La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 comparecientes de la Fuerza Pública involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Norte de Santander entre 1999 y 2008.
Se trata de 39 comparecientes que estuvieron adscritos a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, y 93 uniformados que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander y uno al Batallón de Combate Terrestre No. 46 Héroes De Saraguro, los cuales operaban en la región del Catatumbo (Norte de Santander).
Lea: Condenan a 50 años de prisión a un hombre por ataque terrorista al aeropuerto de Cúcuta
Los comparecientes estuvieron involucrados en 31 hechos que produjeron 49 víctimas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros o miembros de grupos ilegales dados de baja en combate sin serlo. La decisión fue expedida por los magistrados Pedro Díaz Romero y Mauricio García Cadena, quienes hacen parte de la Subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
Luego de una evaluación y un proceso dialógico y restaurativo, ambos magistrados concluyeron que los comparecientes cumplieron los requisitos que exige el régimen de condicionalidad “de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada que supere lo conocido en la justicia ordinaria; reconocer su responsabilidad por los hechos en los que hayan participado; concertar medidas de contribución a la reparación con las víctimas y comprometerse con la no repetición”.
Le puede interesar: Ataque del frente Carlos Patiño en Cauca deja un soldado muerto y cinco heridos
Los hombres recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal, que, según la JEP, consiste en la eliminación de la acción penal y disciplinaria, por lo que los procesos en contra de los 133 comparecientes de la Fuerza Pública deberán ser archivados. Según la justicia transicional, en Catatumbo se configuraron dos modalidades a la hora de presentar falsas bajas en combate.
La primera: el asesinato de habitantes de la región a quienes señalaron de ser supuestos colaboradores de la guerrilla a partir de información falsa. La segunda modalidad: el asesinato de personas jóvenes en condición de vulnerabilidad, quienes eran trasladados con engaños desde regiones apartadas como Soacha (Cundinamarca) hasta Norte de Santander para hacerlos pasar como supuestos guerrilleros dados de baja en combate.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
