Mientras que por dos años el Gobierno de Gustavo Petro apostó por un cese al fuego con grupos armados, en el marco de su político de paz total, organizaciones de derechos humanos, académicos que estudian los fenómenos de violencia en el país y líderes sociales coincide en que ese escenario fue ideal para el fortalecimiento de sus estructuras, tanto en número de hombres, como en su capacidad armada y territorial, así como en la consolidación de sus negocios ilícitos. Tal es el caso del nordeste antioqueño y la disidencia de las Farc, conocidas como el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), dirigida por alias “Calarcá”.
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Muestra de este poder fue el ataque del pasado 21 de agosto a un helicóptero de la Policía en la vereda Los Toros, en Amalfi (Antioquia). El hecho dejó un saldo de 13 policías muertos y cuatro heridos. Luego, las autoridades reportaron el desplazamiento de por lo menos 20 familias de Los Toros hacia el casco urbano del municipio por temor a quedar en medio de nuevos ataques en la zona.
Estos desplazamientos se suman a los de otras 691 personas a lo largo del 2025. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, en los municipios donde más se ha presentado este fenómeno de violencia es en Amalfi, Segovia, Anorí y Remedios, siendo estos dos últimos los que más registran casos, con 290 y 371 personas, respectivamente.
“Llevamos aproximadamente un año desde que la situación de orden público en todo el nordeste ha sido compleja por las incursiones” de los grupos armados, señaló José Hernández, líder y miembro de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (Ascna).
El vocero señaló que la disidencia de “Calarcá” estaría en una retoma del “territorio en el que históricamente han estado las guerrillas”, y que este brazo de las disidencias estaría representado por el frente 36 y el 18 que “no se desarticularon totalmente con el Acuerdo de Paz de 2016. Quedaron algunos residuos que se articularon con la disidencia de Gentil Duarte que fue el frente primero que no entró a la negociación de paz en La Habana”.
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A esta presencia de las disidencias se le suman las de otros grupos como el Eln, el Clan del Golfo, Los Caparros y otras estructuras de crimen organizado, según la Defensoría del Pueblo. Estos hombres armados han llevado una guerra a muerte para quedarse con las rentas de la minería ilegal de oro y el tráfico de droga y dominar un corredor geográfico estratégico como es el nordeste, que conecta con el sur de Bolívar y por el que se “movilizan también armas e, incluso, hasta la misma madera. Además, es un punto clave para transportar cargamentos de drogas que vienen de Venezuela y salen por el Urabá”, explicó el profesor e investigador de conflicto de la Universidad de Antioquia, Germán Darío Valencia.
A esta guerra entre todos contra todos, el experto en seguridad, Jorge Mantilla, agregó otro factor importante y es “el incremento internacional de los precios del oro a su pico histórico, y eso, en el caso de “Calarcá”, es muy importante porque ha significado una nueva actitud en términos extractivos. No solo en el nordeste, sino en el resto del país”.
Mantilla explicó que los planes de este grupo serían “fortalecer su posición al interior del mundo de las disidencias. ‘Calarcá’ pretende unir las estructuras del nordeste con las del sur de Bolívar y con las del Magdalena Medio para armar un gran bloque en el norte del país, mientras que ‘Iván Mordisco’ mantiene su fuerte en el suroriente”.
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Además del ataque al helicóptero en Amalfi hace una semana, este jueves 28 de agosto se presentó otro hecho en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Ituango (Antioquia), cuando civiles alertaron sobre un cilindro con cableado. Durante el operativo para desactivar el artefacto, el Ejército y las disidencias se enfrentaron en un combate en el que murió el soldado Esneider Pineda.
Tan solo cuatro días antes, en esta misma vía que conecta con el proyecto Hidroituango, hombres de “Calarcá” instalaron otro cilindro. Precisamente esta zona de Ituango sería el siguiente objetivo de la retoma de “Calarcá”, según indicó Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Los proyectos de hidroeléctricas que se expanden en el nordeste de Antioquia serían un nuevo foco para los grupos armados. Así lo señaló a El Espectador un líder de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia que, por seguridad, prefirió omitir su nombre.
“La minería y los cultivos de uso ilícito en el nordeste han disminuido en los últimos años y la avanzada de los paramilitares y disidencias va hacia los lugares con grandes proyectos de hidroeléctricas como lo es Porce 4 en Anorí y Amalfi. La guerra es entre estos grupos para poder despejar la zona y sacar ganancias de la extorsión a estas empresas y sus grandes infraestructuras”, señaló el líder.
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Este diario consultó a la Gobernación de Antioquia sobre qué medidas ha tomado para proteger a la población. La entidad respondió que con “la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizan inversiones para fortalecer las capacidades en logística, movilidad y tecnología de la Fuerza Pública, con el fin de que puedan actuar en territorio”.
Agregaron que el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, “realiza los consejos de Seguridad y Oportunidades Sociales en las diferentes subregiones de Antioquia con el fin de analizar, con alcaldes, comandantes de Fuerza Pública y organismos de justicia, la situación de orden público y tomar las medidas correspondientes”.
Frente al ataque que se presentó contra el helicóptero de la Policía en Amalfi, la entidad señaló que en junio de este año enviaron un oficio al Ministerio de Defensa en el que alertaron la compleja situación de orden público en el municipio. La Gobernación señaló que “dicho oficio no fue respondido con las acciones solicitadas, y las consecuencias se evidenciaron en el ataque que derivó en el asesinato de 13 policías. Esta situación hubiera sido evitable si la Fuerza Pública hubiera desplegado las capacidades solicitadas”.
Mientras la Gobernación señaló como responsable a la Policía de su propia tragedia, en el fondo de esos señalamientos están los habitantes del nordeste de Antioquia que esperan una respuesta institucional para evitar el desenlace de esa escalada violenta por la guerra entre “Calarcá”, el Eln, el Clan del Golfo y los demás grupos armados que hacen presencia en la zona.
*Nota de la editora: la versión web de esta nota fue actualizada y difiere de la versión impresa. En el artículo impreso se señala que el oficio de la Gobernación de Antioquia fue enviado al Ministerio del Interior. Sin embargo, se aclara que la solicitud fue enviada al Ministerio de Defensa, y se amplió la repuesta de la entidad sobre las medidas que han tomado para tratar la crisis de seguridad en la zona.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
