El primer paso para sacar la violencia de los territorios es erradicarla de los cuerpos de las mujeres. Esa es una de las convicciones de Fanny Rodríguez, lideresa de Tumaco (Nariño) y representante de Corpoteva, una cooperativa que nació en 2009 y está integrada por 286 campesinos que dejaron atrás los cultivos de coca y ahora siembran cacao. Sentada en una silla plástica de color blanco, resguardándose del sol húmedo de la selva, espera a los productores que trabajan en las más de 500 hectáreas de tierra en las que la organización adelanta sus proyectos. Hasta allí llegan desde 15 veredas a entregar las frutas que en la sede de la organización, ubicada en la vereda Robles, se transforman en productos como barras de chocolate que son la base de su sustento.
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Corpoteva es una de las iniciativas beneficiadas en el Pacífico nariñense por el Banco de Proyectos del Ministerio de Justicia, en asocio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que han ayudado a cientos de familias a cambiar las economías ilegales por proyectos productivos. En muchos casos, son las mujeres quienes lideran esta apuesta por la paz y contra la violencia de género. Una de ellas es Fanny Rodríguez, docente de profesión y un referente para niños y niñas que, cuando la ven, le gritan “profe” y encuentran en ella una figura de confianza para contarle sus problemas. Esta mujer que resguarda su cabellera en un turbante de color rojo, ya perdió la cuenta de cuántos jóvenes ha ayudado con su trabajo. Muchos encontraron en el cacao una nueva oportunidad de vida y hoy laboran con ella en la cooperativa.
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Tras ser beneficiada con los recursos y el apoyo técnico del Banco de Proyectos en 2024, la cooperativa destinó parte de los fondos a educar a sus asociados sobre violencia sexual. Esa tarea ha sido liderada por Jennifer Rivas, una psicóloga de Tumaco que capacita, por igual, a hombres y mujeres. “El objetivo es concientizar a las personas para que también se conviertan en replicadores de esta información dentro de sus familias, conocer qué es la violencia sexual, identificar violencias que muchas veces son normalizadas y aprender cómo actuar frente a estas situaciones”, explicó la profesional en diálogo con El Espectador. El mensaje caló tanto, que las mujeres de la comunidad empezaron a apropiarse de términos que escuchaban por primera vez en su vida, como el de “violencia de género”.
Una de ellas fue Ana*, integrante de Corpoteva, que a sus 45 años comprendió que la violencia que durante años se normalizó en las familias y en la comunidad, no puede ser una herencia para sus hijas ni para las próximas generaciones. Con una mirada de contundencia recordó que tenía 15 años cuando los cultivos de coca empezaron a invadir el paisaje de Tumaco. Las semillas, narró, las llevaban desde el departamento de Putumayo. Y poco a poco se metieron en las dinámicas del territorio y de familias como la suya, que durante más de 10 años se dedicó al cultivo de hoja de coca. En 2002, relató la mujer, sus vidas dieron un giro con el inicio de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito por parte del Estado.
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El país vivía una transición del gobierno conservador de Andrés Pastrana Arango al de Álvaro Uribe Vélez, a quien le correspondió la implementación del Plan Colombia. Se trató de un proyecto de cooperación con Estados Unidos, país que giró más de USD 9.000 millones para la llamada lucha contra el narcotráfico. Parte de las fumigaciones con glifosato para erradicar la coca fueron en el suroccidente del país. Y en departamentos como Nariño, las aspersiones del Estado impidieron que la tierra volviera a dar cualquier fruto. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2015 en Nariño fueron fumigadas 443.906 hectáreas de cultivos de uso ilícito, convirtiéndose en el departamento con mayor intervención de este tipo por parte del Gobierno.
La familia de Ana tuvo que desplazarse de su finca hacia el casco urbano de Tumaco, donde sobrevivieron, en sus palabras, “haciendo de todo” durante varios años. En 2009, cuando campesinos de la región crearon Corpoteva, la vida empezó a dar un nuevo cambio. Luchando contra la infertilidad de la tierra por efecto del glifosato y las dificultades de sacar adelante un proyecto productivo comunitario, el cultivo de cacao apareció en el camino como una alternativa para hacer la paz y mejorar sus condiciones de vida. El proyecto trascendió cuando la cooperativa empezó a recibir aportes de cooperación y a dedicar una parte de los recursos para capacitar en asuntos relacionados con violencia de género. “Ahora también aprendemos cómo no seguir con ideas machistas”, le dijo la mujer a este diario.
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En 2024, Ana empezó a llevar a sus cuatro hijas a escuchar las capacitaciones de Jennifer Rivas que complementaban el trabajo de Corpoteva. En una región como Tumaco, donde el conflicto armado y las economías ilícitas han abierto durante años una grieta profunda en las comunidades, la psicóloga señala que “es normal que las adolescentes, que viven múltiples carencias económicas y crecen en medio de la presencia de actores armados, sean identificadas por integrantes de algunos grupos, quienes las manipulan y terminan involucrándolas en situaciones de riesgo”. Una realidad que lideresas como Fanny Rodríguez y Jennifer Rivas intentan cambiar, pero en la cual también ha tenido incidencia el trabajo que se hace en las instituciones educativas.
Ejemplo de ello es la Institución Educativa Liceo Nacional Max Seidel, ubicada en el centro de Tumaco, a un costado de la playa El Morro. Liderada por un equipo psicosocial conformado por mujeres, allí funciona la Zona de Orientación Escolar (ZOE), un espacio para que niños, niñas y adolescentes sean escuchados y reciban acompañamiento preventivo frente a situaciones de maltrato, violencia sexual y bullying. El espacio fue creado por la Fundación para el Bienestar y Desarrollo Integral del Ser (Fundaser), una organización no gubernamental con sede en Popayán (Cauca) que también fue beneficiada por el Banco de Proyectos del Ministerio de Justicia y la Unodc. Su trabajo es acompañado por madres de familia que participan en los procesos con los estudiantes.
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Una de ellas es Mariana Boya, madre de dos niños y dos adolescentes que estudian en el Liceo Nacional Max Seidel. Para ella, su rol ha sido el de apoyar las labores de la ZOE. “Me siento con más confianza porque conozco a los profesores y a los compañeros de mis hijos, y ellos también me conocen. Así sienten la seguridad de contarme sus problemas o, si se enteran de algún caso de otro compañero, también me lo comunican y juntos buscamos una solución”. Para Mariana Boya, que esa guía esté liderada por un equipo de mujeres ha representado un gran cambio en la escuela. “De una u otra manera, demostramos que las mujeres también tenemos la fuerza y el carácter para organizarnos y hacer frente a cualquier situación”, expresó.
Violencia física, groserías y conflictos de convivencia son las situaciones que más se repiten en el colegio, aseguró Betty Ramírez, estudiante de Psicología y coordinadora de la ZOE. Frente a casos de violencia sexual, explicó que no han recibido denuncias, “pero todo el equipo está capacitado para activar la ruta necesaria, que incluye acudir a la Secretaría de la Mujer e iniciar, si la víctima lo acepta, el proceso legal correspondiente”. Se trata del primer espacio de este tipo en un colegio de Tumaco y representa, según Betty Ramírez, “un aprendizaje continuo, de ida y vuelta. Aquí no solamente somos nosotras, como profesionales, las que hacemos aportes. Los estudiantes y los padres de familia, desde sus vivencias, también nos ayudan a fortalecer el proceso”.
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El trabajo que adelantan las comunidades y las mujeres en Nariño dan cuenta de la forma en la que una población golpeada por la violencia, busca darle la vuelta a la historia para sembrar la paz. Mujeres que mientras cultivan cacao hablan de violencia sexual. Que desde un colegio buscan resolver los conflictos hablando y escuchando. Que decidieron organizarse para cerrarle el paso a la guerra. En palabras de Darío Sendoya, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, ese trabajo “evidencia cómo estas lideresas han logrado desafiar las violencias relacionadas con las economías ilícitas mediante propuestas innovadoras que van más allá de la comercialización de productos. Están construyendo iniciativas de paz y nuevas formas de entender el territorio desde las propias miradas de las mujeres”.
Aunque el Banco de Proyectos finalizó en mayo pasado, para las mujeres de Tumaco el trabajo apenas comienza. Fanny Rodríguez seguirá sentada a la puerta de Corpoteva, esperando para vincular a más productores de cacao y mantener los espacios de formación sobre violencia de género. Está convencida de que la paz también se cultiva transformando las relaciones dentro de las familias y de las comunidades. Y en el Liceo Nacional Max Seidel, el equipo de la ZOE espera que más estudiantes aprovechen ese lugar donde pueden ser escuchados. Ambas iniciativas coinciden en una petición: que el Estado no debería dejar de acompañar este tipo de procesos, pues en territorios marcados por la guerra, pueden hacer la diferencia entre repetir los ciclos de violencia o seguir dándole una oportunidad a la paz.
*El nombre de la mujer fue cambiado a petición suya por motivos de seguridad.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
