La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto por el caso que involucra a Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia de la República, con supuestos abusos en contra de la exniñera de su hijo, Marelbys Meza y las supuestas interceptaciones ilegales que sufrió, junto con otra exempleada, por agentes de la Dijín de la Policía.
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La apertura de estas indagaciones se da en medio del escándalo que tuvo origen en el robo de un dinero del apartamento de la jefe de gabinete. En entrevista con la Revista Semana, Meza aseguró que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño, un lugar al que, de acuerdo con ella, no entró por la puerta oficial y en el que nunca le solicitaron su cédula de identidad ni su firma de consentimiento.
Según la Fiscalía, el robo ocurrió el 29 de enero pasado y, un día después, la Policía Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) “rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos”. Lo que reveló Barbosa es que los uniformados aseguraron en ese documento que los teléfonos pertenecían a auxiliadores del Clan del Golfo, y por eso era necesaria la interceptación. Es decir, que mintieron para que un juez aprobara esas escuchas.
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En ese contexto, la Procuraduría indaga, en primer lugar, a Laura Sarabia y otros funcionarios por determinar, por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a la exniñera, Marelbys Meza. Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica, así como informar quiénes están obligados a tomarla y en qué eventos y los datos de los funcionarios que la practicaron.
El Ministerio Público también inicio una actuación para investigar las presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la interceptación telefónica realizada a la exniñera y a otra exempleada. La actuación disciplinaria busca determinar la posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública, específicamente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y otros funcionarios que puedan resultar vinculados a estos hechos.
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Sobre este hecho, la Fiscalía ya abrió una investigación al respecto. El fiscal Barbosa, acompañado de la cúpula de la Fiscalía, señaló que ya tiene las pruebas técnicas para llamar a interrogatorio y a imputación de cargos a los responsables de estos hechos, pero no confirmó si entre el listado de esas personas está la jefe de gabinete, quien, al cierre de esta edición, había guardado silencio frente a las revelaciones del ente investigador. Eso sí, Barbosa confirmó que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, será uno de los primeros en ser requeridos. También fue llamada la misma Laura Sarabia.
El presidente, Gustavo Petro, se pronunció frente a esta caso y aseguró que los señalamientos de la Fiscalía eran irresponsables. “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas.”.
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