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El boquete que abrió el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, cuando renunció a su curul en el Senado y obligó a que la Corte Suprema de Justicia le entregara su investigación a la Fiscalía, tiene sus días contados. Una tutela que presentó el exmandatario y que hoy revisa la Corte Constitucional, es clave para él y fundamental para los congresistas y altos funcionarios (aforados) investigados por la Corte Suprema que han visto, en la renuncia de sus investiduras, una estrategia para que su expediente no lo tenga el alto tribunal, sino la Fiscalía. Especialmente porque se pueden dilatar los tiempos de los casos y el ente investigador puede revisar lo ya hecho por la Corte y definir si sigue un caso o lo cierra.
La Sala Plena de la Corte tiene hoy en su orden del día el expediente de la tutela que presentó el exsenador Uribe. En ese recurso judicial, su defensa aseguró que, cuando su caso pasó a manos de la Fiscalía (luego de renunciar a su curul), se violaron varios de sus derechos fundamentales. En concreto, la afectación a sus derechos se dio con la decisión de la primera jueza que recibió el caso, quien definió que la indagatoria que el exmandatario rindió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en octubre de 2019 sí se equiparaba a una imputación de cargos. Lo que significaba, palabras más palabras menos, que Uribe, aun renunciando al Senado, era un hombre investigado formalmente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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Ese cambio de juez y el estado en el que debe revisar la Fiscalía los casos, cuando el investigado renuncia a su curul, es la discusión que ocupa a la Corte Constitucional. Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, el alto tribunal tiene hasta el próximo 11 de noviembre para tomar una decisión de fondo. El proyecto de fallo que discutirán los magistrados señala que la indagatoria sí se puede equiparar a una imputación de cargos, precisamente el cambio que Uribe y su defensa han dicho que viola derechos fundamentales. Para llegar a esa posición, Linares solicitó toda la investigación que adelantó la Corte Suprema en contra del expresidente, que llegó hasta ordenar su captura.
Para el magistrado Linares, comparar la indagatoria con la imputación no es una apreciación ni arbitraria ni irrazonable, debido a que son decisiones judiciales “funcionalmente equivalentes” y lo ideal sería respetar “el principio de conservación y validez de lo actuado”. Abogados que conocen las minucias de estos casos le explicaron a este diario que la decisión de la Corte es clave pues, más allá de las funciones equivalentes, en el fondo hay un problema de credibilidad. En estos casos, el trabajo de la Corte Suprema es el que queda en entredicho. “Cuando el alto tribunal pierde su competencia cuando un aforado renuncia a su curul, no puede significar que la Fiscalía hace lo que quiere y desconoce lo dicho por la Corte”, señaló un abogado que defiende a uno de los excongresistas que han buscado ese camino.
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Aunque Linares no contaría con la mayoría de los magistrados en la Sala Plena y la decisión del alto tribunal podría acoger las peticiones elevadas por Uribe y su defensa, hay tres escenarios claros que vinculan directamente al exsenador. El primero ocurriría si la ponencia de Linares gana y la Corte determina que la Fiscalía ha debido tener en cuenta la indagatoria en el expediente de Uribe. Aunque fuentes cercanas al caso aseguraron que en este caso las intenciones de la Fiscalía no cambiarían, pues ha insistido en que va a pedir la preclusión, lo que sí podría cambiar es que Uribe sería reconocido formalmente como una persona investigada por las autoridades, situación que, hasta que no se defina esta tutela, no es del todo clara.
El segundo escenario ocurriría si la Corte tumba la ponencia de Linares y acepta los argumentos del expresidente. En ese caso, el alto tribunal sentaría un precedente clave, pues aclararía que la imputación y la indagatoria no son decisiones similares, un panorama que podría beneficiar a aforados que buscarían un trato más favorable en la Fiscalía. Analistas, abogados y congresistas han bautizado esta estrategia como “la jugadita” para huirles a las investigaciones de la Corte Suprema, pues ya varios han elegido ese camino. Por ejemplo, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, relacionado en el mismo expediente que Uribe; Richard Aguilar, de Cambio Radical, investigado por supuesta corrupción; o Eduardo Pulgar, del Partido de la U, condenado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales.
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Finalmente, el tercer escenario en el expediente de la tutela en la Corte Constitucional es que el alto tribunal declare que ese recurso judicial es improcedente. Los tres puntos a tratar durante este miércoles en la Sala Plena son claros y prometen dar una álgida discusión que podría dividir a los miembros del alto tribunal. En caso de ganar la ponencia de Linares o de ser derrotada, la Corte aclarará el camino para los aforados que buscan a como dé lugar un beneficio en sus investigaciones penales o sentará las reglas de juego que podrían determinar el valor de las investigaciones de la Corte Suprema.