obtener un medicamento, una cirugía urgente o un tratamiento que les permita seguir viviendo, esta semana es noticia una tutela contra los jugadores de la Selección Colombia, James Rodríguez y Luis Díaz, por supuesta “traición a la patria”. Macondo, dirían muchos. Pero lo cierto es que la jueza Viviana Gutiérrez Rodríguez aceptó el recurso que presentó Francisco Javier Zuluaga y en el que adjuntó, como única prueba, una fotografía hecha con inteligencia artificial. En ella se ve a las estrellas del equipo de fútbol haciendo el saludo que usó el presidente electo, Abelardo de la Espriella, durante la campaña política que lo eligió como próximo jefe de Estado.
La tutela fue presentada a través de un audio de voz y tiene otras perlas. Aparte de adjuntar una prueba falsa, el tutelante pidió vincular al proceso a la Federación Colombiana de Tenis, y no de Fútbol, y no explicó cuál es el derecho fundamental presuntamente vulnerado, un requisito imprescindible en esta clase de procesos. En lugar de ello, el escrito se concentra en una sucesión de acusaciones y descalificaciones. El accionante sostiene que los jugadores son “sediciosos”, “traidores” y “cobardes”, los acusa de actuar en favor de una “potencia extranjera” y de haber sido “comprados por la élite”. También afirma que ambos futbolistas “ponen a nuestro pueblo como esclavos, sumisos de la colonia de Estados Unidos”, sin aportar ni una prueba.
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La tutela también mezcla asuntos sin una relación evidente entre sí. En un mismo relato aparecen referencias a una supuesta “traición a la patria”, denuncias sobre fraude electoral, acusaciones de paramilitarismo, señalamientos contra medios de comunicación, críticas a las Fuerzas Armadas y llamados a “aplazar las elecciones”. Incluso, aunque la acción está dirigida contra los jugadores y directivos del fútbol colombiano, el accionante pide actuaciones contra “todo el que defiende invasión de potencia extranjera y traición” y sostiene que los futbolistas son “bastante incultos”, que “no leen ni estudian” y que tienen “cerebrito de gallina”. La mayor parte del documento está compuesta por este tipo de afirmaciones.
Sin embargo, los argumentos constitucionales que normalmente sustentan una tutela están ausentes o son difíciles de identificar. Y, aun con esas descalificaciones, una prueba falsa y sin explicar cuál es el derecho supuestamente vulnerado, la jueza Viviana Gutiérrez Rodríguez aceptó estudiar la tutela. Además de pedirle al tutelante que le diga cuál es el derecho que busca proteger, la togada vinculó al proceso a la Federación Colombiana de Fútbol y pidió que se le informe en dónde pueden ser notificados los jugadores. Como es de público conocimiento, James Rodríguez y Luis Díaz están en la concentración de la Selección Colombia en Guadalajara (México) en pleno Mundial de Fútbol.
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En diálogo con este diario, varios abogados explicaron el proceso y, aunque algunos coinciden en que la jueza no tenía otra opción que aceptar la tutela para estudiarla, hay voces que sostienen que fue un error haberlo hecho. Uno de ellos es Iván Cancino, penalista y miembro del Colegio de Abogados Penalistas: “Había razones suficientes para que la jueza rechazara la acción de tutela y evitara desgastar el aparato judicial”, afirmó. En su opinión, además de la ausencia de un derecho fundamental claramente identificado, era fácilmente verificable que una de las piezas centrales del caso era una imagen artificial y no una situación real, por lo que lo correcto habría sido no seguir con el trámite del recurso.
“No tiene sentido admitir una tutela cuando, además, no se cumplen requisitos como la inmediatez o la subsidiariedad y cuando existen otros mecanismos para controvertir los hechos que allí se plantean”, agregó. Para Cancino, este tipo de decisiones puede enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía y estimular la presentación de acciones cada vez más alejadas de la protección efectiva de derechos fundamentales. “Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los jueces e incluso a presentar acciones que puedan acercarse al límite de lo absurdo. Sin embargo, en este caso considero que la jueza debió rechazar la tutela”, concluyó. Ahora bien, para otros abogados, en este caso no había otra opción que estudiar el recurso.
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Para Juan David Bazzani, abogado penalista y docente de la Universidad Externado, es clave tener presente que “admitir la tutela no significa que esté dándole la razón al accionante. Admitirla significa que debe darle trámite, por absurda que parezca”. En su criterio, el desenlace más probable es que el recurso sea declarado improcedente porque “no parece existir un derecho constitucional vulnerado” ni los hechos relatados corresponden al escenario para el que fue diseñada esta acción constitucional. Una posición similar tiene Sergio Salazar, abogado y docente de la Universidad Católica Luis Amigó, quien añadió que “lo que corresponde es valorar la credibilidad, pertinencia y alcance de la prueba dentro del proceso”, sostuvo.
Aunque reconoció que para muchos ciudadanos resulta difícil entender por qué asuntos como este llegan a los despachos judiciales, insistió en que los jueces están obligados a decidir todas las tutelas dentro de los términos legales. “La reflexión de fondo no debería centrarse en la jueza que admitió el trámite. La discusión más relevante está en el uso que algunos ciudadanos hacen de la tutela”. Por eso mismo, el exfiscal Mario Burgos explicó que en esta discusión es importante recordar que las tutelas, por más confusas que sean, son trámites que permiten que una persona enferma, sin abogado y sin recursos, obtenga en diez días la orden de entrega de un medicamento que le salva la vida.
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“Las cifras lo ilustran: en 2024 se presentaron 952.251 tutelas, y cerca de un tercio buscaban proteger el derecho a la salud. Si se cerrara el acceso para filtrar lo trivial (como la tutela en cuestión), el costo lo pagarían, ante todo, los más vulnerables, que son quienes más dependen de que la tutela no exija formalidades”, agregó Burgos. Aun así, abogados como Cancino sostienen que sí debería existir un “filtro” ante estos casos. “Creo que sería importante que la Judicatura dejara precedentes claros sobre este tipo de situaciones. La tutela ha sido una de las herramientas más importantes para la protección de derechos fundamentales y es necesario preservar su seriedad y credibilidad”, puntualizó el penalista.
El debate que deja este caso va más allá de James Rodríguez, Luis Díaz o una fotografía creada con inteligencia artificial. La verdadera discusión es qué hacer cuando una herramienta diseñada para proteger derechos fundamentales termina siendo utilizada para tramitar reclamos que parecen alejados de ese propósito. Mientras algunos juristas advierten que admitir este tipo de acciones puede desgastar a la justicia y restarle credibilidad a la tutela, otros recuerdan que imponer barreras más estrictas podría cerrarles la puerta precisamente a quienes más la necesitan: ciudadanos enfermos o sin recursos que dependen de un trámite para proteger sus derechos. Entre evitar abusos y garantizar el acceso a la justicia sigue estando el problema.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por María José Medellín Cano
Por Gustavo Montes Arias
