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16 Feb 2022 - 3:33 p. m.

Las fallas en la seguridad de exFarc asesinados que la JEP pide investigar

De acuerdo a lo dicho por esa jurisdicción, 35 casos de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz tendrían un patrón fijo que las autoridades no tuvieron en cuenta. La petición hecha a la Procuraduría es para investigar las posibles fallas de seguridad se presentaron en estos crímenes.
MED109 -MEDELLÕN (COLOMBIA), 29/10/2020.- Desmovilizados de las FARC transitan por las calles de MedellÌn este jueves, en la llamada "Marcha de peregrinaciÛn por la vida y la paz", que ir· desde MedellÌn hasta Bogot· en rechazo a la violencia que le ha costado la vida a m·s de 230 de ellos y para exigir que se respeten los acuerdos de paz. EFE/Luis Eduardo Noriega A.
MED109 -MEDELLÕN (COLOMBIA), 29/10/2020.- Desmovilizados de las FARC transitan por las calles de MedellÌn este jueves, en la llamada "Marcha de peregrinaciÛn por la vida y la paz", que ir· desde MedellÌn hasta Bogot· en rechazo a la violencia que le ha costado la vida a m·s de 230 de ellos y para exigir que se respeten los acuerdos de paz. EFE/Luis Eduardo Noriega A.
Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a la Procuraduría investigar las posibles fallas cometidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en los casos de 35 firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados. Según la JEP, se encontró que en estos crímenes hay un posible patrón en común.

Estas posibles fallas, dice la JEP, estarían afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de seguridad a esta población. Magistrados de la Sala de Reconocimiento de esta jurisdicción también pidieron a la UNP implementar una metodología de análisis de casos, que deberá estar basada en los patrones de victimización, para que se enfoque en regiones o tendencias nacionales, todo con el fin de evitar nuevos casos.

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En la solicitud hecha al director de la UNP, Alfonso Campo, y al Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, la JEP recomendó implementar un procedimiento que permita atender las amenazas u ofertas de reclutamiento que reciben comparecientes. A su vez, la Sala insistió en la importancia de crear un mecanismo de respuesta ágil para atender estos casos, ya que, según la JEP, “en muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo”.

Lo que encontró la JEP sobre estos asesinatos

Según la Unidad de Investigación y Atención de la JEP (UIA), hay al menos cinco fallas detectadas en los 35 asesinatos. Para la Unidad, habría falencias en el envío de solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado a la Subdirección Especializada de la UNP. Por otra parte, hay una posible omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección que se adoptan tiempo después de ordenarse.

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Una tercera posible falla sería la comunicación entre el equipo de analistas de la Subdirección Especializada y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que deja como afectados a los firmantes. De igual manera, la UIA encontró que posiblemente existe una falencia en la evaluación del nivel de riesgo en el que se categorizó a los asesinados firmantes; y, por último, no hay, al parecer, una respuesta oportuna a las solicitudes de protección presentadas.

En relación con estos 35 asesinatos que examinaron los investigadores de la UIA, concluyeron que “transcurrieron 10 meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente”. Además de eso, se encontró que la mayoría de los casos quedaron simplemente en la etapa de análisis de riesgos, donde hubo algunos que solo fueron contemplados como de riego “ordinario”.

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En los hallazgos de la JEP se pudo de presente el caso de Edwin Herney Barrios Parra, firmante del acuerdo de Paz que fue asesinado el 8 de junio de 2021. En este caso, la UNP le confirió las medidas de protección tres meses después de haber sido asesinado. Por los hallazgos, magistrados de la JEP dudan si la UNP hizo el estudio pertinente en estos casos que terminaron en asesinatos.

La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramilo expuso que “nueve de los asesinados contaban con medidas blandas, 2 con esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y 11 se encontraban en estudio de nivel de riesgo”. A su vez, el togado Gustavo Salazar sostuvo que hay casos de “medidas blandas en una zona con alta presencia de estructuras ilegales armadas. No entiendo cómo se hace esa asignación de un botón de pánico y un chaleco en esos lugares (…)”.

En la primera semana de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo entregó el balance que han dejado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Arauca en 2022. Según la entidad, 66 personas fueron asesinadas y más 1.200 han sido desplazadas. Del total de víctimas mortales en el departamento, cinco fueron identificadas como líderes sociales y un firmante del acuerdo de paz.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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