Este martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada bajo el Acuerdo de Paz de 2016, dio a conocer su primera sentencia restaurativa. Siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc recibieron ocho años de sanción propia a trabajos y obras reparadoras, por ser máximos responsables de 21.936 casos de secuestro. La sanción hace parte del macrocaso 01, que investiga las tomas de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las antiguas Farc.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, o “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra o “El médico”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda Escobar o “Ricardo Téllez”. Es el primer grupo de personas sentenciadas, de los 41 exfarc imputados por cometer secuestros.
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Los siete comparecientes fueron declarados “penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”, detalló la JEP durante la letura de la sentencia. La justicia transicional también los declaró “autores por responsabilidad por mando por los crímenes de guerra (...) cometidos por las unidades bajo su mando”.
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz les había imputado también otros crímenes cometidos en contra de las personas secuestradas. Entre ellos, hechos como desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, trabajos forzados, tratos crueles e inhumanos, tortura e incluso violencia sexual. Esto, con tres objetivos: financiar a la organización ilegal, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población civil.
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En su imputación, en enero de 2021, la JEP señaló que los secuestros y violaciones de derechos humanos cometidos por antiguos integrantes de las Farc, por los cuales 4.325 personas fueron acreditadas como víctimas en todo el país, fueron crímenes de lesa humanidad “cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”.
La justicia transicional detalló además en su momento que los secuestros “se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial”. Y agregó: “Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”.
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La lectura de la sentencia, que inició sobre las 8:00 de la mañana, empezó con una intervención del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El togado destacó que esta es la primera vez que los exintegrantes de una organización al margen de la ley aceptan su responsabilidad en graves crímenes y violaciones de derechos humanos, acogiéndose a una instancia de justicia especial.
“Los reconocimientos y los aportes a la verdad nos liberan y la justicia se convierte en acciones concretas en los territorios más golpeados por el conflicto armado”, dijo el magistrado Ramelli. Agregó que la primera sentencia restaurativa de la JEP levanta el silencio sobre los más graves hechos ocurridos durante el conflicto. “Se dejaron atrás los eufemismos y se asumieron las responsabilidades. Los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten”, añadió el togado.
Los detalles de la sentencia
El magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, ponente del macrocaso 01 de la JEP, fue el encargado de dar a conocer los detalles de la sentencia restaurativa impuesta a los exintegrantes del último secretariado de las Farc. La sentencia explica que la sanción de ocho años de trabajos, obras y actividades con carácter restaurador se toma de acuerdo a los tiempos máximos señalados en el Acuerdo de Paz de 2016.
La decisión determina que los siete exintegrantes del último secretariado de las antiguas Farc deberán cumplir con trabajos, obras o actividades de carácter restaurador o reparador durante un período de ocho años. Ese es el tiempo máximo de las sanciones estipulado en el Acuerdo de 2016. Para esta sanción, serán 46 los proyectos en los cuales los exintegrantes de las Farc cumplirán sus sanciones, siguiendo cuatro líneas.
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Esas líneas son la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, proyectos de acción integral contra minas antipersonal; medio ambiente, naturaleza y territorio, memoria y reparación simbólica. Sin embargo, aún no es del todo claro cuáles serán los proyectos y los sitios en los que se cumplirán las sanciones, que estarán acompañadas de medidas particulares de restricción de derechos y libertades que, en todo caso, no son de cárcel.
Sin embargo, sí se sabe que fue priorizado un proyecto de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira (Valle del Cauca). “La JEP definió que, además de este, los comparecientes desarrollarán otros proyectos que se irán implementando progresivamente hasta cumplir la sanción”, indicó la justicia especial durante la presentación de la sentencia.
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El segundo proyecto priorizado está relacionado con trabajos de memoria en Cali (Valle del Cauca) y Neiva (Huila). En estas iniciativas, “los comparecientes deberán realizar relatos dignificantes (...), así como labores operativas como transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica de las víctimas”, indicó la JEP.
Sobre las restricciones a sus derechos y libertades, la justicia transicional detalló que serán reducidas la movilidad, la residencia y el trabajo. “Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia”, señaló la JEP. Fuentes de el organismo de justicia le explicaron a este diario que los dispositivos para el monitoreo ya fueron adquiridos.
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Para el seguimiento del cumplimiento de las sentencias, la JEP señaló que se activará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, del cual harán parte el tribunal especial y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Los sancionados permanecerán bajo un régimen de condicionalidad que les exige seguir aportando verdad cada vez que sean requeridos en las distintas investigaciones de la JEP a las que siguen vinculados por otros crímenes cometidos durante el conflicto”, señaló la entidad.
Finalmente, la JEP dejó claro que, como tribunal encargado de adminsitrar justicia, su labor principal es la investigación, judicialización, sanción y seguimiento a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Sin embargo ahora el balón está del lado del Ejecutivo, que tendrá que disponer de la institucionalidad necesaria para su cumplimiento. “El Gobierno Nacional es responsable de garantizar los recursos y las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de la sanción”, concluyó la entidad.
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