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A pocos días de conmemorarse los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia reunió a las altas cortes para reflexionar sobre uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de Colombia. En el evento Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos, realizado en el auditorio principal de la Universidad Externado en Bogotá, se insistió en que el país aún enfrenta vacíos de verdad y justicia alrededor del holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Desde el escenario académico, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Ibáñez, señaló que “no se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado”.
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El magistrado recordó que el M-19 había planeado el ingreso armado al Palacio desde mayo de 1985, con el objetivo de adelantar un “juicio político” al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur, por presunta ruptura de los acuerdos de paz. Inicialmente, la operación estaba prevista para octubre de ese año, pero fue pospuesta y, finalmente, ejecutada el 6 de noviembre con un operativo que, además, “sería compartida con el Cartel de Medellín de probarse su participación en el diseño y financiación de la operación”, señaló Ibáñez.
El presidente de la Corte Constitucional también citó conclusiones de la Comisión de la Verdad y de tribunales internacionales, que calificaron como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) tanto la incursión guerrillera como la respuesta del Estado. Más de mil militares participaron en la retoma ignorando llamados de cese al fuego y bloqueando la intervención oportuna de organismos de socorro.
Aunque el Estado colombiano ha sido condenado por sus omisiones y excesos en la retoma, Ibáñez advirtió que la verdad judicial sigue incompleta. “Solo a partir del año 2000 se adelantaron las investigaciones penales contra miembros de las Fuerzas Militares por sus actuaciones en los hechos del Palacio de Justicia, relacionados con la retoma, la muerte de los rehenes producida con motivo de esta operación y la desaparición de varias personas”.
Ibáñez subrayó que nunca se investigó a fondo la presunta participación del Cartel de Medellín en la financiación y autoría intelectual del asalto, pese a las amenazas previas contra magistrados de las altas cortes. Tampoco prosperaron pesquisas contra funcionarios públicos que habrían suspendido de manera injustificada el plan de seguridad del Palacio desde los primeros días de noviembre de 1985, decisión que dejó desprotegido el edificio y facilitó el ingreso del M-19.
A cuatro décadas de la tragedia —que dejó 94 muertos, incluidos 11 magistrados; 242 afectados física o psicológicamente; y un número aún indeterminado de desaparecidos—, las deudas en materia de verdad, justicia y reparación persisten. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya concluyó en la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición de civiles durante la operación, mientras siguen abiertas las investigaciones internas en Colombia para esclarecer la totalidad de las responsabilidades.
“Que este aniversario no sea una ceremonia, sino una advertencia para el presente”, concluyó Ibáñez. “Las generaciones más jóvenes tienen derecho a una democracia donde la violencia nunca vuelva a ser un método de disputa política. En últimas, esa es la contribución mínima que les debemos: no dejarles un país que considere normal la agresión contra la justicia”.
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