Los duros cuestionamientos de la CIDH a Colombia por amparo de derechos en 2021

Dos tanquetas del Esmad, que arremetieron varias veces contra los manifestantes, hicieron presencia en el sitio

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia se rajó durante 2021 en protección de derechos humanos. Así lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un documento de 229 páginas que recopila las violaciones más graves contra los ciudadanos de los países miembros del sistema regional. La Comisión concluyó que en Colombia hay una “persistencia estructural de violencia”, que afecta a campesinos, mujeres, menores de edad, líderes sociales y defensores. El 2021, no obstante la cruda normalidad, tuvo un condimento especial: el paro nacional y sus jornadas de descontento social que fueron custodiadas con un claro uso de la fuerza excesiva por parte de agentes de seguridad del Estado.

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“La CIDH recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira, departamento de Risaralda. Las denuncias recibidas darían cuenta del empleo de este tipo de armamento presuntamente por parte de algunos integrantes de la fuerza pública, algunos de los cuales no estarían plenamente identificados. La Comisión también recibió información extremadamente preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil”, fue una de las conclusiones.

La CIDH realizó un diagnóstico de protección de derechos humanos sobre Colombia y los puntos a destacar fueron pocos. En cuanto a la protesta social, la Comisión reconoció que las jornadas estuvieron fundadas en reivindicaciones históricas de la sociedad colombiana y que la respuesta excesiva de la fuerza fue el pan de cada día. El Esmad quedó mal parado en la evaluación, pues se le atribuye haber irrumpido en las protestas mediante agresiones físicas, sexuales y verbales. Además, quedaron reseñados como la una fuerza de respuesta que, en ocasiones, disparó directamente contra la cabeza y el tórax de manifestantes.

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Según información entregada por el Gobierno, por el paro nacional se han realizado 160 imputaciones, se han abierto 643 noticias criminales y se han ordenado 49 medidas de aseguramiento. Además, Colombia respondió que, entre abril y julio de 2021, se iniciaron 231 investigaciones disciplinarias por parte de la Policía Nacional, de las cuales 94 procesos quedaron archivados. La Policía entregó información sobre dos destituciones, dos suspensiones, una multa y cuatro absoluciones. El balance final del Estado da cuenta de 57 personas fallecidas y de ellas 29 tendrían vínculo con las manifestaciones.

Cuando la CIDH contrastó las cifras aportadas por Colombia con las cifras entregadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, envió un llamado de atención a las autoridades nacionales. “La CIDH reitera su preocupación sobre las diferencias en las cifras de víctimas registradas por el Estado y las situaciones documentadas por la sociedad civil. Asimismo, considera que estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, es una obligación del Estado mantener un registro de información consistente, actualizado y público”, explicó.

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Las diferencias son notorias. Mientras el Estado reportó 29 posibles muertes relacionadas con la protesta, la oenegé Temblores allegó documentación que concluye que fueron 44 las personas asesinadas. Incluso, dio a conocer que todavía hay 29 casos en proceso de verificación. Asimismo, la Campaña Defender la Libertad tiene un registro de 28 posibles muertes que vincularían a miembros de la Fuerza Pública y siete asesinatos por parte de civiles que no han sido identificados.

Por otro lado, mientras la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos informó por 1.140 lesionados durante los meses más álgidos de la protesta, la Campaña Defender la Libertad entregó información sobre 1.790 personas heridas. De ellas, 84 fueron víctimas de lesiones oculares y 114 habrían resultado heridas con arma de fuego. Las cifras de Temblores ONG, en relación con ciudadanos lesionados, llegó a 1.617. Disparejo.

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“La CIDH considera que el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre, por ejemplo, las personas fallecidas o lesionadas en el marco de las protestas, genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes resulta de extrema preocupación para la Comisión, por lo que reitera su condena de manera enfática, así como refuerza el llamado para que el Estado investigue diligentemente todos los hechos denunciados (…) La Comisión recuerda que la impunidad contribuye a la reproducción de estos hechos”, concluyó.

Otros regaños a Colombia

Instituciones del Estado reportaron 37 actuaciones disciplinarias relacionadas con presunta violencia de género en lo corrido de 2021. Seis de los casos tienen que ver con violencia sexual y la gran mayoría de denunciantes fueron mujeres. La CIDH rememoró una de las historias más crudas del año: el suicidio de una menor de 17 años de Popayán, quien el 12 de mayo falleció solo horas después de haber estado bajo custodia de la Policía y quien en sus redes sociales denunció abuso sexual. La Procuraduría informó que tres integrantes del Esmad y dos del GOES están bajo juicio disciplinario por ello.

Por otro lado, la CIDH dejó registrado en su informe anual las medidas cautelares otorgadas a favor de los periodistas José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago, miembros del Canal 2 de Cali. Ambos fueron objeto de hostigamientos y amenazas con motivo de la cobertura de las protestas y los hechos de violencia que, con cámara en mano, dejaron plasmados en sus notas. La CIDH, además, reiteró el llamado de atención al Gobierno por el abuso del “traslado por protección”, una figura policial con la cual autoridades se ampararon para violentar físicamente a más de 7.000 personas que nunca estuvieron capturadas como tal y que jamás fueron presentadas ante un juez de garantías.

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“Por otra parte, la Comisión observa con especial preocupación la persistencia de altas tasas de violencia basada en género. De acuerdo con la información de la Fiscalía, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 1.074 denuncias por feminicidio, correspondientes a 555 denuncias sobre hechos consumados, y 519 tentativas de feminicidios. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado un incremento superior al 20% en la cantidad de feminicidios registrados en 2021 en comparación con 2020. Asimismo, según cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal, entre enero y agosto del 2021 se registraron 24.492 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores”, fue otra de las observaciones.

Colombia, un país bajo impunidad

En el país, la justicia está apenas andando. De acuerdo con el índice global de impunidad, 19 de los 32 departamentos de Colombia presentan niveles de impunidad altos y muy altos, atribuidos a una debilidad estructural del sistema de justicia. La CIDH compartió un estudio comparado, el cual concluyó que Colombia cuenta con 5,53 jueces por cada 100 mil habitantes. Lo cual resulta un problema si se compara con los 17,83 jueces que tienen en promedio los otros 69 países estudiados.

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“La Comisión Interamericana ha expresado en diversas oportunidades y por distintos medios su extrema preocupación por los niveles de violencia existentes en el país”, se lee en el informe. En 2021, el Ministerio de Defensa contabilizó 11.509 asesinatos, lo cual representa un incremento del 15,5% con relación a 2020. Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 290 exguerrilleros han sido acribillados. Organizaciones de la sociedad civil reportaron un total de 88 masacres en 2021, con 313 víctimas mortales.

La felicitación

Asimismo, en cuanto a loa avances del Estado colombiano, la CIDH vio con buenos ojos las medidas adoptadas en la implementación del Acuerdo de Paz, en específico por el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La Comisión destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los macrocasos de secuestros de las Farc, falsos positivos atribuidos a fuerzas de seguridad del Estado y reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado.

“Con respecto al acceso a la justicia, el Estado informó sobre la digitalización de los servicios de justicia que posibilitaron, entre otras cosas, el funcionamiento del sistema de justicia en el marco de las medidas implementadas para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19. Adicionalmente, el Estado señaló la creación de 114 despachos judiciales y la creación de 824 cargos con el objetivo de equilibrar y descongestionar la oferta judicial en determinados municipios”, señaló. Sin embargo, Colombia, bajo la óptica de la CIDH y su evaluación integral, fue durante 2021 un país violento, sin garantías judiciales y que respondió con fuerza excesiva a los reclamos ciudadanos.

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