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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la campaña de desprestigio en redes sociales contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, a través de la difusión de videos “fragmentados y manipulados” de diligencias judiciales contra exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. Según advirtió la entidad, estas publicaciones afectan “el trabajo judicial y el nombre” de la togada y de esa instancia de justicia transicional.
“Difundir unos segundos de video y presentarlos como prueba de supuesta ‘complicidad’ o ‘cercanía’ con la antigua guerrilla, silenciando sus decisiones finales de los procesos de investigación y resultados, distorsiona el alcance de su trabajo, puede revictimizar a quienes sobrevivieron a los crímenes investigados, alimenta la estigmatización y ha contribuido a la violencia digital contra la magistrada en redes sociales”, se lee en el pronunciamiento.
Parte de la discusión tiene su origen en las publicaciones en redes sociales de la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, con cuestionamientos a la jurista. Algunos de los videos divulgados son de una diligencia realizada en 2019 y presidida por la magistrada Lemaitre, de la cual cuestionó públicamente el comportamiento de la togada frente a comparecientes de las Farc.
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Para la JEP, dicha publicación desconoce los resultados de la investigación, que derivó en una imputación en 2021 contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestros. Asimismo, la institución señaló que otras figuras públicas, como el senador Germán Rodríguez, han compartido imágenes con fragmentos de una audiencia en la que participó Sigifredo López, víctima de secuestro, “en un montaje en el que pone en duda la probidad de la magistrada Lemaitre”.
Según la Jurisdicción, en una publicación en TikTok, Rodríguez usó afirmaciones “injuriosas” contra la togada, como que “es una adoradora de las Farc” y “anda enamorada de Timochenko”. En ese sentido, se lee en el pronunciamiento: “La JEP rechaza estas afirmaciones falsas que de manera deliberada promueven la estigmatización y violencia digital contra la magistrada”.
Para la instancia de justicia transicional, esta situación cuestiona el buen nombre de la magistrada Lemaitre y pone en riesgo su vida y su integridad física. Esto, debido a que, “como se ha visto alrededor del mundo, la violencia digital se puede materializar en violencia física”, advirtió la JEP.
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Asimismo, la JEP reconoció el derecho de las víctimas y de la ciudadanía a expresar sus inconformidades, exigir respuestas y reclamar sus derechos. Sin embargo, señaló que estas manifestaciones deben tramitarse por las vías establecidas y respetar las garantías de quienes intervienen en los procesos judiciales.
“Sus observaciones deben escucharse con seriedad y atenderse mediante los procedimientos establecidos. La legitimidad de la justicia transicional exige respeto por las víctimas y garantías efectivas para su participación”, se lee en el documento.
Sin embargo, recordó que la imparcialidad de una magistrada debe evaluarse a partir de sus actuaciones procesales, sus decisiones, los fundamentos jurídicos, las pruebas examinadas y las garantías ofrecidas a quienes intervienen en el proceso. Para la JEP, las imputaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad lideradas por la magistrada Lemaitre dan cuenta de ello.
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Por otra parte, la JEP destacó que el despacho de Lemaitre ha obtenido “resultados trascendentales” en la investigación de los crímenes cometidos por las antiguas Farc. Según el documento, la magistrada ha emitido nueve autos con los que imputó a 74 comandantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre estos crímenes se encuentran hechos relacionados con asesinatos, toma de rehenes, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. “Ningún otro despacho ha imputado a más comandantes de esa guerrilla ni documentado más hechos individuales de victimización”, aseguró la justicia transicional.
En una reciente entrevista con El Espectador, la magistrada Lemaitre también se refirió al impacto que ha tenido la circulación de estos videos en las víctimas. “Lo que hacen con la circulación de este video es un daño enorme a las víctimas, porque al ver a Rodrigo Londoño decir que no hay tortura, vuelven al pasado. Es como si la JEP y yo nunca hubiéramos hecho nada. El daño emocional y mental que esto causa es tremendo”, afirmó.
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Además, la magistrada aseguró que la situación ha afectado su vida y cuestionó la difusión de estos contenidos. “Yo no he podido dormir. Me parece bajo y cruel lo que están haciendo. Por eso estoy aquí: por si ayuda decirles de nuevo que todo su sufrimiento lo recogimos, lo escribimos, es parte del caso, lo escuchamos con atención, se imputó la tortura porque sí la hubo. Eso no lo pueden negar, lo aceptaron frente a las víctimas. Todo eso sí pasó”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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cesarc655(66636)•22 de octubre de 2026 – 20:30Quieren amedrentar la JEP, los "hombres de bien" no quieren que se conozca su participación en el genocidio colombiano, igualmente los hijos y familiares de adinerados paramilitares y narcos, no quiere que se sepa que son unos delincuente
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Juan(cnp52)•22 de octubre de 2026 – 02:35Muy bajo y muy cruel, ese es el ADN de este gobierno.
