
A Julia Cristina Daza Noguera la aparente falta de experiencia en el sector bibliotecario y de gestión patrimonial la tiene con un pie afuera de la dirección de la biblioteca más importante de Colombia: la Biblioteca Nacional, ubicada en Bogotá. Desde que llegó a manejar las riendas de la entidad que resguarda gran parte de la memoria del país, fue cuestionada por expertos del sector y algunos políticos de oposición que no veían en ella a la persona indicada para una responsabilidad tan grande. Eso mismo fue lo que evidenció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado miércoles 18 de noviembre la suspendió provisionalmente de su cargo en la biblioteca mientras resuelve de fondo una demanda que pide tumbar el acto con el que fue nombrada.
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Desde que se posesionó oficialmente el pasado 1 de octubre ante la ministra de las Culturas, Paola Holguín, llegaron los cuestionamientos por su hoja de vida. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, graduada en 2009, y cuenta con una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, que terminó en 2013. Su trayectoria laboral se ha concentrado principalmente en áreas de comunicaciones, asesoría y gestión tanto en el sector público como en el privado. Pese a su trayectoria, en el sector bibliotecario, importante para llevar las riendas de la Biblioteca Nacional de Colombia, no tendría lo suficiente.
Así se lo hicieron saber a la justicia la senadora Jennifer Pedraza, la politóloga Alejandra Sánchez Zuluaga, el excandidato al Congreso Andrés Felipe Salcedo Pinzón y el bibliotecólogo y periodista Adair David Cotes Barros. Todos ellos demandaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el “artículo 1 de la Resolución DM No. 0608 del 1° de octubre de 2026, expedida por la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes”, mediante la cual se nombró a Julia Cristina Daza Noguera en el cargo de directora general de la Biblioteca Nacional. Según expusieron, para un nombramiento así se “exige verificar tanto los requisitos previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales como las disposiciones especiales contenidas en la Ley”.
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La congresista Pedraza y los demás demandantes fueron enfáticos en que para el cargo hay requisitos altos que, aparentemente, Daza Noguera no cumple. Por ejemplo, que se requiere un título profesional y especialización en áreas relacionadas, también que el Manual de Funciones de la propia Biblioteca Nacional exige 72 meses (seis años) de experiencia profesional relacionada. Sin embargo, expusieron ante el Tribunal que para nombrarla en el cargo, el Ministerio de las Culturas le computó un total de 73 meses y 14 días, que es apenas un mes y 14 días por encima del mínimo. No solo eso, sino que la experiencia computada por la cartera, ni siquiera sería la que debió ser tenida en cuenta para ocupar el puesto.
Los demandantes sostuvieron que "las certificaciones se refieren principalmente a actividades de comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría en entidades públicas y privadas, por lo tanto, no tienen similitud material con las funciones bibliotecarias, de patrimonio documental y coordinación de bibliotecas públicas, que son propias del empleo a proveer". Por otra parte, en la demanda señalaron errores específicos de cómputo, como la experiencia registrada en la campaña política de Noemí Sanín, en la cual Daza Noguera fue jefa de prensa y de relaciones públicas. La congresista y los demás demandantes pusieron de presente que esa experiencia fue asimilada como si hubiera sido asesorar entidades culturales y científicas.
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Quitando ese tiempo, dijeron al Tribunal, "el resultado es de 71 meses y ocho días, inferior a los 72 meses exigidos" para llegar a lo más alto de la Biblioteca Nacional. Con esa cadena de errores que presentaron, le pidieron a la justicia anular el nombramiento por no cumplir con los requisitos legales, “así como por la falta de acreditación de experiencia profesional relacionada con las funciones bibliotecarias del empleo". También, que “como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se comunique la sentencia al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para que, al proveer nuevamente el empleo, se ajuste a los requisitos profesionales establecidos en la Ley”.
Sin embargo, pidieron que mientras el caso se resuelve de fondo en primera instancia, Daza Noguera fuera apartada del cargo provisionalmente. Al revisar las peticiones, la Sección Primera del Tribunal, con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, accedió. Además de admitir la demanda, esa instancia decretó “la suspensión provisional de la Resolución DM No. 0608 del 1° de octubre de 2026, por medio de la cual se nombró, con carácter ordinario, a Julia Cristina Daza Noguera como directora general de la Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional de Colombia por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida”.
En sus argumentos, el Tribunal fue claro: "la experiencia acreditada corresponde a actividades de comunicación, relaciones públicas y divulgación institucional, no a labores bibliotecarias o de gestión del patrimonio cultural". La Sección Primera también determinó que con una simple confrontación documental se podría ver la ilegalidad que habría en el nombramiento: "No se requiere un examen más profundo acerca del alcance del concepto de experiencia profesional relacionada para colegir, por simple confrontación entre la normativa aplicable y la documental aportada, que la demandada no cuenta con experiencia relacionada con la función neural del cargo a desempeñar", se lee en la decisión.
Por ahora, se espera que el Ministerio de las Culturas sea debidamente notificado de la decisión para que nombre a un encargado, como lo dijo la jefa de esa cartera a través de X (antes Twitter). Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sigue avanzando en el estudio de fondo sobre la demanda de nulidad en primera instancia. Si se demuestra que el nombramiento fue ilegal como lo señalan los demandantes, el caso podría escalar también hasta la Procuraduría, ya que en la demanda pidieron que “se compulsen copias de la actuación al Ministerio Público para que, en el ámbito de sus competencias, examine la verificación de los requisitos que precedió al nombramiento y determine si existen méritos para adelantar las actuaciones correspondientes”.
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