La política de drogas fue un tema clave en el Gobierno de Gustavo Petro. A cuatro meses de terminar su periodo presidencial, Colombia atravesó una descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos en septiembre de 2025 y una tensión en las relaciones con el presidente de ese país, quien incluso acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y lo incluyó en la Lista Clinton. Meses después, en enero de 2026, el mandatario anunció que se dejaría de usar el modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir los cultivos de uso ilícito de coca, luego de señalar que estaba “pésimamente construido”.
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Ante las dudas sobre cómo se está desarrollando ahora la medición, El Espectador habló con Darío Sendoya Zuluaga, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia. El pasado mes de marzo, el funcionario también encabezó la comisión del país que participó en Viena en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas número 69, donde se trataron temas como el giro hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos, la apuesta por la soberanía de los datos de medición de cultivos de coca, el tránsito de estrategias de erradicación hacia modelos de transformación territorial, así como la incorporación del enfoque ambiental y la reducción de daños en el debate global de las drogas.
Uno de los debates recientes ha sido la forma de medir los cultivos de coca, e incluso llevó al presidente a excluir el modelo de la Unodc y decir que Colombia se basaría en el de la Policía Nacional. ¿Cómo está hoy la relación con la ONU?
Frente a la medición, actualmente seguimos en el proceso de evaluación de la metodología de UNODC, trabajando en las oportunidades de mejora de los indicadores existentes para que nos permitan leer mejor el fenómeno, aunque también incluyendo nuevas variables al modelo que permitan evidenciar las condiciones de las comunidades. De igual manera, estamos articulándonos con el Ministerio de Defensa para fortalecer el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía. Creemos que debemos transitar hacia la soberanía de los datos, pero eso no significa necesariamente que solo haya una fuente de medición.
El debate que está haciendo Colombia sobre la medición de las economías cocaleras es de un impacto y urgencia global. Esto porque tenemos que hacer nuestra política pública basada en evidencias, como toda la comunidad académica nos lo ha pedido por años. Y esas evidencias deben ser asumidas con responsabilidad y rigurosidad. Y lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad, acompañados de expertos, del observatorio de drogas del Ministerio de Justicia y de Unodc. La ciudadanía debe estar tranquila en que se están tomando las decisiones correctas.
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En el modelo de Unodc, que venía desde 1999, hemos identificado algunas limitaciones metodológicas que derivan en datos que, además de no ser precisos, afectan la política pública y no nos dejan ver qué hacemos bien o qué hacemos mal. No podemos pasar por alto que también por estos datos el país ha sido descertificado y nuestra imagen internacional se ha visto gravemente afectada, a pesar de los enormes esfuerzos que hemos hecho como país para controlar la producción y el tráfico. Nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico ha sido vehemente y no hemos dejado de sumar esfuerzos globales para el objetivo común.
¿Cuáles fueron los errores concretos que se evidencia en el modelo de la ONU?
Yo quiero que los lectores se imaginen por un momento lo que significa medir el mercado de las drogas en un contexto de prohibición. Es un mercado ilegal, ¿cómo tener datos reales y creíbles? A diferencia de economías legales que cuentan con un registro para esto, ¿cómo hacemos con los ilegales? Es por eso que necesitamos construir metodologías serias, y la Unodc tiene un acumulado histórico muy importante. No obstante, frente a los cambios radicales que ha tenido el mercado desde los acuerdos de paz, nos dimos cuenta de que la metodología de la Unodc se estaba quedando corta.
¿Qué hacer? Fortalecer nuestros instrumentos de observación. ¿Qué errores identificamos? Primero, errores en el concepto de producción potencial de cocaína, pues este indicador está fundamentado en supuestos metodológicos imprecisos, como asumir que toda la coca detectada se transforma en cocaína, ignorar pérdidas, incautaciones y ciclos productivos, y agrupar territorios heterogéneos en grandes regiones.
A esto se suma la falta de actualización regional. Me explico: no se actualizaban regularmente los rendimientos y factores de conversión; solo teníamos información de campo cada cuatro años. En un mercado tan cambiante, no podemos esperar tanto. De ahí que, en un año, en 2023, el año que el informe afirma el aumento del 53 %, se asumiera ese cambio en un lapso de un año, cuando la verdad era el acumulado de cuatro años. Esto debe ser corregido porque la política pública no se puede actualizar cada cuatro años; debe estar acorde con los tiempos.
Finalmente, sufrimos de ausencia de medición de otros fenómenos críticos: invertimos recursos incalculables en medir cultivos, incautaciones y toneladas de producción potencial, pero no con la misma fuerza para medir la acumulación financiera del crimen, la mutación industrial de las drogas sintéticas, la penetración institucional o el daño ambiental irreversible. Pronto vamos a tener una infografía al respecto para que toda la ciudadanía pueda acceder a este debate, en nuestro compromiso por la democratización de estas discusiones.
¿Cómo avanza la propuesta, mencionada por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, de proponer a EE. UU. un modelo conjunto de medición de cultivos de uso ilícito?
Estamos trabajando para establecer una hoja de ruta hacia la soberanía del monitoreo de cultivos que conlleve la recolección directa de datos, la construcción de metodologías propias, mecanismos de verificación neutrales y articulación con otros Estados con cultivos de hoja de coca, como Perú y Bolivia, para constituir un monitoreo soberano.
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Creemos que solo con datos auditables, con evaluación de pares y producidos con participación de los territorios, se pueden reorientar las políticas hacia la protección de derechos humanos, la reducción de riesgos y daños y la transformación territorial. El mensaje a la ciudadanía, a los expertos y a los actores internacionales es que es una oportunidad; el mundo ha cambiado muchísimo en términos tecnológicos, este es un momento único para dejar actualizado el sistema de monitoreo con mejores herramientas.
El mes de marzo Colombia llegó a la sesión número 69 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas con la idea de replantear algunos enfoques de la política global de drogas. ¿Cuál fue el mensaje central que el país quiso posicionar ante la comunidad internacional?
En esta oportunidad asistió la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, de la cual soy director, con el apoyo dinámico de la embajadora de Colombia en Austria y representante permanente ante la ONU en Viena, Marcela Tovar. Además de la participación de la delegación de la Dirección de Sustitución y de la presencia del ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, quien planteó una importante reflexión sobre las vulnerabilidades, especialmente de jóvenes y mujeres.
El mensaje central es que se debe abordar la política de drogas de maneras distintas, con enfoques claves como el desarrollo territorial, el tratamiento diferencial a las personas más vulnerables y, como Estado, concentrar la fuerza y la interdicción hacia el eslabón que más se beneficia en el sistema del narcotráfico.
En la agenda también apareció el enfoque de derechos humanos dentro de la política de drogas. ¿Cómo se traduce eso en un panorama en el país en el que se plantea volver a erradicar con glifosato, esta vez por medio de drones?
El enfoque de derechos humanos dentro de la política de drogas implica que todas las intervenciones del Estado deben diseñarse e implementarse con criterios de proporcionalidad y protección de las comunidades. En ese marco, la erradicación sigue siendo una herramienta contemplada dentro de la política, pero no es la única.
La posición del gobierno ha sido considerar este tipo de herramientas únicamente como un último recurso y en contextos muy específicos, cuando otras alternativas no han sido suficientes, especialmente en zonas donde hay una fuerte influencia de actores armados. Incluso en esos casos, cualquier intervención debe realizarse con salvaguardas claras para minimizar los impactos sobre las comunidades y los ecosistemas.
Para que el lector pueda imaginarlo, tenemos dos ejes: eje 1 de transición económica y eje 2 de cuidado ambiental. Desde esta perspectiva, la política articula restauración ecológica, reconversión productiva sostenible y fortalecimiento de capacidades comunitarias como herramientas para reducir la vulnerabilidad territorial frente a las economías ilícitas. Desde el eje 2 se posiciona la sostenibilidad ambiental como una estrategia de prevención estructural. Esa ha sido nuestra tarea, y le estamos cumpliendo al país, apoyando transiciones en departamentos como Caquetá, Guaviare y Nariño.
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Durante décadas, la estrategia antidrogas se ha centrado en la erradicación y en la persecución de los eslabones más débiles de la cadena, como los campesinos cocaleros. ¿Qué cambios propone Colombia para reorientar esa estrategia hacia las estructuras criminales y las economías ilegales?
Quiero contar sobre la visita que nos hicieron compañeros de Fortaleza, en Brasil, para conocer los procesos de transformación de narrativas en Colombia. Quisiera recordar también la conferencia de Harm Reduction que se dio acá en Bogotá. El panel de expertos de revisión de la política de drogas fue un logro de Colombia. Tenemos el primer dispositivo comunitario de atención a usuarios de sustancias en América Latina, ubicado en Cali. Hemos tenido reuniones bilaterales con el gobierno boliviano, que quiere conocer nuestra experiencia, errores y fracasos, en la transformación territorial. También con organizaciones de derechos humanos en Europa. Es decir, Colombia ha caminado y tiene un lugar en el debate global.
Nuestra tarea en la Dirección de Política de Drogas es la del oxígeno, y hemos centrado los esfuerzos en la transformación territorial a través de la atención de población cercana a mercados urbanos de drogas, apoyándolos en la generación de ingresos. Para esto le estamos apostando a la innovación social, en articulación con las comunidades, para contribuir al desarrollo de un enfoque humano en el abordaje del fenómeno de las drogas.
Otro tema que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es el impacto ambiental de la economía de la coca. ¿Qué propuestas planteó Colombia para incorporar la dimensión ambiental dentro del debate global sobre drogas?
Nuestro mensaje es que la transición económica no puede fomentar el monocultivo o el daño ambiental, como ha terminado ocurriendo con las estrategias de sustitución y la expansión de la ganadería. Es un buen momento para hablar de lo que conocemos como el eje 2 de la política, es decir, cuidado ambiental. Estamos abriendo e invirtiendo recursos de nuestro Banco de Proyectos, inversión directa y dignificación, un convenio llamado “Territorios en Dignidad” con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Ministerio de Justicia está impulsando un Banco de Proyectos que financia directamente iniciativas de organizaciones de base.
Esto significa que el presupuesto que antes se destinaba a la fumigación hoy se redirige a fortalecer proyectos que promueven la justicia ambiental y la vida digna de las poblaciones rurales. Queremos que todos se imaginen proyectos de sostenibilidad ambiental que promuevan la restauración ecológica de microcuencas, nacederos y ecosistemas afectados por economías ilícitas, orientada a la recuperación de funciones hídricas, regulación climática y conectividad ecológica en territorios donde la expansión de cultivos ilícitos y actividades asociadas han generado degradación ambiental.
El enfoque de derechos humanos de esta política marca una ruptura definitiva con la aspersión aérea indiscriminada, priorizando la vida y la recuperación del territorio por encima de la persecución química, y con eso quiero contarles dos cosas que hacemos: la respuesta de Colombia a la expansión de cultivos y la política indiscriminada es la restauración. Mediante la Caja de Herramientas “El Punto de Retorno”, involucramos a las comunidades locales como actores clave en la mitigación de impactos ambientales, garantizando sus derechos a un ambiente sano y a la participación operativa en su propio territorio.
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En un contexto donde el narcotráfico ha dejado tantas víctimas, ¿qué hemos aprendido como país y podemos enseñar al resto en materia de drogas?
Me alegra tocar este tema porque muchas veces pasa desapercibido: es el tema de las víctimas. La Comisión de la Verdad mostró que los mercados de cocaína y marihuana, en el marco del prohibicionismo, hicieron del conflicto armado una guerra más cruel, letal y degradada. Aprendimos que tenemos que cambiar las formas tradicionales de entender este asunto.
Aprendimos que las respuestas únicamente con enfoque punitivo no han dado los resultados esperados, por lo cual es necesario incorporar un enfoque de oxígeno que tiene como foco las comunidades afectadas. Hemos aprendido de la dupla obligada: derechos humanos y política de drogas. Esto es una discusión que va más allá del ámbito de drogas, en tanto se relaciona de forma directa con los derechos humanos y otros enfoques que requieren ser reforzados en el marco de diálogos en los escenarios multilaterales.
Hemos aprendido que necesitamos mejores datos. Tenemos una política altamente compleja, con una cantidad de incertidumbres y dificultad para el levantamiento de información. Queremos saber qué está pasando y cómo podemos medirlo mejor. Aprendimos que la política de drogas y la protección del medio ambiente no se pueden separar. Estuve en un panel con Brasil y la preocupación por la defensa de la Amazonia es fundamental, no desde una perspectiva solo de crimen organizado, sino de fortalecimiento y defensa de las naciones indígenas y los pueblos campesinos que la habitan.
¿A dónde debe dirigirse la política global de drogas para reducir los costos humanos que ha dejado esta guerra durante décadas?
Primero, reconocer el camino transitado. Y hay mucha esperanza. Hace diez años nadie podía dudar de la “lucha contra las drogas”. Pocas voces hablaban del cambio de paradigma. Hoy, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas está hablando de evaluar el impacto de la política de drogas y los derechos humanos, en una tarea que varias organizaciones en Colombia han apoyado. La Comisión de la Verdad envió un mensaje contundente: es necesario cambiar el paradigma para lograr la paz.
Durante años, el enfoque ha sido netamente represivo, pero no estamos en 2005, 2010 o ni siquiera en 2016. Este gobierno ha trabajado en posicionar la idea de que una política puede llevar a cabo estrategias de interdicción y, a la vez, un enfoque centrado en el cuidado, la protección y la inclusión de las comunidades desde un enfoque de derechos. Por eso, Colombia continuará sosteniendo la importancia de promover y sostener una política de drogas basada en los derechos humanos, la innovación social, la transformación territorial y el cambio de narrativas.
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