Una vez más, la Fiscalía intentará que un juez cierre la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Lo hará, pese a que en abril pasado, una jueza negó su primera solicitud en ese sentido, en una decisión en la que, de paso, regañó al fiscal que llevaba el caso en ese momento, Gabriel Jaimes, luego de que en tres meses de investigación dejara cabos sueltos y ni siquiera interrogara al propio investigado. El ente investigador se apresta, entonces, a desafiar por segunda vez los hallazgos y conclusiones que llevaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a ordenar la detención preventiva del exmandatario por fraude procesal y soborno.
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De la petición de la Fiscalía todavía no se conocen detalles de manera oficial. En un comunicado de cuatro párrafos, el búnker anunció que el segundo fiscal en tomar las riendas del caso, Javier Fernando Cárdenas Pérez, ya radicó la solicitud de preclusión. El expediente debe primero ser asignado a un juez de conocimiento, que fijará una fecha para audiencia y allí, de nuevo, se escuchará a Cárdenas, a la Procuraduría, a las víctimas, como el senador Iván Cepeda, quienes ya se pronunciaron ante esta nueva movida, y a la defensa de Uribe. La noticia llega un día antes de que al fiscal Cárdenas se le vencieran los términos y se conoce que retomará al menos dos caminos jurídicos que ya utilizó, sin éxito, el fiscal Jaimes.
Las víctimas de caso, el senador Iván Cepeda Castro, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, y la esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, rechazaron la decisión de la Fiscalía y aseguraron que, contrario a lo que sostiene la Fiscalía, el trabajo que realizó durante tres meses no “desvirtúan los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obra en la actuación procesal (...) Por el contrario, tales actos investigativos permiten inferir con mayor probabilidad de verdad que Álvaro Uribe Vélez habría cometido los delitos que le fueron imputados”. Además, calificaron la posición de la Fiscalía como una en la que, “en vez de contribuir a la justicia, se privilegia la impunidad”. Lo que debería suceder, para ellos, es que el ente investigador presente el escrito de acusación contra Uribe.
¿Por qué la Fiscalía vuelve a pedir la preclusión en el caso Uribe?
Vamos por partes. En la decisión con que la Corte Suprema ordenó la detención de Álvaro Uribe, el alto tribunal concluyó que habría sido un “determinador y beneficiario” del entramado que se había tejido entre sus abogados y personas cercanas para buscar testimonios de paramilitares que lo eximieran a él de señalamientos de vínculos con las Autodefensas. Pero en agosto de 2020, el expresidente renunció al Senado y su dimisión trasladó el expediente en su contra del alto tribunal a la Fiscalía. Allí le fue asignado a Gabriel Jaimes, quien pronto comenzó a escudriñar en las voces que habían hablado contra Uribe y, a pesar de escuchar a casi 30 testigos, nunca interrogó al expresidente.
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Jaimes, entonces, pidió la preclusión del caso por tres razones: Primero, porque consideraba que seis hechos que reprochaba como delitos la Corte Suprema en su decisión, en realidad no incriminaban a Uribe. En primer lugar, porque las conductas en sí no serían delito (atipicidad). Segundo, porque donde sí se cometieron delitos, según la Fiscalía, no habría participado Uribe. Y tercero, porque no habría evidencias que permitan llevar a juicio al expresidente (incapacidad de desvirtuar presunción de inocencia). Ahora el fiscal Cárdenas probará suerte con dos de estas causales.
Según el anuncio, el nuevo funcionario al frente del caso Uribe pedirá la preclusión por atipicidad e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Ahora bien, en estos tres meses el ente investigador por fin interrogó a Álvaro Uribe, además, “ejecutó siete inspecciones a diferentes autoridades, hizo una búsqueda selectiva en bases de datos y practicó pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular”, como recogió la Fiscalía en el comunicado. Es decir, puede que el fiscal Cárdenas haya encontrado elementos diferentes a los que tenía Jaimes.
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La jueza 28, sin embargo, ya había sido clara. Frente a la atipicidad, concluyó que lo dicho por la Fiscalía “no arroja certeza” y que había lugar a pensar que los ofrecimientos de traslados, beneficios jurídicos y hasta dinero a testigos para que hablaran en favor de Uribe, podrían interpretarse como soborno o fraude procesal. Por ejemplo, la jueza reprochaba que nunca se investigó si el expresidente Uribe o su abogado, Diego Cadena, intervinieron para que el Inpec trasladara de prisión al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado presuntos nexos del expresidente con paramilitares y cuyas denuncias de presiones dieron pie a todo este caso.
Asimismo, sobre la presunción de inocencia, la Fiscalía había asegurado que agotó todas las pruebas posibles y no logró encontrar algo que incriminara al expresidente. Pero la jueza estimó lo contrario: “La investigación no se decantó hasta su límite máximo en lo racional”. Por ejemplo, porque el fiscal Jaimes nunca buscó entrevistar al exsenador Mario Uribe, condenado por parapolítica y primo del exmandatario, quien, según varias versiones, podría dar fe de cómo aterrizó en este expediente el testigo Carlos Enrique Vélez, exparamilitar que ha señalado que el abogado Cadena le pagó por exculpar a Uribe Vélez.
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Con las declaraciones que tomó en estos meses y el interrogatorio a Uribe, la Fiscalía terminó por darle la razón a la jueza 28 al menos en eso: sí había aún cabos sueltos en la investigación. No obstante, luego de 90 días de investigación en total sigilo, el ente investigador no cambió sus conclusiones. Un resultado al cual se van a oponer las víctimas, como Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. La esperada noticia, de hecho, solo devuelve el proceso a la fase en la que estaba en marzo de 2021: a la espera de que comiencen audiencias. ¿La segunda será la vencida para la Fiscalía?