El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Adje), Camilo Gómez, informó que esa entidad asumirá la representación de Colombia en la etapa de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) a partir del próximo año. Además, la persona a cargo de coordinar la representación ante esa instancia, que investiga crímenes de lesa humanidad y genocidios, será la exvicefiscal general, María Paulina Riveros.
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Ante esa instancia internacional Colombia enfrenta casos por graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, desplazamiento forzado, violencia sexual y la expansión y financiamiento de grupos paramilitares. Según explicó Gómez este martes, el gobierno expidió un decreto (el 2269) que le da esta nueva función a la Agencia encargada de defender a Colombia en cualquier litigio.
“Ahora somos los abogados de Colombia ante la CPI y, para este efecto, organizamos un equipo de trabajo interno de los abogados con experiencia internacional y nos estamos apoyando con personas que conocen a fondo esas instancias”, indicó Gómez. Entre los profesionales que estarán en ese equipo, además de cuatro abogados directamente vinculados a la Adje, fungirá como asesora la exfiscal Riveros.
Gómez aseguró que escogieron a la exfuncionaria y mano derecha de Néstor Humberto Martínez “por su experiencia” y rememoró que Riveros trabajó al comienzo del siglo junto al abogado Augusto Ibáñez, en temas de paz. A renglón seguido, Gómez señaló que, “el 2020 es muy importante para Colombia en la CPI, por los casos que se están examinando sobre nuestro país”.
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Hace apenas unas semanas, la Fiscalía de la CPI emitió su informe anual sobre la situación de los casos a los que le tiene el ojo en Colombia y, aunque, destacó avances para investigar crímenes de guerra y en contra de la humanidad, también se declaró a la espera de que haya actuaciones judiciales “genuinas”. Por ejemplo, reconoció los avances tanto de la jurisdicción de Justicia y Paz, como de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con respecto de los cuatro asuntos que más le preocupan: la promoción y expansión de los grupos paramilitares, desplazamiento forzado, crímenes sexuales y casos de falsos positivos.
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Pero, a su vez, señaló que el próximo año seguirá realizando el seguimiento a los procesos que se llevan en la justicia ordinaria y en la justicia transicional para garantizar la genuinidad de los procesos y sanciones penales efectivas (sentencias objetivas que garanticen la retribución, la rehabilitación, la restauración y la garantía de no repetición). “Dada la escala, complejidad y la naturaleza de largo plazo de los procedimientos internos, llevados a cabo por las tres jurisdicciones nacionales, la Oficina también buscará conceptualizar durante 2020 la preparación de puntos de referencia que podrían permitir completar su preliminar examen”, dice el reporte publicado hace unas semanas.