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De ahora en adelante, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigará los crímenes de mayor gravedad perpetrados por miembros de la Fuerza Pública y las Farc durante la guerra. Aunque desde hace años está tras la pista de casos como las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro, el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, así como la victimización contra la Unión Patriótica y casos regionales como el del Urabá, Cauca o Nariño, por fuera de su círculo de acción quedaron crímenes tan graves como los delitos sexuales, la desaparición forzada, las masacres y el desplazamiento (el delito que más víctimas ha causado, con más de 8 millones de personas afectadas).
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Y que la JEP no investigara esos casos fue un hecho que nunca cayó bien en las víctimas. Pero todo parece cambiar con la decisión que la JEP anunció ayer al país: abrió el macrocaso 08, que se llamará: “Crímenes cometidos por la Fuerza Pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”. Y también abrió el número 10, que busca establecer responsabilidades de las Farc por esos mismos delitos. Aunque la noticia se esperaba desde hace un año, ya es oficial y la JEP les meterá el diente a todos esos graves crímenes que quedaron por fuera de su resorte. La decisión es tan grande, que se estima que se investigarán 72 mil hechos victimizantes.
¿Por qué es importante este nuevo caso?
Desde hace un año se viene hablando de los denominados “casos sombrilla” que la JEP tenía planeado abrir para investigar masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual. Estos casos son importantes porque, a diferencia de los siete macrocasos abiertos hasta ahora, enfocados en delitos o regiones particulares, la JEP investigará diversos hechos que fueron cometidos en conjunto por la Fuerza Pública en alianza con grupos paramilitares. En diálogo con este diario, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó que “esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento”, mencionó a manera de ejemplo.
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Todos los casos que ahora investigará la JEP serán abordados como conductas vinculadas entre ellas mismas y no como hechos individuales. La intención es facilitar la comprensión de los crímenes y permitir una justicia más eficiente. Las cifras preliminares recogidas por la JEP indican que hay más de 70 mil víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, paramilitares y a otros agentes del Estado. Por mencionar algunos ejemplos, en este universo de hechos están casos emblemáticos de la guerra como los asesinatos de Jesús María Valle, Yolanda Paternina y Héctor Abad Gómez; las masacres del Aro, Barrancabermeja, El Salado y El Chengue, y los asesinatos de sindicalistas de la Drummond, entre otros.
“Son los hechos más graves y en número, son los mayores, y que han afectado a buena parte del territorio nacional y los que más han afectado a la población civil y estos son masacres, desplazamientos torturas o la violencia sexual. Al mismo tiempo, en el caso de la Fuerza Pública, se investigará no solamente de lo que indirectamente hicieron, sino lo que dejaron de hacer como garantes que son de los derechos de la población civil. Muchas veces dejaron que los paramilitares afectaran a la población sin responder y permitiendo que lo hicieran. En ese momento era considerado para ellos una estrategia viable. Hoy sabemos que es una estrategia inviable e ilegal y violatoria de todas las normas del derecho humanitario”, explicó Cifuentes.
Los patrones que se investigarán en este caso
La investigación de este caso, según la JEP, se centrará en tres conductas principales que fueron identificadas en función de las razones de los crímenes cometidos. En la primera se agrupan los hechos que buscaban consolidar el control territorial mediante la victimización a civiles estigmatizados como pertenecientes o colaboradores de las guerrillas de las Farc, del Eln y del Epl. La segunda conducta agrupa los hechos que buscaron el acaparamiento de tierras y el control de los intereses económicos sobre el territorio. Y la tercera tiene que ver con los hechos que permitieron el fortalecimiento de la influencia de grupos paramilitares en la administración estatal para cooptar sus rentas y ampliar sus bases sociales con el apoyo de agentes del Estado y terceros civiles.
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Lo que dicen las víctimas
Para muchos, la apertura de estos macrocasos es una victoria de las víctimas que durante años le insistieron a la JEP que no podía dejar por fuera de su resorte crímenes tan graves como los que ahora investigará. Sin embargo, para algunas víctimas sigue el “sinsabor” de no conocer una verdad que los lleve a dar con el paradero de sus familiares y a sanar la zozobra que les ha dejado el conflicto armado. Para Luz Hache, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y quien perdió a su compañero sentimental durante la guerra, la investigación abierta este martes, aunque es un avance, no es un bálsamo para la verdad y reparación que le debe el Estado como víctima.
Su crítica radica en que, mientras no se investigue realmente el papel de los grupos paramilitares en estos hechos, y se los castigue como responsables, nada será diferente. Su reclamo se basa en que, así la JEP investigue las relaciones entre estos grupos y la fuerza pública, no puede tocar a los paramilitares, pues no está facultada legalmente para hacerlo. Sin embargo, Eduardo Cifuentes aclaró que la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP sí podría, “excepcionalmente, entrar a conocer de conductas de paramilitares, pero siempre y cuando se trate de hombres estratégicamente ubicados en el vértice de estos hechos. ¿Quién determinará cuáles? Eso dependerá de una decisión de la Sala de Apelación”, puntualizó Cifuentes.
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Hache aclaró que, aunque la JEP dijo en su momento que los paramilitares no tenían cabida en esa jurisdicción, hoy recibe la decisión con la esperanza de que se empiece a conocer la verdad por parte de esos actores armados que, si bien tuvieron un espacio en el marco del proceso de Justicia y Paz, no aportaron, en su opinión, la suficiente verdad para reparar a la víctimas. “Creemos que ese es el primer reto que tiene la JEP. Sumado a eso, debe investigar los nexos que tuvo y tiene el paramilitarismo con las fuerzas armadas de Colombia”, dijo Hache y añadió que, para ellos como víctimas, habría sido de mayor importancia que la JEP hubiese abierto un macrocaso que reuniera únicamente los procesos de desaparición.
Por su parte, el abogado Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear (Cajar), dijo que “habrá que ver cómo en la práctica se logran concretar las diferentes líneas de investigación”, señaló el abogado en diálogo con este diario. Escobar resaltó que la experiencia de la JEP, en cuanto a investigaciones dirigidas a un solo delito, les ha dejado grandes avances y decisiones. “Este auto es una fórmula arriesgada y genera preocupación porque pueden quedar invisibilizados algunos delitos”, resaltó. Para Martha Salazar, delegada de la región Caribe en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la decisión de la JEP es de buen recibo para las víctimas de desplazamiento forzado.
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Salazar celebró que la justicia transicional no solo tuviese en cuenta el delito, sino también los patrones que dejaron a su paso la violencia en los Montes de María y el Magdalena donde, señaló, se concentran más de 500 mil víctimas. “Me parece interesante cómo la JEP relaciona el caso con miembros de la fuerza pública u otros agentes estatales y paramilitares. Son dinámicas y patrones que se ajustan a lo que ha sido el conflicto armado en esta zona del país”, le dijo Salazar a este diario, y concluyó que las víctimas serán el punto macro de esta priorización, por lo que uno de los retos de la JEP es garantizar su participación en los escenarios judiciales.
Aunque a la Jurisdicción Especial todavía le hace falta priorizar otros “casos sombrilla”, como el de violencia contra la población LGBTI, ahora la JEP se carga la responsabilidad de contarle la verdad judicial al país de los crímenes que más afectaron a la población civil que puso 450.666 muertos, como lo concluyó la Comisión de la Verdad.
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