4 Feb 2020 - 3:31 p. m.

La versión de la Universidad de Medellín frente al escándalo de Julián Bedoya

El presunto grado irregular del senador del Partido Liberal ya cobró sus dos primera cabezas en la institución. Sin embargo, directivas de la universidad rompieron su silencio y dieron su versión sobre el hecho que puso a la institución educativa en primera plana.

Juan Sebastián Lombo Delgado / @JuanLombo/ jlombo@elespectador.com

La Universidad de Medellín niega cualquier irregularidad en el grado como abogado del senador Julián Bedoya.  / @JulianBedoyaL17
La Universidad de Medellín niega cualquier irregularidad en el grado como abogado del senador Julián Bedoya. / @JulianBedoyaL17

El escándalo por la presunta graduación irregular del senador Julián Bedoya por parte de la Universidad de Medellín ya cobró a sus dos primeras cabezas. Se trata del rector de la institución, Néstor Hincapié Vargas, y la presidenta de la conciliatura, Aura Marleny Arcila, que también ostenta una curul en el Concejo de Medellín. Ambos presentaron la renuncia a sus cargos en la jornada de este lunes.

La novela por el caso Bedoya comenzó a finales de 2019, cuando se reveló que el senador Julián Bedoya, reconocido por ser el instructor en la investigación contra el exmagistrado Jorge Pretelt, habría obtenido su grado de derecho de forma irregular. El congresista del Partido Liberal presentó cerca de 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en tiempo récord: destinó tan solo cuatro jornadas para realizarlos y aprobarlos en su primer intento.

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La peculiaridad de su caso llevó al Ministerio de Educación, a la Fiscalía y a la Procuraduría a ponerle la lupa al asunto. Después de una pesquisa previa, los tres entes abrieron investigaciones formales en contra de la Universidad de Medellín, el rector de la institución, los profesores que le practicaron los exámenes a Julián Bedoya y al propio senador.

En medio del escándalo y los señalamientos, El Espectador tuvo la oportunidad de hablar con directivos de la Universidad de Medellín sobre el escándalo y sobre sus argumentos para decir que en ningún momento hubo una irregularidad frente al grado otorgado al senador. Estos señalan que todo se resume a que la universidad quedó en medio de una disputa política: "Julián Bedoya tiene muchos enemigos políticos y eso nos ha arrastrado a nosotros".

Asimismo, frente a los señalamientos de que el grado exprés de Julián Bedoya se trató de un favor político para garantizar el apoyo del senador a Aura Marleny Arcila y otros candidatos de la universidad al Concejo de Medellín, las directivas niegan cualquier intencionalidad política de la institución en este hecho y asegura que la relación entre el Partido Liberal y el Alma Mater data desde el mismo comienzo de la institución y solo se resume en un enfoque ideológico más no de capital político.

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Por otro lado, frente a las posibles irregularidades tanto en la admisión y en los exámenes del senador liberal, los directivos aseguran que en ningún momento se fue en contra de los reglamentos de la universidad para favorecer a Bedoya. Y es que uno de los puntos que entró a analizar la Procuraduría fue el posible uso de la investidura por parte del senador Bedoya para garantizar un trato favorable en la universidad.

Para soportar de este tipo de señalamientos, el Ministerio Público señala que el congresista superó el tiempo máximo de reintegro estipulado por el manual de la Universidad de Medellín. En este se establece que un estudiante puede regresar a la institución después de haber salido en un periodo máximo de cinco años, después de ello, será el Consejo Académico el que entre a estudiar la situación. En el caso del senador Bedoya, este volvió a la universidad, sin mayores condicionantes, en 2018, a pesar de que este comenzó su carera en 2001 y su última salida se presentó en 2009.

Frente a este tema, las directivas aseguran que el ente de control solo tuvo en cuenta los registros académicos, más no toda la documentación de la Universidad, ya que Bedoya habría tenido otros reintegros en 2011, 2012 y 2014 que no quedaron registrados en la base académica, debido a que el ahora senador se retiró antes de finalizar los respectivos periodos de estudio. Para las directivas están “los soportes de las solicitudes de reintegro y las actuaciones de carácter financiero” para comprobar que el último reintegro de Bedoya -octubre de 2018- tomó cuatro años y no nueve, como señala la Procuraduría.

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Frente a la fecha de reintegro de Bedoya hay otra controversia y es la del paz y salvo del proyecto de investigación en la que el senador participó como asistente, cumpliendo así otro de los requisitos que tenía para graduarse. Frente a este tema, la Procuraduría encontró que el documento que acreditaba el trabajo de Bedoya tenía como fecha el 11 de septiembre de 2018, poco menos de un mes antes de que Bedoya se reintegrara a la institución para finalizar sus estudios en derecho.

Frente a este punto la Universidad de Medellín señala que se trató de un error de digitación. Supuestamente, el profesor investigador John Mario Ferrer, que dirigió la investigación de la que Bedoya participó, pidió este paz y salvo en enero de 2019, pero la encargada del Centro de Investigaciones tomó un formato anterior, cuya última fecha era el 11 de septiembre de 2018, para redactar este documento. De esta forma, la constancia de investigación quedó con los datos del senador Bedoya, pero con una fecha en la que el político liberal ni siquiera estaba en la institución.

El ministerio Público también puso en duda la participación de Bedoya en la investigación de la que supuestamente fue asistente. Esto debido a que el producto de esta fue un libro, el cual ya estaba en proceso de diagramación en el momento en que el senador apenas estaba siendo reintegrado a la universidad. Frente a este este tema, la Universidad señaló que hubo un error en la impresión del libro, en el que aparece como si hubiese salido del taller en 2018, cuando realmente fue impreso a comienzos de 2019.

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De la misma manera, el profesor investigador de John Mario Ferrer explicó a este diario que la labor de Bedoya fue realizar 10 fichas bibliográficas de unas sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la libertad de expresión. Esta labor no se habría evidenciado a profundidad en el libro, sino que tuvo mayor relevancia en un artículo complementario, que fue publicado en mayo de 2019. Por último, el docente investigador aseguró que Bedoya no fue su único asistente, sino que durante toda su investigación contó con cerca de 10 estudiantes más que apoyaron en labores similares a las del congresista.  

La institución hizo referencia directa a las maratónicas jornadas en las que Bedoya aprobó todos los exámenes que presentó. Un aspecto que varios exdirectivos de la Universidad de Medellín consideran como imposible y que la Procuraduría, después de recabar las estadísticas de la institución en los últimos años, señaló como anómalo.

Uno de los primeros puntos que destacan es que no se está ante un genio, como algunos han tratado de hacer ver de forma sarcástica, según la Universidad: “(Julián Bedoya) es un estudiante que se demoró mucho para graduarse”. Asimismo, las directivas señalan que, frente a las estadísticas, entrar a dudar de la aprobación de los exámenes por parte de Bedoya es una apreciación subjetiva que entra “a desconocer el fuero de los profesores que le practicaron las pruebas”.

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Y es que en los datos obtenidos por la procuraduría queda consignado que la tasa de éxito de estudiantes que presentan más de tres exámenes es del 34%, por lo que, de lejos, Julián Bedoya es un caso que está fuera de la media. Sobre todo, teniendo en cuenta que este no solo tenía que presentar las pruebas, sino que debía cumplir con su agenda legislativa.

No obstante, para la Universidad de Medellín, ahí está el secreto de que hubiera aprobado los 16 exámenes que presentó en tiempo récord: “Él ha participado en cientos de reformas desde el legislativo y en el proceso contra el exmagistrado Pretelt, ¿no tendrá él una basta experiencia para asumir los preparatorios? Él no es cualquier estudiante, viene de ser diputado, de participar en la Construcción del Código de Policía y otros temas legislativos. Él tiene un recorrido que ningún estudiante tiene, por eso puede presentar todos estos exámenes con éxito”.

En el escrito en el que se le abrió pliego de cargos a Julián Bedoya, la Procuraduría también hace mención de que, durante las fechas en las que el senador presentó las pruebas, este tuvo una cercanía más allá de la común con Yolanda Cosio, secretaría académica de la facultad de derecho. Este hecho, evidenciado por varios profesores de la institución, podría ser una muestra más del posible favorecimiento de la universidad hacia Bedoya.

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Sin embargo, para los directivos no es así. “Es verdad que Julián Bedoya estuvo en reiteradas ocasiones en la oficina de Yolanda Cosio, secretaria académica, pero es completamente normal porque ella es la encargada de programar los exámenes. Es elemental que estuviera donde ella, fuera con ella y hablara con ella en varias ocasiones”, señaló una de las autoridades de la universidad, señalando que para cuadrar los exámenes, Bedoya obligatoriamente tenía que estar mucho tiempo en las oficinas de la secretaria académica.

Por último, la Universidad de Medellín se manifestó frente a las acusaciones de varios estudiantes que han asegurado que la institución los ha censurado en sus protestas en contra del saliente rector. Incluso, según las denuncias, la Universidad le pidió el carné a los presentes en una asamblea en la que se pedía la salida de Hincapié.

En este apartado, la institución aseguró que se han abierto todos los espacios, incluyendo préstamo de edificios, para que los estudiantes muestren su inconformismo frente al rector. No obstante, señalan que sí ha pedido los carnés de la universidad para garantizar que de estos eventos solo hacen parte estudiantes y no “infiltrados”.

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