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Se le sigue complicando el camino a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por cuenta de la reciente noticia de la renovación de su residencia en Nicaragua, país en el que estaría, al tiempo que la justicia colombiana lo busca por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El último en pronunciarse sobre la situación jurídica del exdirector del Dapre y amigo personal del presidente Gustavo Petro fue el Ministerio de Justicia, encabezado por Eduardo Montealegre. Por medio de un comunicado público emitido en la noche del 15 de agosto, ese despacho de gobierno le pidió a la Fiscalía General de la Nación que inicie de manera formal con los trámites necesarios para la extradación hacia Colombia del exfuncionario.
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“El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente”, se lee en la misiva.
Desde el despacho del ministro Montealegre detallaron también que la solicitud formal de la extradición de González “se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929″. Reitararon además el “compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso; recibe con satisfacción la pronta respuesta de la fiscal general, Dra. Luz Adriana Camargo, quien notificó el inicio de los trámites correspondientes”.
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La polémica residencia de González
La solicitud del Minsiterio de Justicia se conoce solo dos días después de que se conociera en medios de comunicación, por una publicación de Noticias RCN, que el exdirector del Dapre y alfil del presidente Petro, ahora investigado por corrupción, recibió la renovación de su residencia en Nicaragua, al parecer, con el apoyo de la Embajada de Colombia en ese país, que habría facilitado las gestiones para que ese trámite se hiciera en tiempo récord.
El medio de comunicación publicó tres imágenes de lo que sería una solicitud de la Embajada de Colombia en Nicaragua pidiendo la renovación de la residencia de González en ese país, una carta con respuesta favorable emitida por el Ministerio del Interior de Nicaragua y el documento de identidad del exdirector del Dapre que estaba a punto de vencerse. La Fiscalía ya tenía pistas de que González estaría en Managua, por la VPN de su computador.
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En la primera carta, con fecha del 21 de mayo y enviada por la Embajada de Colombia allí, se lee: “La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González. El cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”.
El Ministerio del Interior del país centroamericano respondió a vuelta de correo electrónico, el mismo día. “En relación a solicitud de renovación de residencia del Sr. Carlos Ramón González Merchán, tiene a bien hacer de su conocimiento: (...) puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración y Extranjería en Managua Sede Central, para renovación de su cédula de residencia” dice el documento.
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La tercera imagen es de la antigua cédula de residencia de González, expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua y con fecha de vencimiento del 14 de junio de 2025. Ese es el documento que, al parecer, por medio de gestiones del gobierno, el exdirector del Dapre habría logrado renovar. En esa cédula se lee que la fecha de nacimiento es el 9 de septiembre de 1958, pese a que en registros colombianos aparece que es el 11 de noviembre de ese año.
Pero, además, el 21 de mayo de 2025, la fecha de renovación que se lee en los documentos, es justo la misma fecha en la que el exfuncionario fue imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El Espectador se comunicó con la defensa de González en Colombia; sin embargo, manifestaron no haber tenido injerencia en el trámite.
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Las cuentas pendientes del exdirector del Dapre
Carlos Ramón González es una de las personas salpicadas en el escándalo de la Ungrd. Pasó de ser alfil y amigo cercano del presidente Petro, a estar investigado por presunta corrupción. Tras una diligencia del mes de junio relacionada con el caso, que ha salpicado a altos funcionarios del gobierno Petro, directores de entidades públicas y congresistas, se supo que el exdirector del Dapre estaría en Managua (Nicaragua).
Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Ramón González habría sido parte del cerebro detrás del entramado de corrupción de la entidad pública. De él directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso. Una versión a la que las autoridades le han prestado especial valor.
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Entre lo que Olmedo López ha declarado ante las autoridades, está una supuesta reunión de septiembre de 2023 en la que se habría concretado el pago de coimas a congresistas. El exdirector de la Ungrd ha dicho que en ese encuentro, Carlos Ramón González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a modo de soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.
Esa declaración hizo que aparecieran otros dos nombres en el expediente: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el pasado 7 de mayo, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y hoy privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá. Según ha señalado López, la orden de González de entregar los sobornos a Name y Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, la habría hecho efectiva Ortiz.
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Las declaraciones del exdirector de la Ungrd la señalan de haberle entregado los $3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y de gestionar un soborno extra, de $1.000 millones, que se le habría entregado a Calle en Montería (Córdoba). Ambos movimientos de coimas, según lo que ha podido armar la justicia sobre el entramado de corrupción, se habrían ejecutado tras órdenes enviadas directamente desde el despacho de González.
González fue imputado el pasado 21 de mayo por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Luego, el 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura, con relación a los dos primeros delitos que le fueron imputados. La Fiscalía también le pidió a Interpol que se emitiera a circular roja en su contra; sin embargo, el exdirector sigue fuera del país y del radar de las autoridades.
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